El próximo 9 de agosto se realizará la audiencia pública “Desafíos del acceso a la tierra para las mujeres rurales colombianas”, convocada por la senadora Aída Avella, la representante Ángela María Robledo y el senador Iván Cepeda
Redacción Política
La audiencia que tratará los desafíos que tienen las mujeres rurales frente al acceso a la tierra será transmitida por el Canal del Congreso. Están citados el Ministro de Agricultura, la directora de la Agencia Nacional de Tierras, ANT, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, la Agencia de Desarrollo Rural, ADR, la Agencia de Renovación del Territorio, ART, el Banco Agrario y la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, además de estar invitado el Ministerio Público delegado para temas agrarios y ambientales.
Gran parte de la institucionalidad agraria del país y del sistema de reforma agraria tendrán que escuchar a las organizaciones de mujeres campesinas y dar respuestas a los principales desafíos que enfrentan las políticas involucradas en el acceso y regularización de la tenencia de las mujeres rurales luego de 27 años de promulgada la Ley 160 de 1994 por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino.
Preguntas al Ministerio
Algunos de los aspectos que seguramente se abordarán en este importante escenario partirán de la pregunta: ¿Qué tan importante es la mujer campesina, afro e indígena para la política pública agraria del país?
Para las parlamentarias que citan el espacio, se requiere atender de manera efectiva y directa a todas las mujeres campesinas colombianas que padecen con mayor fuerza la pobreza y el olvido del Estado, en especial saldar las deudas históricas con las mujeres del campo. El Estado en su conjunto debe comprometerse con la reforma agraria ahondando en la ejecución de los programas y proyectos en una perspectiva de género coherente que dignifique y reconozca a la mujer campesina, afro e indígena.
Es ante todo una exigencia a la implementación de la Reforma Rural Integral considerada en el punto uno de los Acuerdos de Paz, paso importante para atender a quienes han sido las principales víctimas de años de violencia y de abandono hacia el campo.
La política redistributiva de la tierra
Es preciso que la ANT de explicaciones sobre las bajas cifras en los procesos de adjudicación. Tan solo 120 resoluciones de adjudicaciones a mujeres (a diciembre 2020) en cumplimiento del decreto 902 de 2017, es un dato que denota la debilidad en la ejecución misional, sin que ello de cuenta de la cantidad de tierra adjudicada que de seguro resulta un dato aún más preocupante: Un título no es igual que tierra suficiente.
Solo para ejemplificar y ver la dimensión del problema: De los cerca de 71 mil solicitudes en el registro de sujetos de ordenamiento RESO, tan solo 265 (mujeres) han materializado el derecho de acceso a la tierra, el 0,3% de las solicitudes con 791 hectáreas totales, para un promedio de 2,9 hectáreas cada una. Adjudicaciones que, dicho sea de paso, son de mujeres que tenían años de estar en estas tierras. No fueron tierras que se “entregaron”, tan solo se formalizó su relación de tenencia.
Saldar deudas
Sería bueno también conocer cuales han sido las inversiones para las mujeres en la implementación de los PEDT. Se reconocen los esfuerzos en la formulación de los planes de acción y de políticas afirmativas, pero estas son inocuas y vacías si no se les destinan los recursos económicos, si no se les garantiza las fuentes de financiación. Mientras el Gobierno nacional dice que está cumpliendo, de las 353 obras con enfoque de género de los PEDT no hay ni una ejecutada.
De los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral tan solo seis han sido formulados, pero más grave aún, ninguno ha sido implementado. Hoy en día no hay cifra alguna que dé cuenta de a cuantas mujeres ha beneficiado el Plan Nacional en Energía Rural, o cuantas mujeres han sido incorporadas al Plan Nacional de Educación Rural, solo para mencionar dos de los primeros planes formulados.
En este sentido es pertinente conocer cuales son las destinaciones presupuestales del Gobierno para la implementación de las acciones afirmativas de las mujeres rurales, las campesinas y los pueblos étnicos, en el marco de la implementación del enfoque de género de los Acuerdos de Paz. Ineludible pregunta que tendrán que responder los representantes del gobierno.
