Líderes sociales y Defensoría del Pueblo alertan sobre situación humanitaria
Carolina Tejada Sánchez
@carolltejada
Desde hace varios años y a través de diversos medios, la población que habita en el municipio de Uribe, en el departamento del Meta ha venido advirtiendo sobre el aumento del riesgo que corren quienes viven allí, gracias a la presencia de grupos armados que actuán en el territorio, amedrantando la población y generando pánico. Los llamados para que se les brinden garantías, han sido en vano, solo la Defensoría del Pueblo se sumó a las alertas, y emitió en diversas ocasiones un llamado para responder de manera oportuna a dicho fenómeno.
Alerta temprana
El pasado mes de mayo, la Defensoría del Pueblo, hizo llegar a los diferentes organismos del Estado, departamentales y nacionales, una alerta temprana en la que, con preocupación afirma: “De manera atenta remito a usted la alerta temprana de inminencia con base en el escenario de riesgo que se cierne en contra de la población civil del municipio de Uribe, Meta, específicamente para los habitantes de los sectores: La Julia -veredas Ativa, Mansitas, Triunfo, Palestina y Tierra Adentro- y La Primavera -veredas La Estrella, La Primavera y La Belleza-”. En la misiva pública, la Defensoría advierte de la presencia de integrantes del grupo armado ilegal autodenominado ‘Frente Tercero’ en disidencia de las FARC-EP, y la incursión en la región del Ariarí, por parte de grupos armados ilegales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el Bloque Meta. Para la Defensoría, la violencia que se puede determinar de estos grupos se caracteriza por la violación a los derechos fundamentales.
Los antecedentes
Después de las grandes desmovilizaciones que se presentaron en el 2005 y 2006, en el marco de las negociaciones entre el Gobierno nacional y la Autodefensas Unidas de Colombia, se percibió que dichos grupos no lograron con efectividad dicha desmovilización, por el contrario, la dinámica política, económica y social en la región, lograron que nuevamente hubiera una articulación, gracias a la actividad económica ligada al narcotráfico. Según afirma la misma Defensoría, “el proceso de reinserción de los desmovilizados y las condiciones de vulnerabilidad social, entre otros, impidieron una real desarticulación de estos grupos armados ilegales, lo que influyó en el surgimiento de grupos ilegales posdemovilización. Estas agrupaciones ilegales, desde entonces, desarrollaron acciones tendientes a la consolidación del control territorial y social sobre los antiguos territorios otrora bajo control de las Autodefensas”.
En el marco de este proceso, también actuaban las FACR-EP, quienes, pese a la inserción militar en el departamento, lograron fortalecerse hasta la llegada del proceso de paz.
También se afirma que desde el 2014, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, alertó como hecho notable y preocupante la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Advertían, además de posibles alianzas entre el Bloque Meta y las AGC, con el propósito de disputar control territorial de los Libertadores del Vichada12. “Estas acciones transcurrían de forma concomitante al proceso de agrupamiento de los integrantes de las FARC – EP en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) que prepararían su proceso de dejación de armas. Es preciso señalar que, a partir de julio 2016, el escenario de riesgo para población civil comenzó a complejizarse, luego de que el Frente Primero oficializara su ruptura con el proceso de negociación de La Habana, entonces en curso”, señala la alerta.
En uno de los informes de Riesgo No 016– 17 A.I, que igualmente emitió el SAT de la Defensoría, en el mes de abril de 2017, advirtió la, “existencia y consolidación de esas estructuras embrionarias en disidencia de las FARC-EP, en los municipios de Uribe, Mesetas, Lejanías y el Castillo; como también advirtió la amenaza que representaba los grupos armados ilegales posdesmovilización de las AUC, proyectando los escenarios de riesgos al municipio de Uribe”. Todos estos elementos se constituyen como los principales motores que han venido atizando la violencia sistemática en la región, principalmente en los municipios anteriormente señalados.
La agudización de la crisis humanitaria
VOZ, diálogo con algunos miembros del Comité por la paz del municipio de Uribe, quienes, al igual que la Defensoría del Pueblo, vienen haciendo un llamado a la protección de la integridad de los habitantes de este territorio, en particular de los líderes sociales, quienes en la ultima etapa vienen siendo amenazados y asesinados. También por parte de la fuerza pública, entre esos integrantes del Ejercito Nacional, quienes son acusados de hacer empadronamientos, abusos de poder sobre los habitantes y, “hay amenazas de que van a capturar a muchas personas, habitantes del municipio, estos anuncios los viene haciendo la tropa de un capitán de apellido Morillo”. Afirma uno de los integrantes del comité y señala especialmente las alertas que han salido de la Defensoría, en particular, las relacionadas con la extinción de dominio de algunos predios de habitantes de la región, y que han sido señalados por parte de la fuerza pública y también por medio de procesos legales, de que esos predios son testaferratos de la otrora guerrilla de las FARC.
“Quienes han vuelto a la región les están haciendo extinción de dominio para que se salgan de la zona, porque esa región es muy rica en recursos, han llegado empresas multinacionales como Tierra Grata, que están muy interesados en las tierras, por eso quieren sacar a la gente”, afirma uno de los líderes.
Además de estos elementos, la Alerta Temprana, también señala el desplazamiento forzado de familias que habitaban, especialmente en la inspección de La Julia, en donde las amenazas a la vida se extendieron hasta el desplazamiento masivo de cerca de 54 personas -24 familias aproximadamente. Estos desplazamientos se vienen presentando desde el mes de mayo de 2018. Se anuncia igualmente, sobre posibles nuevos desplazamientos, sobre todo, “en las veredas Mansitas, Triunfo, Palestina y Tierra Adentro, territorios en los que actualmente existen solicitudes de restitución de tierras”. Estos serían parte de los actuales conflictos que se viven, además de nuevas amenazas en esas mismas zonas y en el sector de La Primavera, “la situación de amenaza también se fundamenta en la presunta incursión de grupos armados posdesmovilización de las AUC”.
Comité por la paz del municipio de Uribe, aseguran, que de no brindarse las garantías necesarias para proteger la vida de los lideres sociales y de quienes hoy están siendo amenazados por defender el territorio, la oleada de violencia se va a extender. Por ello se acogen al llamado del SAT, a que se busquen mecanismos institucionales para “mantener y profundizar las medidas que garanticen el derecho a la seguridad ciudadana, los derechos humanos y el ejercicio de las libertades públicas de pobladores, lideres, y población vulnerable que habita en los territorios señalados en la localización geográfica del riesgo”.
