Cada semana, los medios de comunicación registran algunos de los hechos de violencia ocurridos en el Pacifico Nariñense. Solo algunos, pues la mayoría de los hechos quedan ocultos en la espesa selva, al borde de un manglar, o arrastrada por las aguas de los ríos, sin que la justicia y la reparación lleguen
Carolina Tejada
@carolltejada
En lo corrido del año, cerca de seis mil personas han sido desplazadas de sus veredas o lugares de vivienda en el Pacifico Nariñense, según han registrado las autoridades locales y la Defensoría del Pueblo. Las confrontaciones militares de quienes insisten en controlar, por vía de la fuerza, el litoral y las vías de acceso por donde salen la coca y los productos derivados de esta, han aumentado como también el asesinato de personas, las desapariciones forzadas y las violencias de género. Hasta la actual pandemia ha dejado notar la ausencia de políticas públicas que garanticen derechos a la población.
En el litoral existen más de 500 mil habitantes, según el registro del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, que además sugiere que en este territorio sus pobladores se encuentran con altos índices de pobreza multidimensional.
Degradación de la violencia
El Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, CSOFB, en enero emitió una comunicación a las entidades locales y regionales con el fin de ponerles en conocimiento su preocupación por la vulnerabilidad de las comunidades en el marco del conflicto armado. Allí, denunciaron la presencia de minas antipersonales en los territorios de los consejos comunitarios, demostrando una eminente situación de riesgo para sus habitantes. Asimismo, “no se han atendido los lineamientos establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia T-025 de 2004 y sus respectivos autos”, refiriéndose al 218 de 2006, en donde se pedía verificar las medidas adoptadas para superar el estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 sobre el problema del desplazamiento forzado.
Sin embargo, estas exigencias mínimas no han sido atendidas por el Gobierno, como tampoco los compromisos para avanzar con una erradicación concertada de los cultivos de uso ilícito y las garantías de los proyectos productivos como salidas alternas de las comunidades, a fin de cerrarle el camino al narcotráfico.
Durante el año, la población ha hablado de la existencia de personas asesinadas y enterradas, descuartizadas y/o torturas, mujeres violadas, o como sucedió con una mujer con siete meses de embarazo a quien, en febrero la hallaron muerta con signos de violencia con arma blanca en su cuerpo. Además, el mismo conflicto armado tiene minado el territorio, comunidades indígenas, campesinas y afros, en medio de sus jornadas de trabajo, de recolección de alimento o de pesca, han perdido la vida a causa de una mina.
El 70% de la población del Pacífico, ha sido víctima del conflicto armado, sin que la reparación por parte del Estado y la violencia continúan, por el contrario, se viene intensificando y cientos de casos continúan en el anonimato, hay miedo a denunciar, a auxiliar a los heridos y salir de los territorios.
El pasado 8 de abril, se presentaron nuevos enfrentamientos de grupos armados irregulares en las zonas rurales de los municipios de Francisco Pizarro, Roberto Payán, en la vía hacia Barbacoas, en Magüí Payán e Iscuandé, que generaron desplazamientos forzados de la población en medio de la grave crisis sanitaria en la que se encuentra el país producto del Covid-19.
El 25 de abril, en la vereda San Juan de la Costa, a una hora y media del casco urbano de Tumaco, se denunció uno de los flagelos al que han sometido a las y los lugareños. En esta vereda encontraron cuatro hombres asesinados, con signos de tortura y disparos en varias partes de sus cuerpos. Los cuatro hombres, entre los que se encontraba uno de nacionalidad ecuatoriana, alcanzaron a ser enterrados por los perpetradores del crimen, con la intencionalidad de desaparecer sus cuerpos.
Erradicación violenta
Aseguran desde CSOFB, que “además de los enfrentamientos, la población también ha huido por la llegada de embarcaciones con personas fuertemente armadas sin identificación alguna a las zonas rurales”. El día 31 de marzo, en horas de la mañana, el Ejército Nacional ingresó a las veredas de La Chamba y Casa Vieja del municipio de Ancuya, con el fin de verificar la zona para adelantar un proceso de erradicación forzada, en esa intervención detuvieron a dos campesinos, de 50 y 17 años, que estaban trabajando, al intermediar la comunidad, el Ejército afirmó que “la autorización para entrar a erradicar fue acordada con la Alcaldía municipal”.
En el municipio de Ancuya, sus habitantes habían firmado el acuerdo colectivo para iniciar un proceso de sustitución en marco del PNIS el 3 de noviembre del 2017. Pero, hasta la fecha, afirma la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, Coccam, a través de un comunicado, “no se ha iniciado la implementación del mismo. Recordamos que hemos manifestado por diversos medios que estamos de acuerdo con la sustitución de cultivos, con garantías y enmarcado en el PNIS, exigimos recursos para que se pueda implementar este programa en nuestro territorio”.
Pese a la crisis humanitaria, la respuesta del establecimiento ha sido extremar los operativos de control y vigilancia en los territorios, sin embargo, no a todos los rincones del Pacífico puede llegar la fuerza pública.
Ni la cuarentena frena la violencia
La violencia en medio del covid-19 no paró, por el contrario, la situación de la crisis en salud, sumado a la falta de claridades y de voluntad política por parte de las administraciones locales aumentan las condiciones de vulnerabilidad de la población.
VOZ dialogó con César Santoyo quien, desde el CSOFB, viene acompañando a las comunidades, él comentó, que: “La situación actualmente en el Pacífico nariñense es lamentable, hay una pobreza multidimensional del 65.7%, existen unas carencias dramáticas en relación a provisión de bienes y servicios básicos de educación, salud, solamente por este fin de semana por una iniciativa de la gobernación de Nariño se logra dotar algunas camas hospitalarias”.
La mayoría de las acciones institucionales que se toman para enfrentar cualquier crisis humanitaria, están precedidas de medidas militares desde el establecimiento. Así lo relata Santoyo: “los grupos armados, en cualquiera de sus dimensiones juegan un papel preponderante, importante en el contexto regional”.
La semana pasada, la alcaldesa de Tumaco, Emilsen Angulo, le dirigió una misiva al presidente Iván Duque, en la que le solicitaba decretar el desvío de recursos para la implementación de los acuerdos de paz y cubrir así la emergencia del Covid-19. A pesar de que la petición no tuvo apoyo, sí dejó una mala sensación sobre la comprensión de los acuerdos de paz, por parte de la funcionaria.
Asegura Santoyo que, “en primer lugar, uno entendería que es poco probable que esta administración local le esté apostando a la paz. Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, deben incidir en todo el Pacífico, no solamente en el municipio o sector social. Por lo tanto, hay una compresión limitada del papel que juegan los PDET, y su importancia para el desarrollo de toda la región”
E insta a que las autoridades den un importante paso para mitigar la situación de la región. “Es una necesidad mitigar las inequidades, las desigualdades a las que se ha conducido y se ha impuesto por los gobernantes nacionales y locales durante décadas a esta población. Desde el colectivo y la Red de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense, estamos llamando a que haya respeto por la población civil y haya respaldo a ella por medio de los canales que institucionalmente tiene el Estado, y no solamente haya una presencia militar, sino que adicional a esto, se llegue con acciones que permitan un reconocimiento como ciudadanos y ciudadanas de primer nivel, como a cualquier otra parte del país y que se imponga como criterio general de acción para todo el Pacífico”.
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