En las últimas semanas más de 300 habitantes de cinco veredas del municipio de Ituango, Antioquia, se han desplazado por amenazas y confrontaciones entre varios grupos armados. VOZ dialogó con la dirigente del movimiento Ríos Vivos, Isabel Cristina Zuleta
Angie Chaparro
En los últimos días de febrero la tragedia del desplazamiento afectó a más de 120 familias del municipio de Ituango, Antioquia, que tuvieron que abandonar sus hogares por el recrudecimiento de la violencia en el norte del departamento. La Defensoría del Pueblo en su última alerta temprana dirigida al gobierno de Iván Duque ya había advertido sobre esta situación.
Cerca de 300 personas habitantes de las veredas El Quindío, Quebrada de Medio, Las Aruñas y El Alto Limón en Ituango, Antioquia, se han tenido que desplazar en las últimas semanas, obedeciendo a varias llamadas amenazantes que recibieron lideresas y líderes el pasado 13 de febrero. En las amenazas se les notificaba a las comunidades que debían despejar el territorio debido a una supuesta confrontación entre las disidencias de las FARC y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC.
Ese fin de semana las más de 120 familias, quedaron entre la espada y la pared luego de que las disidencias amenazaran a la población con que tenían que desplazarse y salir del territorio como una forma de presión para que el Ejército llegara a la zona para menguar el ataque que estaban teniendo, mientras que el grupo paramilitar intimidaba con quemar las casas y matar a los que se desplazaran.
Un territorio en disputa
El municipio de Ituango es considerado como un lugar estratégico para los diferentes grupos armados. Esto se debe no solo a su ubicación geográfica y a su topografía, sino que allí también se han desarrollado economías ilícitas como la extracción de oro y la producción de coca. Las disidencias de los frentes 36 y 18 de las antiguas FARC y las AGC (también conocidos como el Clan del Golfo), se disputan el control del territorio, la minería ilegal en la zona y las principales rutas del narcotráfico en el norte de Antioquia.
El semanario VOZ habló con la lideresa social y ambiental Isabel Cristina Zuleta, integrante del movimiento Ríos Vivos y la Asociación de Mujeres Defensoras del Agua Afectada por Hidroituango para entender lo que está sucediendo en este territorio.
¿Cuál es la lectura que ustedes hacen, como organización, de la disputa territorial que vienen librando los diferentes grupos armados en Ituango?
-Lo primero que hay que entender es que en el territorio hacen presencia múltiples actores, no solo AGC o Autodefensas Unidas de Colombia, tal y como se han presentado en otros lugares, sino que también hay presencia de los “Pachellys” y hay presión de los “Caparrapos”. Pero además hay incursiones del ELN en una parte de Ituango, hay presencia de las disidencias del frente 36, el frente 18 y el frente 5, lo cual hace que sea un territorio muy complejo.
Casi siempre la explicación que dan los organismos de seguridad del Estado gira en torno a los cultivos de uso ilícito. Sabemos que hay una ruta consolidada por décadas que atraviesa Ituango y el Nudo de Paramillo, pero también sabemos que esa ruta no ha tenido mayores variaciones en el tiempo, es decir que no explicaría la coyuntura que se viene presentando hace tres años, en tanto no es una ruta nueva y su comportamiento no ha variado.
Los intereses corporativos
¿Cómo entender fenómenos como el del recrudecimiento de la violencia en el territorio?
-Es innegable el aumento de los desplazamientos, el aumento de la confrontación armada y el aumento de las actividades ilícitas, asesinatos, reclutamiento forzado y la siembra de minas antipersonales, entre otras en el territorio. Entonces la tesis del Gobierno no explicaría la situación actual.
Nosotros estamos planteando complementariamente otras tesis como las presiones que hay para el dominio de grupos paramilitares o paraestatales que han servido históricamente al Estado para sus intereses y sobre todo los intereses comerciales y los empresariales, como lo son los títulos mineros y las zonas solicitadas en títulos mineros.
Hemos presentado al país esta tesis con el mapa de titulación minera de todo lo que rodea y todo lo que es Ituango, además del Nudo de Paramillo que es una zona protegida, el resto prácticamente está amenazado por la gran minería, multinacionales como Cerro Matoso y Continental Gold hacen presencia en el territorio, en lugares donde se está presentando esta confrontación, en la zona del Aro que es una zona donde ha habido enfrentamientos permanentes y donde han existido desalojos forzosos por parte de las Empresas Públicas de Medellín, EPM.
Profundicemos sobre los intereses empresariales en Ituango, ¿Cuáles son? ¿Cómo hacen presencia en el territorio?
-Es una zona compleja donde hacen presencia muchos actores. Por ejemplo, las empresas contratadas por EPM que son las que destruyen las viviendas y amenazan de manera permanente a la población y controlan la movilidad en la zona. En ese mismo territorio, también ha habido confrontación armada entre grupos ilegales con el Ejército.
En esa zona hay un título minero muy grande, atraviesa Briceño e Ituango, en la zona alta y en el territorio de Santa Rita que es un lugar en el que se han generado desplazamientos forzosos gota a gota, no masivos como los que se viven cada año en la frontera con Peque y la zona de Santa Lucía, todo el Cañón de Santa Lucía y el Cañón de Santa Ana, un año el uno y un año el otro.
Lo que vemos allí es que los títulos mineros son muy importantes y hay mucha presión por concesiones. En la entrada de ese Cañón de Santa Ana hay una presión grande con un título minero que ya está en explotación pero que en realidad es ilegal porque está solicitado, mas no está autorizado.
Entonces, tenemos suficientes elementos para estar planteando la tesis de la megaminería y del mismo Hidroituango como uno de los factores de presión sobre el territorio para lo cual necesitan un avance paramilitar y así controlar las zonas. Lo más importante es que les incomoda la población que se resiste a esta destrucción del territorio que implican los megaproyectos minero-energéticos. He ahí las razones del desplazamiento.
Desplazamiento y economía
¿Por qué año tras año se evidencia la misma situación?
-Al Estado corporativo colombiano le interesa este vaciamiento del territorio para los intereses empresariales. Si quisieran podrían evitar miles de tragedias porque saben en dónde están ocurriendo, quiénes las están generando, cuándo van a ocurrir, quiénes somos las víctimas y aun así no lo detienen. Año a año por la misma fecha, son los mismos territorios, es la misma dinámica, saben lo que está ocurriendo y no lo han evitado porque no les interesa. Estamos ante una ausencia absoluta del Estado.
Para la misma época del año pasado, las comunidades desplazadas fueron las del cañón de Santa Ana. Este año el gobernador Aníbal Gaviria, que es afín a toda la explotación minera en el departamento e incluso en otros, anunció como una gran obra un puente que conecta Peque con Ituango, el cual fue justo fruto de la confrontación armada y de la presión que desde Peque ejercían los grupos paramilitares sobre la población, las amenazas que hicieron el año pasado que desplazaron a toda la comunidad. El Gobernador, sin considerar el terrible costo, anunció con bombos y platillos este puente que lo único que hace es facilitar la penetración de esos grupos paramilitares para consolidar el cañón de Santa Ana.
¿Es cierto que mientras unos grupos obligan a la gente a salir de sus hogares, los otros los amenazan para que se queden?
-Cada grupo utiliza a la población para sus propios intereses, es decir, para usarlos como escudo. Cuando se retira la población de un territorio no hay límite para la confrontación, la confrontación es abierta al bombardeo, las posibilidades de una intervención militar son mucho más grandes si no hay población que cuando hay población civil, por eso se utilizan como escudo. Esto no es nuevo, esto ha pasado históricamente en las zonas de confrontación del país en donde se usa la población para que, lamentablemente, proteja a uno o a otro grupo.
El año pasado la gente fue desplazada por amenazas de los grupos paramilitares; este año fue desplazada por los enfrentamientos y las amenazas de las disidencias. Entonces, ¿cuál es la diferente entre un año y el otro?, ¿qué es lo que pasa ahí?
El grupo que quería penetrar el año pasado hacia Ituango eran los paramilitares desde Peque y quienes estaban saliendo a soportar ese copamiento del territorio eran las disidencias, entonces, la población sale de la zona en confrontación y llega el Ejército a controlar el territorio.
En esta ocasión fue al revés, las disidencias son las que están volviendo a retomar el territorio porque salieron muy debilitados de un bombardeo y un enfrentamiento que tuvieron con el Ejército. Quieren volver a Ituango donde ya había avanzado el grupo paramilitar. Lo que hacen es desplazar a la población para que llegue el Ejército y no avance ese grupo paramilitar, ya que las disidencias no tienen la fuerza operativa de sostener esos combates con las AGC que están fortalecidas con todos los reclutamientos de los últimos años.
Ese es el juego en el que tienen a la población, a merced de todos los grupos y del mismo Gobierno, porque este último presionó de manera indebida a la gente desplazada para que retornara sin garantías a un territorio que no está controlado por las fuerzas civiles que no se reducen a los militares. Nadie de la institucionalidad llegó, solo llegó el Ejército y eso no es garantía de no repetición porque lo que establece la ley colombiana es que el retorno solo se da cuando hay garantías de seguridad y de no repetición. ¿Cómo le aseguran a la gente que esto no va a volver a pasar?
El papel de las organizaciones sociales
¿Qué ha dicho el alcalde, Edwin Mauricio Mira, frente a la problemática y qué medidas eficientes ha tomado para frenar la violencia en Ituango?
-A este mandatario no le importa y no le interesa la situación, es un mandatario alejado de la gente, lo único que una lo ve hacer es dando aplausos a los kits escolares que da EPM. Todas sus explicaciones son las que le dicta el Ejército, una no ve la autoridad civil en el territorio.
Entendemos que hay explicaciones militares, pero no son la únicas y él debería tener argumentos sobre lo que ocurre en el territorio para el cual fue elegido para brindar protección y garantías a las comunidades, pero él no da explicaciones distintas a las de los militares, por lo tanto, yo puedo afirmar que no tiene interés en materia de Derecho Internacional Humanitario o derechos humanos. En otras palabras, no tiene ningún interés en garantizar los derechos de la gente en Ituango.
¿Qué han hecho o cómo podrían ayudar las organizaciones sociales frente a este tema?
Yo creo que la labor de las organizaciones sociales es ayudarnos a denunciar. Nosotros vemos que no se quiere visibilizar el tema de Ituango, por los intereses que giran alrededor del megaproyecto, además del complejo conflicto minero en el territorio.
Para la agenda mediática es importante que no se conozca lo que pasa en el norte de Antioquia. 863 personas el año pasado fueran las víctimas y más de 300 este año, es incomprensible que esto no sea una noticia nacional. Nosotras queremos saber por qué lo están ocultando y por qué no se le está dando la trascendencia que tiene algo tan grave como un desplazamiento forzado reiterado y sistemático.
Nosotras estamos diciéndoles a las organizaciones que nos ayuden a seguir insistiendo en que esto tiene que parar. Nuestro papel es asumir el riesgo que implica denunciar, que ya es lo suficientemente alto y difícil, pero que las demás organizaciones nos ayuden a replicar, a insistir y persistir a que esta voz no se quede callada, que no logren acallarla.
Nos hacen sentir que por denunciar esta situación nos van a matar; la mayoría de la gente desplazada no dio su testimonio a ningún medio de comunicación y eso les interesa precisamente a quienes quieren ocultar esta tragedia. Nuestra labor es hacer que se replique toda esta información y no permitir que se siga invisibilizando está problemática tan dolorosa.
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