En un show mediático y un cruce de cartas, que pretenden distraer la dimensión de la responsabilidad del gobierno, se ha convertido la respuesta de Iván Duque a las denuncias de las comunidades, líderes y obispos, sobre Bojayá
Carolina Tejada Sánchez
@carolltejada
Chocó es uno de los departamentos más olvidados en la selva colombiana por parte de los gobiernos de turno. A diario existen reportes de infantes que mueren a causa de enfermedades curables, de desnutrición o en medio de la barbarie de la guerra que también copó el territorio, como lo hicieron la pobreza y la ausencia de garantías sociales, del agua, de la salud, de la educación.
A pocos minutos de su capital, Quibdó, queda el municipio de Bojayá, que colinda con Río Sucio, con el departamento de Antioquia, con Bahía Solano y por el Sur con Quibdó y Alto Baudó. Todo el territorio goza de grandes afluentes de agua que a su vez garantizan la comunicación marítima entre municipios para el comercio y la vida cotidiana de la población.
Sin embargo, la fortuna de tener una diversidad de recursos naturales, de fauna y flora, propios de la zona selvática, con grandes afluentes de agua, se ha convertido en uno de los principales problemas para la tranquilidad de la población. Pues es ahí en medio de la selva, en donde el Estado se niega a llegar, su presencia se ha limitado por años al aparato militar y los derechos de sus pobladores han quedado al margen del Estado y a merced de sus comunidades.
El abandono de este territorio fértil, de vías marítimas, se convirtió en una zona estratégica para que los grupos armados consiguieran el control del territorio con el fin de convertirlo en una zona para el procesamiento y distribución de droga, la explotación minera o la expansión de proyectos de multinacionales, así como la siembra de la palma de cera, que en nada beneficia a sus habitantes.
De esto te hablan, Duque
Desde el 2017 la Defensoría del Pueblo, declaró a los municipios de Bojayá y Medio Atrato en el departamento de Chocó y Vigía del Fuerte, en Antioquia, en riesgo por el Sistema de Alertas Tempranas. La alerta fue proferida por las violaciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de grupos armados ilegales de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, quienes coparon los territorios en donde hacía presencia la otrora guerrilla de las FARC-EP.
El 15 de mayo de 2018, el Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, denunció que la comunidad de Pogue está en riesgo de un nuevo destierro. Se refería a unas amenazas de destierro a la población por parte de los grupos armados, los cuales ya les había imposibilitado la comunicación, la movilización y habían amenazado a varios líderes y lideresas sociales. En la misma misiva el CNMH, con gran preocupación decía: “Se les solicita a las autoridades su oportuna gestión con el fin de impedir daños sobre la población”.
Así que, los recientes acontecimientos en el municipio de Bojayá y el corregimiento de Pogue, no corresponden a un episodio nuevo, y tampoco es la primera vez que sus pobladores denuncian la presencia de los paramilitares y la ausencia del Estado para combatirlos. Lo sucedido el pasado 31 de diciembre de 2019, con las 121 familias que habitan Pogue y que volvieron a vivir el terror gracias a la presencia de 300 integrantes de las AGC o Clan del Golfo, no es fortuito. Según el defensor del pueblo del Chocó, las AGC: “En esa población, de casi 600 personas, el grupo las confinó, es decir impidió que pudieran movilizarse hacia otras comunidades y comunicarse por vías telefónicas” el funcionario hablaba de la misma situación presentada años atrás y las autoridades no habían hecho nada.
El 3 de enero del 2020 amenazan a Leyner Palacios, quien públicamente instó al gobierno a actuar conforme a los derechos de la población. ¿Por qué amenazan a Leyner? Por afirmar lo que a voces se ha venido denunciando: hay presencia de grupos paramilitares en el Chocó y en el Pacífico colombiano y no existe ninguna actuación del Ejército Nacional para desmantelarlos.
Según Leyner; “La actuación de los grupos paramilitares de las ACG, o el ‘Clan del Golfo’, se realiza en connivencia con la Fuerza Pública asentada en el río Atrato y en muchos otros sectores de la región del Pacífico, esto contradice la legitimidad de un gobierno que postula como principio de intervención la legalidad”, también aseguró que el horror de la población se acrecentó, “dado que en algunas comunidades, meses anteriores, este grupo armado ha agredido física y sexualmente a mujeres, entre otras acciones”.
Negarlo todo, decir que no es cierto
El actual gobierno se empeña en negar la crisis humanitaria en el Pacífico colombiano, la reorganización de los grupos paramilitares y por el contrario, responde de manera desafiante, con arrogancia y pone en entredicho las voces que reclaman recuperar el sendero de la paz, como afirmaron los obispos en el comunicado público que dirigen al presidente luego de las denuncias de las comunidades.
Para el dirigente afro Leyner Palacios, preocupa que la explicación del Gobierno de Iván Duque sobre lo que sucede en la región, se limite solo al narcotráfico, “pues es sabido que históricamente este conflicto en la región, además del narcotráfico, ha estado asociado a la implantación de un desarrollo inducido, como la minería a gran escala, la agroindustria de la palma aceitera y megaproyectos de infraestructura”.
Como también preocupa que ante las denuncias del líder, amenazado por los mismos grupos paramilitares, La Fuerza de Tarea Conjunta Titán del Ejército Nacional derive su responsabilidad de la seguridad en el río Bojayá sobre sus hombros. Pues el 11 de enero, día de la visita de Iván Duque a Bojayá, a Leyner, que llegaba a este territorio, le fue entregado un Derecho de Petición dirigido a él por el Comandante Darío Fernando Cardona Castrillón, quien dirige la Fuerza de Tarea Conjunta Titán.
El Comandante, además de cuestionar una entrevista emitida el pasado 6 de enero en Noticias Uno en la que Leyner cuestiona cómo había presencia de hombres armados de grupos ilegales en el río Bojayá sin que la fuerza pública se entere, insta al líder social a que indique qué militares estarían involucrados en la posible relación con los grupos ilegales, además a que le dé el lugar y la fecha en la que se cometieron tales ilícitos. Igualmente, le pide que indique los corregimientos en los que hay confinamiento de la población. Deja entrever, que al parecer, el coronel no tiene información de lo que ocurre en el río Bojayá.
En un comunicado, la Comisión Interétnica de la Verdad para el Pacífico, CIVP, de la cual hace parte Leyner, expresa que el derecho de petición del coronel Cardona es un mecanismo para “presionar psicológica y legalmente” a Leyner y piden a las Fuerzas Militares garantizar la seguridad y la libre circulación de las comunidades afro e indígenas del río Bojayá y, “no poner nuevamente en duda la palabra y testimonio de líderes, comunidades, organizaciones sociales del Chocó y Diócesis de Quibdó”. Sus pobladores, como lo expresan las alabadoras en la firma de los acuerdos de paz del 2016, quieren vivir en paz, piden reconocer la crisis, los actores armados, e instan al diálogo para acabar con el conflicto:
“Nosotras queremos paz
Y por estas alabanzas
Es que hemos venido acá
Oiga señor Presidente
Hágasenos para acá
Y con esos otros grupos
Díganos qué va a pasar”.
