Empresas que comercian con alimentos estarían perjudicando la salud de más de 780 mil niños y niñas que reciben sus alimentos en los colegios distritales
Carolina Tejada Sánchez
@carolltejada
Después de once años de funcionamiento de un denominado “cartel de la alimentación”, la Superintendencia de Industria y Comercio generó un pliego de cargos contra diez contratistas, que hacen parte de una asociación de empresarios del sector de alimentos, junto a 18 personas naturales, en donde se les vincula a una cartelización empresarial en 21 procesos de contratación pública. Así lo aseguró el superintendente, a inicios del mes de julio, Felipe Robledo. También comentó que las imputados tenían como finalidad, repartirse entre los contratistas las diferentes localidades de la ciudad en donde existe el Plan de Alimentación Escolar, PAE, afectando a más de 780.000 niños y niñas que asisten a los colegios distritales.
Mas allá de las anomalías que se presentaban en la contratación, padres de familia y las mismas instituciones educativas ya venían denunciando el cambio extremo de la calidad de la alimentación que estaba llegando a los colegios. En diversas ocasiones se presentaron quejas puntuales en contra de estos contratistas sin que existiera una garantía de que niños y niñas recibieran una nutrición balanceada.
Hace un año, nuevamente al Concejo de Bogotá llegaron los reclamos y la necesidad de hacer control a esta situación, pues según las denuncias, los alimentos que reciben los estudiantes llegaban en mal estado y otros con las fechas vencidas, igualmente se denunció, que los infantes estaban adquiriendo enfermedades ocasionadas por la mala calidad de los mismos. La empresa responsable de esta situación fue Proalimentos Liber S.A.S. En el marco de esas denuncias colegios de la ciudad entregaron muestras de los refrigerios descompuestos.
La investigación
Desde el 2007 hasta el 2017, la Superintendencia de Industria y Comercio analizó que el grupo de contratistas habría carterizado para quedarse con el “negocio de los alimentos”. Para ello tenían que manipular el resultado de los procesos de contratación pública que se adelantaba, y según la investigación, este tipo de carterización le generó una afectación al presupuesto destinado para dicho proceso que se estima en 1.5 billones de pesos.
Durante diez años usaron la misma modalidad y lograron ser adjudicatarios de 178 zonas. Todo consistía en simular competencia con otras empresas, además se aseguraban de que las zonas adjudicadas se llevaran a cabo con el menor ahorro posible para el Distrito de Bogotá, lo que implicaba un detrimento de los recursos del Estado. Y, por otro lado, se sabe que las empresas implicadas en la investigación habrían presionado a contratantes con en ánimo de adquirir mayores beneficios. Según comentó el superintendente, “para eso, habrían acordado no presentarse a varios de los procesos de selección para boicotearlos y que fueron declarados desiertos”.
La corrupción andante
No se trata de una simple investigación que arrojó un mal procedimiento en la contratación, se trata de una mafia que viene siendo investigada y con procesos abiertos que dan cuenta del nivel de corrupción que, sin importar las condiciones de vida de la gente, trafican con su alimentación, y, por sobre todo, con aquellos quienes se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad y garantía de derechos.
Se trata de los mismos que han traficado con los alimentos de las personas privadas de la libertad, cuyas denuncias también se han hecho en otras ocasiones y con el agravante de que, en el caso de las mujeres, las porciones son menores, pues según los cálculos de estas empresas, las mujeres comen menos. Pero también están las relacionadas con las raciones para los soldados, entre otros.
Dentro de las personas que hoy suman en este proceso se encuentran, Germán Trujillo Manrique quien está vinculado a un proceso penal por irregularidades en la contratación del PAE, en Santander, Fabio Doblado Barreto quien se encuentra investigado por obstruir la investigación de la Fiscalía en los contratos de alimentación para personas privadas de la libertad. Tanto Juan Carlos Almanza Torres, de la Iberoamericana de Alimentos y Servicios SAS, como Jaider Mauricio Villalobo Rojas, de Industrias, Alimentos y Catering SAS, ambos se encuentran en otro proceso, el del cartel de las raciones militares.
En este momento avanza la investigación y de encontrarse culpables las empresas implicadas, podrían tener sanciones hasta por 78.000 millones de pesos, y las personas naturales, con 1.500 millones aproximadamente.
