En una decisión insólita, la Fiscalía capturó a los investigadores que grabaron las conversaciones del ‘Ñeñe’ Hernández. Es evidente el esfuerzo para no investigar la financiación ilegal de la campaña presidencial de Duque y desprestigiar a quienes la han denunciado
Roberto Amorebieta
@amorebieta7
Una cortina de humo. Eso es lo que está creando la Fiscalía con la captura de los dos investigadores de policía judicial encargados de hacer las interceptaciones legales al narcotraficante José Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández. El mayor Yefferson Tocarruncho y el sargento Wadith Velásquez fueron capturados esta semana en un procedimiento express, sin derecho a réplica y sin que hubiese sucedido un interrogatorio previo. Toda una demostración de “eficiencia judicial” en plena pandemia.
Si bien los delitos de los que se acusa a los dos investigadores no deberían afectar la legalidad de las pruebas obtenidas después de horas y horas de interceptaciones al narcotraficante cesarense, sí es un paso en la labor de desacreditar a quienes han revelado este escándalo, como los periodistas Gonzalo Guillén y Julián Martínez y el abogado Miguel Ángel Del Río. Por ello, la captura de Tocarruncho y Velásquez no es cualquier hecho judicial, es parte de la estrategia del uribismo para enfrentar el escándalo de la ‘ñeñepolítica’ y evadir los posibles procesos penales en su contra.
La acusación
La Fiscalía acusa al mayor Tocarruncho y al sargento Velásquez de aprovechar las órdenes de interceptación telefónica en el marco de la investigación contra el ‘Ñeñe’ para ‘chuzar’ los teléfonos de cinco de sus compañeros. Esos cinco policías eran sospechosos de apropiarse de un dinero decomisado en una operación antinarcóticos que no tenía ninguna relación con el ‘Ñeñe’. Al parecer, la pesquisa no dio ningún resultado y meses después los teléfonos de los policías dejaron de ser intervenidos.
La fiscal a cargo del caso del ‘Ñeñe’ declaró no solo que el mayor Tocarruncho la había engañado para que autorizase dichas interceptaciones, sino que acusó al propio abogado Del Río, representante de los investigadores capturados, de intentar sobornar a testigos que estaban declarando en el proceso. El juez no aceptó la denuncia contra Del Río y la desestimó. No obstante, es clara la estrategia de la Fiscalía de atacar todos los involucrados en el proceso, acusando y hostilizando incluso a los abogados defensores.
Doble rasero
Es inevitable identificar un doble rasero en las actuaciones de la Fiscalía en todo este proceso. Mientras opera con total celeridad y eficiencia para detectar y castigar las supuestas interceptaciones ilegales de Tocarruncho -que, en gracia de discusión, se enmarcaron en una operación de contrainteligencia y anticorrupción-, se cubren de polvo las interceptaciones legales al ‘Ñeñe’ hablando con María Claudia Daza, exasesora de Álvaro Uribe, donde se menciona una operación para ‘meter por debajo de la mesa’ miles de millones de pesos en la campaña presidencial.
Hay que recordar que las famosas grabaciones telefónicas al ‘Ñeñe’ fueron hechas en 2018 y durante todo este tiempo no fueron objeto de atención por parte de la Fiscalía. Solo hasta marzo pasado, cuando periodistas como Guillén y Martínez las hicieron públicas, las autoridades judiciales dijeron que se harían cargo. Sin embargo, en ese momento se supo que el propio presidente Iván Duque había “encomendado” a su entrañable amigo, el fiscal general, que investigara no el contenido de los audios sino a los responsables de su filtración a la prensa.
Por otro lado, el tratamiento a los acusados ha sido notoriamente diferente. Mientras los investigadores Tocarruncho y Velásquez son capturados sin siquiera haber sido escuchados en indagación preliminar, la señora Daza es amablemente tratada por las autoridades, se le permite salir del país cuando se conocen los audios y se admite que desde Miami y a través de una teleconferencia, se acoja a su derecho a guardar silencio. Ni un llamado de atención, ni una imputación de cargos, nada. Solo mimos y atenciones con la escurridiza exasesora.
La cereza del pastel
Y la cereza del pastel ha sido, por supuesto, la declaración del fiscal general anunciando la investigación contra la campaña de Gustavo Petro por ‘ñeñepolítica’. En entrevista exclusiva con el canal RCN, indagado amablemente por un zalamero pseudoperiodista, Francisco Barbosa mientras se ufanaba de no ser un fiscal mediático, soltó la noticia de que se llamaría a indagación a la gerente de la campaña Petro porque, según sus palabras, existiría la posibilidad de una financiación ilegal por parte de unas compañías mineras.
Unas horas después se hizo público el audio de la grabación en la que el ‘Ñeñe’, en conversación con un hombre aún desconocido, decía claramente que Petro había ganado en La Guajira por “culpa de los hijueputas mineros esos”, quienes “se habían ido con toda por Petro”.
Por supuesto, es una ofensa a la inteligencia que se pretenda involucrar a la campaña de Petro en la ‘ñeñepolítica’ a partir de dicha conversación. Primero, porque no existen “compañías mineras” en La Guajira. Existe solo una: El Cerrejón, la cual nunca apoyó a Petro porque su discurso proponía energías renovables y poner fin a la economía extractivista.
Segundo, porque es evidente que una cosa son “las mineras” y otra “los mineros”. Si el apoyo de El Cerrejón a Petro era más que improbable, por el contrario, era público el apoyo de los trabajadores de la compañía a la campaña de Colombia Humana, incluso a través de videos aún disponibles en las redes sociales. Y tercero, porque hay que ser muy idiota para no darse cuenta que los interlocutores en la conversación se están quejando porque la compra de votos no les funcionó y el pueblo de La Guajira votó con independencia.
Fiscalía de bolsillo
Lo que cada vez va quedando más claro es que el nuevo fiscal general ha sido elegido para ocultar y desviar las investigaciones contra el uribismo, así como Néstor Humberto Martínez fue puesto ahí para blindar a la clase política del escándalo de Odebrecht. Los hechos denunciados son muy graves. Estamos hablando de financiación ilegal de la campaña presidencial con dineros del narcotráfico, algo muy parecido a lo que sucedió durante el recordado proceso 8.000.
En aquella época, los años noventa, la clase dominante cerró filas para tumbar el gobierno de Samper, rasgándose las vestiduras por la corrupción en la política y clamando al cielo por una depuración de las prácticas mafiosas. Los medios de comunicación, los políticos de derecha, la clase empresarial y miles y miles de jóvenes estudiantes de las universidades privadas, se manifestaron contra el gobierno y exigieron la renuncia del presidente.
Hoy, 25 años después, la misma clase dominante se hace la desentendida y prefiere mirar para otra parte. Casi ningún medio se hace eco de estas denuncias, los analistas y opinadores bienpensantes se conforman con que Barbosa se declare impedido para investigar la ‘ñeñepolítica’, los partidos de la coalición de gobierno prefieren promover cadenas perpetuas y homenajes al carriel antioqueño, el presidente Duque se consagra día a día como un aburrido presentador de televisión y la ciudadanía todavía no sabe cómo reaccionar en medio de la incertidumbre por la pandemia.
En este panorama, Tocarruncho y Velásquez son el eslabón más débil de la cadena, la última pirueta de distracción.
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