Ahora la burguesía y su gobierno pretenden culpar de todas las tragedias a la pandemia propiciada por el covid-19, cuando la realidad demuestra que la peor pandemia está constituida por las políticas del capitalismo y su modelo de acumulación.
El tema del desempleo, fue la justificación para imponer las leyes 50 y 60/90, que eliminaron la contratación estable, sirvieron para bajar las indemnizaciones; terminar los contratos sin justa causa, y eliminar la retroactividad en las cesantías, entre otras cosas.
La apertura económica impulsada por el gobierno de “bienvenidos al futuro”, abrió las puertas sin pago de aranceles a todo tipo de mercancías importadas, que entonces, producía la industria nacional dependiente y atrasada, pero con mayor músculo económico que en la actual etapa, lo que produjo la liquidación obligatoria de miles de empresas y arrojó al desempleo a cientos de miles de trabajadores.
En 2003 vuelve a justificarse otra contra-reforma (ley 789) impulsada por los mismos actores, para rebajar los porcentajes de los recargos nocturnos y bajar aún más las indemnizaciones para los despidos y los pagos de dominicales y festivos, virar la misión y la visión de las cajas de compensación y del SENA y otras disposiciones, todas lesivas a los trabajadores/as con el pretexto de generar empleo.
Lo que la pandemia pone al desnudo es la enorme debilidad de la industria nacional, la pequeña y la mediana industria que es la que ofrecía hasta un 80% de los empleos existentes y que ahora desaparecerán por ausencia de apoyo del Estado.
En esas condiciones, difícilmente se logrará mantener los empleos, porque los poco que se creen será en condiciones de informalidad, tercerizados y temporales, sin permitir una pensión. Solamente un 31% de las personas de la Población Económicamente Activa, PEA, cotizan para una pensión; ahora con los decretos de Duque se pone en riesgo al fondo del sistema de prima media con prestación definida y solidaridad (Colpensiones).
La PEA la componen 23 millones de personas, de ellos 61% estaban en la economía informal, antes de la declaratoria del estado de emergencia económica, ecológica y social, y según el DANE, han perdido el empleo hasta el 31 de marzo del presente año, 1.6 millones de personas, lo cual proyecta un desempleo del segundo trimestre de 19%, según Fedesarrollo. Si a eso le sumamos el cierre de los pequeños negocios, medianas empresas, trabajadores por cuenta propia y hasta medianas empresas, al terminar la pandemia al final del presente año tendremos por primera vez en la historia del país un crecimiento de -5.5% según los más optimistas, y ninguna de las medidas del gobierno tienen como destino salvar la precaria economía, menos los empleos y por tanto menos demanda.
Así las cosas, se necesitarán varios años para la recuperación, ante lo cual, la única opción es el cambio profundo del modelo económico, y hacia el futuro la imposición de un modelo alternativo de desarrollo, que privilegie la mayoría de la población y limite la superconcentración de la riqueza nacional en manos del 0,4 por ciento de los habitantes.
Las 14 propuestas de los gremios patronales van encaminadas a precarizar aún más a los y las trabajadoras mermando su escaso poder adquisitivo, mientras intentan que el sector financiero y las empresas trasnacionales, según su lógica, sigan sumando ganancias aun en la época de las vacas flacas.
Las medidas que ha adoptado el gobierno a través del Ministerio de Trabajo son: Despidos colectivos (hay 2.900 solicitudes), disminución de salarios, violación de convenciones colectivas a las que solo tienen acceso un 7% de los/as componentes PEA (hay 2.870 querellas administrativas), no pago de la seguridad social durante tres meses, suspensión temporal de contratos laborales, eliminación del recargo nocturno, vacaciones, cumplidas y adelantadas.
Ante semejante escamoteo de los ingresos del asalariado, la idea de impulsar un acuerdo de emergencia debe darse alrededor de varias de las propuestas que desde distintos sectores se impulsan. De las conocidas está la de 53 congresistas basada en renta básica, que es otorgar el equivalente a un SMLMV por tres meses a 32 millones de personas aproximadamente, la derogatoria de la ley 100, estableciendo un modelo alternativo de salud, la moratoria de la deuda externa (en el presupuesto de 2020 serán 70 billones de pesos), el gasto de una parte de las reservas internacionales (55 billones de pesos), entre otras. Eliminación de las propuestas del CNP (Consejo Nacional de Planeación), arriba señaladas.
Es importante llamar a la movilización con las medidas de seguridad y las garantías de orden sanitario, en la perspectiva de construir salidas a la crisis, no solo de la pandemia, sino del modelo de acumulación neoliberal y del capitalismo. Importante, además, la creación de conciencia; generar acción y movilización nacional, en unidad con los trabajadores, el movimiento social y demás fuerzas democráticas, es la tarea inmediata para avanzar hacia un proyecto de país diferente.
No estamos dispuestos a permitir que se descargue el costo de la pandemia en los hombros de la clase media, de la clase trabajadora y de los más pobres, y sí estamos dispuestos a impulsar la movilización social por la conquista de la democracia, la defensa de la vida, por un sistema de salud pública, una educación superior gratuita, una reforma laboral con garantías y estabilidad para los trabajadores y la reconstrucción económica que respete la naturaleza y la humanidad. No es la hora de lamentos, la situación exige acción organizada permanente, sin desmayo, solo así impondremos democracia, justicia social e igualdad de género.
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