La red colombiana de ONG denuncia que Néstor Humberto Martínez debe responder ante la justicia por graves crímenes contra la paz y no debe ser nombrado embajador en España
Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos
@coeuropa
Las recientes evidencias publicadas por medios de prensa en Colombia dejan claro que Néstor Humberto Martínez urdió un montaje para acabar con el proceso de paz, utilizando ilegalmente sus facultades como Fiscal General de la Nación, para interceptar ilegalmente a varios de sus negociadores y facilitadores, interpretó y manipuló supuestas pruebas, y llevó a cabo acciones de entrampamiento contra dichos negociadores.
En ese propósito, habría utilizado agentes encubiertos al servicio de la DEA, con lo cual habría incurrido en acciones vulneradoras de la legislación colombiana con consecuencias gravísimas para la seguridad nacional y el desarrollo del proceso de paz.
Crímenes contra la paz
Estas acciones ilegales no han sido investigadas por los organismos judiciales en Colombia, a pesar de haberse constituido en el mayor golpe a la implementación del Acuerdo de Paz firmado por el Gobierno colombiano con las FARC. Esta actuación ilegal del exfiscal general también contribuyó a la conformación de una disidencia armada de esta organización que, en lugar de ser evitada, se vio favorecida por el ambiente de inseguridad jurídica y acoso sin fundamentos legales por parte de la Fiscalía y la DEA para presionar la extradición de jefes negociadores, quienes terminaron desertando del proceso de paz y alentando la reconfiguración del conflicto armado.
Por estos delitos orquestados con participación de Néstor Humberto Martínez cursa ya denuncia penal por prevaricato por acción y por omisión, fraude a resolución judicial o administrativa, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, aunque la gravedad de la desestabilización de la convivencia y de la reactivación de la guerra en distintas regiones del país requiere que sean considerados como graves crímenes contra la paz.
Por estas acciones y actuaciones, Néstor Humberto Martínez debe ser procesado, enjuiciado y responder ante la justicia colombiana o, en su defecto, ante instancias de la justicia internacional que tienen el deber de perseguir a los perpetradores de graves crímenes internacionales.
Igualmente, es muy grave que Néstor Humberto Martínez, como Fiscal General, haya ocultado y negado la entrega de las evidencias que le fueron requeridas por la JEP y por el contrario, pretendió desarrollar un juicio paralelo ante los medios y la opinión pública con pruebas manipuladas (videos silenciados), con los cuales presionó a dicho tribunal a la expedición sin pruebas de decisiones de extradición que, al no tener fundamento, fueron la base para el descrédito emprendido por este poderoso funcionario en contra de la JEP.
Modus operandi
Pero no se trata del primer intento de Néstor Humberto Martínez de atacar el proceso de paz. Tiempo atrás logró incidir para quitarle parte de la naturaleza de la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de organizaciones criminales, al suprimir su mandato de persecución y enjuiciamiento de los máximos responsables detrás del paramilitarismo. De esta manera, la Unidad quedó reducida exclusivamente a la investigación de casos de homicidios de líderes sociales y de excombatientes, con lo cual se incentivó la falta de individualización de los grandes responsables de las estructuras paramilitares.
La supresión de este mecanismo ha permitido la expansión del paramilitarismo en todo el territorio nacional, con un resultado dramático del crecimiento del homicidio de líderes, lideresas y organizaciones impulsoras de la implementación del Acuerdo de Paz en las regiones.
Desde la firma del acuerdo de paz, se calcula en 1.055 líderes sociales y 242 excombatientes de las FARC asesinados. Sumado a lo anterior, es importante denunciar que Néstor Humberto Martínez convirtió a la Fiscalía al servicio de grupos de interés del poder económico y político, vinculado a los sectores opuestos a la paz. Bajo su gestión archivó importantes investigaciones por corrupción y graves crímenes de altos oficiales de la Fuerza Pública, como es el caso de la Operación Gavilán, e impidió el avance de las investigaciones de los oficiales mencionados en la Operación Bastón.
De esta manera, frustró el proceso de depuración al interior de las Fuerzas Militares. A su vez, congeló todos los casos de investigaciones por los llamados “falsos positivos” adelantados hasta entonces por la entidad. Con esa actuación impidió el avance de las investigaciones y la posibilidad de comparecencia de los máximos responsables de estos crímenes por parte de la JEP.
Panama papers
Martínez, además, es acusado de ocultar bienes y fondos financieros por medio de una empresa fachada de su propiedad, basada en Panamá, que no ha sido declarada y por la que evade impuestos, dentro de los cuales se encuentra un lujoso apartamento en Madrid valorado en 3 millones de euros y fondos depositados en el Banco Santander, provenientes, presuntamente de paraísos fiscales. Por tanto, se torna inaudito que un Estado, víctima de defraudaciones por parte de este señor, lo termine designado como embajador en España y así facilitarle la continuidad de sus delitos.
Con este caso se confirma una vez más, el patrón reiterativo de impunidad del Estado colombiano, al nombrar como embajadores ante diferentes países a implicados en graves violaciones de los derechos humanos y crímenes contra la paz para evadir su comparecencia ante la justicia, así como facilitar su fuga antes de que se produzcan decisiones judiciales en su contra (como Andrés Felipe Arias, Luis Carlos Restrepo, María del Pilar Hurtado y María Claudia Daza, todos ellos colaboradores cercanos de Álvaro Uribe y posibles declarantes en procesos que lo implican).
Embajador no
Por la gravedad de los hechos delictivos y las serias consecuencias derivadas de las acciones del señor ex fiscal Néstor Humberto Martínez, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, red nacional que integra a 281 organizaciones sociales y de promoción y defensa de los derechos humanos, solicita al presidente de la República, Iván Duque Márquez, abstenerse de nombrar a Martínez como embajador en España. Su designación evidenciaría ante la comunidad internacional la escasa voluntad del gobierno de avanzar en la implementación integral y de buena fe del Acuerdo de Paz, al premiar a quien ha atentado contra su avance.
Así mismo, solicita a los organismos judiciales competentes acelerar las investigaciones sobre las conductas criminales que implican la responsabilidad de Néstor Humberto Martínez, como expresión de la voluntad del Estado colombiano de investigar, perseguir y sancionar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos y a quienes han puesto en peligro la convivencia y seguridad nacional, atentando y poniendo en peligro la estabilidad del proceso de paz.
Finalmente, solicita al Gobierno de España que, en línea con su compromiso con la paz y la seguridad de los pueblos y de promoción de la vigencia integral de los derechos humanos y el Estado de Derecho, se abstenga de conceder el beneplácito solicitado por el Gobierno colombiano para el señor Néstor Humberto Martínez, así como interponer sus diligencias para que las denuncias por ocultamiento de bienes y blanqueamiento de activos que implicarían al mencionado, sean debidamente investigadas y sancionadas.
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