Magnolia Agudelo Velásquez
Quién no sabe que Mancuso era uno de los líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y que hace unos años en su desespero por cumplir una corta condena por los delitos que se le atribuyen, empezó a hacer confesiones que contribuirían a la verdad del conflicto armado en Colombia. Una de sus verdades es el hecho de que recibió órdenes de «apoyar al presidente Uribe» cuando era candidato por primera vez en 2001-2002. También es sabido que el comandante paramilitar recibió el poder de los diversos bloques paramilitares más poderosos tras la supuesta desaparición de uno de sus maestros en violencia y apropiación de tierras de campesinos en Córdoba, Carlos Castaño Gil.
El pasado 4 de agosto se llevó a cabo la “Contribución a la verdad y reconocimiento de responsabilidades” de Salvatore Mancuso y Rodrigo Londoño, comandante de las antiguas FARC-EP. El histórico encuentro tuvo como espectadoras a 18 víctimas de diferentes territorios del país que fueron afectadas por el conflicto armado, quienes estuvieron presentes para exigir la verdad sobre los responsables de tantos crímenes, masacres y desplazamientos forzados.
Según Mancuso, “comisario político” era su rol dentro del armado que comandaba, desde su ingreso en 1995. “Los comisarios políticos tenían un papel fundamental en la creación de las estructuras. Yo me reunía con alcaldes, políticos y empresarios, tenía múltiples roles”, afirmó. Asimismo, el exjefe paramilitar ha confesado que “las Fuerzas Militares a través de las Convivir” fueron los principales financiadores del paramilitarismo en Colombia, usando los recursos del Estado, así mismo, miembros de clases políticas y económicas del país también sufragaron los costos”.
Vale la pena recordar que en meses pasados en su informe de fondo de diciembre de 2017 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluye que el Estado colombiano es responsable por la violación de derechos “al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales, entre otros”. Y, asimismo, el proceso se refiere a “sucesivas y graves violaciones de derechos humanos contra más de 6.000 víctimas integrantes y militantes de la UP desde 1984 y por más de 20 años”.
Sin embargo, para el Estado las víctimas que cumplen con los requisitos legales para su acreditación son 219. Pero el jefe paramilitar acaba de asegurar que, aunque el exterminio de la UP fue ejecutado por las AUC, el plan macabro de exterminar a su militancia fue ordenado nada menos que por organismos del Estado, como la Policía, el Ejército, el DAS y la Fiscalía quienes se encargaban de entregar la lista de los asesinatos que se debían efectuar.
“Ni perdón ni olvido” ha sido nuestra consigna siempre, y por eso, en este momento es preciso recordar que Salvatore Mancuso debe una condena de 40 años como determinador del asesinato de Alejandra Camargo Cabrales, hija de la militante feminista, sobreviviente de la Unión Patriótica, Renata Cabrales, quien debido al logro de esta condena ha sido víctima, por mucho tiempo, de hostigamientos y amenazas de muerte, razón por lo cual se vio en la necesidad de abandonar el país.
Que esta verdad sirva para que actos como estos no se repitan y las mujeres nunca más vuelvan a ver correr la sangre de sus hijos e hijas en medio del absurdo de la guerra.
