José Ramón Llanos
Es necesario compartir con los lectores de VOZ algunas reflexiones sobre la captura del narcotraficante Otoniel. El primer hecho destacable es el comportamiento de la Policía, el Ejército y los cuerpos de inteligencia de esas instituciones al detener al temido Otoniel.
Este hombre es el autor material e intelectual de múltiples asesinatos y violaciones de niñas menores de edad, desapariciones forzadas y es un delincuente de extremada peligrosidad. El objetivo de las Fuerzas Armadas fue capturarlo. El director de la Policía Nacional declaro a los medios: “La decisión prioritaria es capturar a Dairo Antonio Úsuga”.
En cambio frente a las niñas y niños reclutados por los grupos guerrilleros, tanto el exministro de Guerra Guillermo Botero y el actual ministro Diego Molano, ordenaron preparar cuidadosamente el bombardeo al lugar donde se hallaban los niños. Sobre esos infantes cayeron bombas tan poderosas que pulverizaron los árboles y en el suelo quedaron profundos huecos. Este Gobierno solo tiene sevicia y muerte para los niños y protección de la vida y máximos cuidados en la conducción a prisión para los gánsteres criminales y terroristas como Otoniel.
Hay otro asunto tan grave como el destacado en los párrafos anteriores, relacionado con la captura de Dairo Antonio Úsuga, es la rápida determinación de extraditar al narcotraficante a Estados Unidos. Esa decisión es una violación de la Constitución Política que con precisión y claridad establece: “Artículo 9. Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia». Subrayado del autor.
Como se lee, las relaciones exteriores se fundamentan en la soberanía nacional. Esto obliga al presidente Iván Duque a decidir soberanamente la petición de extradición de Estados Unidos. No obsecuentemente, mansamente. La respuesta debe estar determinada por la naturaleza de los delitos cometidos en Colombia y los cometidos en los Estados Unidos. Los delitos cometidos en Estados Unidos son los de narcotráfico. Otoniel tiene en Colombia abiertos 130 procesos, seis condenas por asesinatos, desapariciones forzadas, paramilitarismo y violaciones sexuales de menores de edad, crímenes contra líderes sociales, defensores de derechos humanos, mujeres y hombres.
La extradición que está promoviendo el presidente constituye una revictimización de los atropellados por Otoniel y de los parientes de sus víctimas. Además, es una burla a la justicia colombiana y un escarnecimiento de los fiscales, jueces y magistrados que se empeñaron en judicializar y condenar a Otoniel por los crímenes cometidos.
Llegó la hora de que la Corte Suprema reivindique y priorice los derechos y la dignidad de las víctimas de delincuentes como Otoniel. Por tanto, este debe cumplir primero sus condenas aquí en Colombia, expropiarle las fincas y otros bienes que deben ser utilizados para compensar las pérdidas de las víctimas sobrevivientes y a los parientes de quienes fueron asesinados.
En cumplimiento de sus funciones la Corte Suprema tiene el deber de negar la extradición de Otoniel para amparar el derecho de las víctimas a que sus victimarios sean judicializados en Colombia y después de cumplir sus condenas aquí, extraditarlo a USA.
Afortunadamente esta burla de la Constitución Política en que se ha convertido la presidencia de Duque solo tendremos que soportarla menos de un año. En buena hora los ciudadanos están apoyando masivamente las propuestas del Pacto Histórico.
