Los crímenes del Ejército, “no solo se agotan con el asesinato de civiles, corrupción o desviación de recursos. Este no es un tema de manzanas podridas, esta es una forma muy estructurada de cometer estos delitos”, Harold Vargas
Carolina Tejada Sánchez
@carolltejada
Además de los informes que ha publicado, desde el mes de febrero, la organización Human Rights Watch, las organizaciones defensoras de los derechos humanos también han ejercido presión para que se frenen los ascensos de aquellos altos mandos militares que tienen investigaciones por la presunta responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales de la tropa.
Para el 2014, el mismo senador Iván Cepeda habría solicitado al congreso la congelación de siete ascensos, por estas mismas investigaciones, y por elementos de corrupción relacionados con recursos desviados. En la lista de ascensos se encontraba el general Nicacio de Jesús Martínez Espinel. El mismo general Juan Pablo Rodríguez había afirmado públicamente la existencia de una investigación en la Justicia Penal Militar desde varios meses atrás, sin embargo, para ese año el general fue ascendido y las investigaciones en la justicia ordinaria tampoco avanzaron.
Una lucha por la justicia
Hay que decir que en ese momento, las denuncias hablaban de la responsabilidad que Nicacio de Jesús tenía por ser el Jefe de Estado Mayor y Segundo Comandante de la Décima Brigada entre los meses de diciembre de 2004 y junio de 2006 y por haber estado al mando de las unidades tácticas involucradas en 13 hechos de ejecuciones extrajudiciales que dejaron 36 víctimas que exigían justicia.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos que han venido acompañando a las víctimas de estos hechos, continúan preparando un informe detallado sobre la 10 Brigada Blindada y estos casos se juntan con la carta que tres congresistas de los EE.UU. le enviaron al presidente Duque. En esta carta, “muestran su preocupación a propósito del debate de la comisión segunda del Senado solicitándole que, por favor, se abstuviera de ascender militares que estuvieran implicados en falsos positivos”, asegura Harold Vargas Hortúa, quien viene coordinando un equipo de investigadores sobre Justicia Transicional.
En esta misma línea, The New York Times sacó una nota en el mes de mayo, en la cual se visibiliza cómo la cúpula militar del actual gobierno ha venido reencauchando la política de falsos positivos al interior del ejército. Esta misma denuncia ya había sido expuesta por las organizaciones sociales y de derechos humanos, sin tener ningún eco en el país.
Comenta Harold que existe presión sobre las tropas para mostrar resultados, es decir, bajas en combate y se ofrecen recompensas por las que se den y “en la nota hace especial énfasis en que oficiales del ejército le han pedido a la tropa que deben mostrar bajas en combate sin implicar que esto se traduzca en alianzas con grupos paramilitares, entonces volvemos a la época del 2002-2010, en un momento en el que acabamos de firmar un proceso de paz, en el que los territorios más alejados son los que vuelven a sufrir los efectos de esta guerra, en la que se les está obligando a estar”, asegura Harold.
Una modalidad criminal
En la documentación de casos que se han sistematizado, hay un sinnúmero de hechos que evidencian unas modalidades que corresponden a un ejercicio que se puede denominar como una forma muy estructurada en la que las fuerzas militares vienen actuando: “Recuerdo un caso en el que un señor salió de su casa a comprar una torta para el cumpleaños de su hija y nunca más volvió. Él fue interceptado por el ejército y posteriormente desaparecido. Dos años después le llega la notificación a la familia de que el señor había sido dado de baja en combate y que se encontraba en una morgue en un municipio totalmente apartado del lugar en donde vivía”, comenta el abogado.
Estos casos que se han documentado continúan manteniendo la misma práctica, se interceptan civiles y por medio de engaños, promesas de trabajo o secuestro, se ejecutan estos asesinatos en muchos territorios del país. Las poblaciones más apartadas así lo han evidenciado.
Harold comenta que en la investigación que adelantan, se ha evidenciado que, mientras el ejército dice orgullosamente que tiene un sistema de control de las operaciones en terreno y un tipo de evaluación de las mismas, que es rígido y que no permite ningún tipo de errores, lo que se evidencia es que no es así.
Explica Harold que “hemos encontrado en documentos un sinnúmero de irregularidades. Por ejemplo, órdenes de operaciones firmadas días posteriores a la muerte de las víctimas, informes de inteligencia con nombres que son falsos o informantes que posteriormente fueron ejecutados por el ejército. Entonces, son engranajes de hechos criminales al interior de ejército que “no solo se agotan con el asesinato de civiles, corrupción, o desviación de recursos. Este no es un tema de manzanas podridas, esta es una forma muy estructurada de cometer estos delitos”.
Hablar de justicia es hablar de paz
La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, es una herramienta que, gracias al proceso de paz, busca garantizar la verdad sobre el conflicto y sobre los responsables intelectuales de estos crímenes en el país. Sin embargo, desde que se posicionó el actual presidente, Iván Duque, han querido empantanar los acuerdos de paz y enredar el papel de la misma JEP. Por otro lado, han avanzado en modificar su política de seguridad y defensa, lo cual implica el ejercicio de volver a la guerra y premiar a quienes cometen crímenes en medio de la exigencia de mostrar resultados.
“Cuando The New York Times muestra los testimonios de altos mandos militares, cómo se les exigen resultados y se les exponen los territorios y batallones en donde no están combatiendo, como una forma de presionarlos para que ejerzan combates, así sean ficticios, por supuesto, es responsabilidad del actual ministro de Defensa. Estos elementos no son nuevos, lo hemos venido denunciando desde hace años, sin que la justicia colombiana y el presidente reaccionen sobre el tema”, relata Harold.
En este momento, muy pocos oficiales han sido condenados por estos crímenes, asimismo, ningún alto mando. Aquí hay una verdad que debe conocer el país, asegura el abogado y enfatiza que es momento de que “se conozcan los mandos que dieron órdenes de ejecutar estas acciones, la dilatación de los procesos de investigación, así como el pacto de silencio entre los militares. Tenemos procesos de 10 o 15 años sin respuesta de la justicia”.
Solo gracias a las versiones de otros militares es que se ha podido llevar a Henrry Willian Gómez Escalante, que fue comandante de la brigada 16, a la JEP. Este es el único comandante que ha sido llevado a juicio por ejecuciones extrajudiciales. La justicia no ha sido capaz de llamar a altos mandos a declarar y como afirma Harold: “Por eso es importante llevar estos casos a la JEP. En casos de ejecuciones esta justicia especial solo lleva uno hasta ahora, de falsos positivos. También se han priorizado algunos territorios para conocer este tipo de crímenes, pero no se puede quedar solo en algunos territorios, se debe tener en cuenta todo el territorio nacional”.
