Autoridades aseguran que, aprovechando el malestar originado en un intento por reforma al sistema de pensiones, la reacción quiso dar un “golpe suave” contra el gobierno sandinista
Ricardo Arenales
Una reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, que contempla un aumento en los aportes de pensiones para los trabajadores, de hasta el 7 por ciento, y al mismo tiempo una disminución en la mesada pensional que reciben, del 5 por ciento, provocó una encendida protesta social que se extendió como reguero de pólvora por ciudades, empresas, universidades, barrios y otros importantes sitios de concentración social.
Ante las dimensiones del malestar ciudadano, voceros del gobierno sandinista de Daniel Ortega indicaron que sectores de la derecha nacional e internacional, interesados en desestabilizar el sistema democrático en ese país, habrían puesto en marcha un plan, a la luz de las denominadas técnicas de ‘golpe suave’, con la anuencia del Departamento de Estado y la Usaid, de los Estados Unidos.
Las autoridades sindicaron al disidente Movimiento de Renovación Sandinista, MRS, como una de las formaciones sociales que actuaron detrás del complot golpista, con el apoyo de varias ONG opositoras y medios de comunicación de la burguesía. Para confirmar la sospecha, por esos días el administrador de la Agencia Norteamericana para el Desarrollo, Usaid, Mark Green, dijo que su gobierno continuará apoyando la participación (protestas) “libres y seguras de la sociedad civil nicaragüense”. Dijo que “los Estados Unidos creen que es imperativo que trabajemos en estrecha colaboración, para respaldar el papel vital que todos ustedes (organizaciones de la sociedad civil) desempeñan”.
Reacción justa
Lo cierto es que fue impresionante la movilización social, por una medida a todas luces impopular. En el mundo hay una ofensiva generalizada por desmontar el régimen de pensiones de los trabajadores, incrementar el monto de sus aportes, extender la edad de jubilación, buscando prolongar la vida laboral del trabajador, hasta límites extenuantes que hagan inexistente el retiro pensional. El gobierno sandinista debió prever una reacción semejante, ante una medida que no iba a gustar.
Las protestas callejeras comenzaron el 18 de abril pasado. En pocas horas, las manifestaciones se habían repetido en varias ciudades, en universidades y otros lugares. Grupos de personas comenzaron a saquear supermercados y aparecieron elementos armados, que tenían cocteles molotov, pistolas y armas semiautomáticas. Bloquearon avenidas, en un hecho que analistas de ese país calificaron como la réplica de las denominadas ‘guarimbas’ en Venezuela.
A pesar de que el presidente Daniel Ortega anunció la suspensión del proyecto de reforma a la seguridad social y está dispuesto a dialogar con los empresarios y los promotores de las protestas, la movilización continuaba, se habían producido 30 muertos, numerosos heridos, detenidos y daños materiales. En Managua colapsó el comercio debido a los saqueos, y a que avalanchas de personas se lanzaron a comprar productos para tener reservas en sus hogares.
Un estallido social real
Ortega aseguró que la reforma buscaba fortalecer el sistema de pensiones mediante la distribución de responsabilidades entre las empresas y los trabajadores, evitar la privatización del servicio, mejorar la atención médica y garantizar la seguridad social para todos. Dijo que “habrá que trabajar en una mesa de diálogo, para una nueva resolución y mejorar el sistema de pensiones”. Estamos claros que hay que buscar una solución al tema de la seguridad social, permitiendo la sostenibilidad de las empresas para garantizar el empleo, puntualizó el mandatario nicaragüense.
Sobre los hechos, pues, hay al menos tres versiones: la de la derecha y de Estados Unidos, que dicen simplemente que en Nicaragua hay una dictadura y la gente reaccionó en consecuencia. La del gobierno, que habla de una conspiración de la derecha para perpetrar un golpe. Y, finalmente, la de algunos sectores de la izquierda independiente, que aseguran que se produjo un estallido social real, producto de un descontento social, ante una medida absolutamente impopular.
El malestar se ha venido acumulando durante años, producto de contradicciones entre el gobierno y el pueblo, pero también con sectores capitalistas que nunca fueron desalojados del poder. Las medidas antipopulares se refieren, por ejemplo, a la construcción de un canal interoceánico que provoca graves daños ecológicos; la actividad extractivista minera que lesiona el medio ambiente, y la reelección presidencial sucesiva, que causa un natural desgaste en el ejercicio del poder.
