Las manos de criminales, a quienes hoy la comunidad vincula con el actuar de los grupos paramilitares, serían los responsables del secuestro y posterior asesinato de Jefferson Andrés Arévalo Robayo, un joven campesino de Puerto Rico, en el departamento del Meta, hijo de sobrevivientes de la Unión Patriótica, y quién el pasado martes 21 de agosto, hombres armados lo sacaron amarrado de su finca ubicada en la vereda El Danubio y se lo llevaron sin rumbo fijo. Mientras el hombre era secuestrado, su esposa Gladys Tirado, fue violada e intentaron degollarla. La mujer fue trasladada al hospital de Granada para ser internada en la Unidad de Cuidados Intensivos, mientras se esperaba que Andrés apareciera con vida, sin embargo la situación no fue así.
El clamor de una familia
Los hermanos de Andrés, en medio del clamor por encontrar con vida a su hermano, denunciaron a través de los medios de comunicación los hechos, ellos aseguraron que todo se llevó a cabo sobre las diez de la mañana, “cuando ellos llegaron a trabajar a la finca, a mi hermano se lo llevaron hombres encapuchados y a su esposa la violaron y maltrataron, su garganta fue cortada. Un vecino de la vereda la encontró a la orilla de la carretera, inmediatamente dio aviso a la comunidad para auxiliarla”.
Igualmente exigieron que el gobierno les brindara garantías de seguridad y aclarara los hechos pues señalan que el Ejército estuvo rondando el área en donde se cometieron los crímenes, “la móvil cuatro del Ejército estuvo rondando el área de El Danubio, pedimos esclarecer los hechos, y que nos brinden garantías, a mí y a mis hermanos y que hagan lo posible por encontrar con vida a mi hermano, porque nosotros somos víctimas del genocidio que hubo contra la Unión Patriótica”.
Los jóvenes relataron que desafortunadamente en el 2003 en el municipio de El Castillo, grupos paramilitares pertenecientes al denominado Bloque Centauros en el municipio, torturaron y asesinaron a su señora madre, Luz Marina Robayo, su cuerpo fue encontrado con señales de tortura en el puente sobre el río La Cal. Por esta situación, que califican como sistemática en contra de su familia por su vinculación política, es que le pedían al “Estado que nos brinde seguridad y que nos ayude a encontrar con vida a mi hermano”.
Sin embargo, este clamor que se extendió a nivel nacional, no fue suficiente, a Jefferson Andrés lo encontraron sin vida el día jueves en inmediaciones al lugar de donde fue raptado y su esposa aún continúa con pronóstico reservado en el hospital de Granada.
A través de sus redes sociales, la Senadora de la República y presidenta de la Unión Patriótica Aída Avella, denunció los hechos y llamó al gobierno nacional a buscar salidas a estos hechos criminales que perpetúan el genocidio contra esta colectividad. En menos de un mes ya van dos sobrevivientes de la Unión Patriótica asesinados, sin que el Estado dé cuenta de los responsables materiales o intelectuales de estos hechos. Mientras tanto el clamor por la verdad y por la necesidad de desvertebrar los grupos paramilitares que asechan a las comunidades, continúa a oídos sordos de las instituciones.
Organizaciones de derechos humanos llamaron a la comunidad nacional e internacional a prestar atención sobre estos casos así como al asesinato de líderes sociales que cada día se presentan en todo el territorio nacional.
