El gobierno de Iván Duque y el uribismo encontraron en el brutal ataque a la Escuela de Policía General Santander, reivindicado por el Ejército de Liberación Nacional, con su resultado lamentable en víctimas mortales y heridos, una oportunidad sin igual para intentar cambiar la configuración política a su favor.
En ningún escenario de análisis, podemos encontrar réditos favorables para el ELN en este operativo, ni en lo militar y mucho menos en lo político. La factura es altamente costosa y lo vamos a pagar los colombianos que estamos por una alternativa política y la construcción de una paz completa. No solo ayudó a poner cerrojo a la puerta de la negociación política al conflicto armado, garantizándole al gobierno realizar su ambición de apuntalar la guerra, sino que le entregó un renovado aire tanto en el orden de la política interna, como en su papel de mandadero de los intereses norteamericanos en la región.
Gracias al atentado, el giro en la orientación de la opinión pública intenta reivindicar al Fiscal cuestionado, poner un segundo plano las denuncias contra la corrupción en las elites, esconder la violencia policial y del Esmad, ampliar el camino para el incumplimiento de los acuerdos con la FARC, empoderar el discurso fascista que legitima las acciones violentas contra los líderes sociales, y colocar al uribismo en un lugar de privilegio en el debate electoral territorial, en especial en Bogotá. Como si fuera poco, ha servido de plataforma para atacar a los gobiernos de Cuba y Venezuela que han aportado tanto a la construcción de la paz en el país.
Sin embargo, hay que decir que no estamos en el mismo momento político del 2002 o 2008, donde el guerrerismo exhibía una gran hegemonía en el país. Los intentos por convertir el repudio nacional al atentado en un apoyo a las políticas del gobierno Duque, no han dado el resultado esperado para la ultraderecha. La marcha convocada el pasado domingo, no tuvo la respuesta de otras ocasiones. No porque no se fuera solidario con las familias de las víctimas y no se rechazara el atentando, sino porque existe una gran desconfianza por el oportunismo del gobierno uribista y porque a pesar del momento, las voces a favor de la paz se mantienen.
La previsible decisión de Duque de cerrar la puerta del diálogo y la calculada exigencia al gobierno cubano de romper los protocolos y extraditar los negociadores elenos, no ha encontrado una cerrada ovación. Las voces disidentes a la guerra, no son marginales ahora, el acuerdo de paz con la FARC demostró que la posibilidad de la negociación es cierta. Adicionalmente, la corrupción de las élites, la violencia contra los liíderes sociales y las medidas económicas seguirán siendo realidades que no podrán ocultar los hechos recientes.
Hoy hay una opinión ciudadana que no se amedranta ante los toques de diana de la guerra, que no traga entero y que debe tener en las fuerzas alternativas una respuesta unitaria y coherente para enfrentar el actual momento y seguir insistiendo en que la salida política y negociada es el único camino para terminar el conflicto armado.
Es necesario, renovar la iniciativa de los movimientos sociales por la paz, articularse al sentimiento ciudadano de poner fin a la guerra, exigir el cumplimiento de lo pactado con las FARC, trabajar por una política de paz del Estado colombiano, solidarizarnos con los gobiernos de otros países que han empeñado su esfuerzo por la paz en Colombia, acompañar a las nuevas generaciones que no quieren vivir en la barbarie y abrir espacio a la audacia y valentía de los jóvenes que como Andrés Garzón en Medellín le hizo frente a los fanáticos del odio con su camiseta “No a la guerra de Duque y Uribe”.
