El gobierno del Centro Democrático, que basó su campaña política en la denuncia inminente del castrochavismo como amenaza principal, ha asumido una actitud excepcionalmente hostil contra Venezuela al desestimar la continuidad de las relaciones diplomáticas normales a nivel de embajadas e insistir en la peregrina propuesta de denunciar al presidente Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Santos había anticipado este escenario al avinagrar las relaciones, sumarse a la hipócrita OEA y retirar a Colombia de Unasur.
Cartagena es en este momento el puerto anfitrión del Ejercicio Naval Militar Unitas 2018 (30 de agosto a 12 de septiembre), orientado a la preparación de una intervención en Venezuela. Estados Unidos que lidera esta operación ha ubicado frente a la Ciudad Heroica el barco-hospital USNS Comfort, bajo el pretexto de ayuda humanitaria a migrantes venezolanos, que cuenta con helipuerto y capacidad de recibir helicópteros de guerra. La reciente visita de James Mattis, secretario de defensa, el continuo monitoreo al país por Kurt Tidd, jefe del Comando Sur y el anuncio de la visita oficial de Trump, no son hechos desprovistos de interconexión.
En medio de un proceso de paz, los gobiernos de Santos y Duque involucran al país en un complejo de subordinación militar creciente, doctrinaria y estratégica a la geopolítica estadounidense, que es una prolongación forzada de la contrainsurgencia en contextos de conflicto de baja intensidad y de guerra social de clase. Termina formalmente la guerra irregular, pero se continua la guerra estructural, como exterminio selectivo. Ahora bien, frente al cambio de época en el plano hemisférico, para un país como Colombia que intenta avanzar en la construcción de un nuevo momento de su historia la pregunta es ¿Puede prestarse dócilmente para ser el instrumento de una agresión a Venezuela, sin que ello no desate los “nuevos demonios sociales” de la época, igualmente crecidos y ávidos de cambios? Duque despeja su preocupación al precisar el énfasis en la intervención colectiva, en las virtudes de la Carta Democrática de la OEA, parcialmente puesta en marcha de facto por el Grupo de Lima: bloqueo económico y diplomático colectivo, cerco mediático en apología al golpe de Estado y la desestabilización ídem. En un punto crítico el paso siguiente es la provocación y el choque bélico.
Sin embargo, desde el propio establecimiento voces sensatas aparecen. Son coincidencias necesarias en principios irrenunciables: No intervención militar y respeto al derecho de autodeterminación, solo el pueblo venezolano puede resolver y decidir su destino. La solidaridad de los pueblos acompaña y ayuda a detener el intervencionismo imperialista. La solidaridad y el internacionalismo son parte del deber moral de apoyar el derecho de los pueblos a defender sus conquistas y su institucionalidad, surgida de procesos legítimos de cambio revolucionario. No hay posición intermedia justificable cuando derecha e imperialistas tratan de destruir y ahogar en el bloqueo criminal, la penuria y la prepotencia militar la extensa voluntad de un pueblo, mucho menos de un pueblo hermano entrañable como el pueblo venezolano.
