La minería a cielo abierto es una industria que origina inmensos impactos ambientales, visuales, humanos y culturales
Iván Posada Pedraza
Entre 2013 y 2017 siete poblaciones del país mediante consultas populares y acuerdos municipales se han pronunciado contra actividades minero–energéticas en sus territorios. Las dos últimas tuvieron lugar en Pijao, Quindío y Arbeláez, Cundinamarca. Llama la atención que en las jornadas realizadas a la fecha, el no a la minería ha ganado en forma contundente con más del 95 por ciento. En Cajamarca, Tolima por ejemplo, el no a la minería obtuvo un 98,8 por ciento para que la multinacional AngloGold Ashanti, AGA no ejecute el proyecto “La Colosa” para la extracción de oro en minas a cielo abierto.
El profundo malestar de la población contra la explotación intensiva de los recursos naturales radica en la implementación de la locomotora minero – energética en el país en los últimos veinte años. Es la aplicación del modelo neoliberal que le asigna a los países menos desarrollados el papel de exportadores de materia prima y recursos minero-energéticos a los países industrializados que poseen la tecnología para transformar esta materia prima y recursos en bienes de capital y de consumo. En este contexto el gobierno nacional otorga toda clase de facilidades a las transnacionales para la explotación y comercialización de los mismos. Las poblaciones donde se lleva a cabo esta actividad han experimentado las graves secuelas en materia ambiental, en salud, y en lo económico y social.
En lo ambiental la minería invade espacios de la fauna y la flora, desvía las fuentes hídricas alterando el equilibrio ecológico y pone en riesgo el suministro del líquido a futuro para la agricultura y para las poblaciones. Por ejemplo, Drummond Ltda, empresa norteamericana dedicada a la explotación y comercialización del carbón en Colombia, en 2013 fue declarada culpable de verter cerca de 1800 toneladas de carbón sobre las aguas y playas de Ciénaga, Magdalena a causa del inadecuado transporte del material. Los trabajadores de esta multinacional crearon la Asociación de Enfermos de Drummond por presentar enfermedades profesionales relacionadas con la minería de carbón, entre ellas cáncer de pulmón. En Montelíbano, departamento de Córdoba, la mina a cielo abierto para la explotación de níquel, la comunidad indígena Zenú tuvo que instaurar una acción de tutela por violación a los derechos a la salud y al ambiente sano por cuanto los habitantes de esta comunidad presentan enfermedades respiratorias y gastrointestinales, dada la cercanía con la citada mina.
Lo económico y laboral
La minería representa tan solo el 1,7 por ciento del PIB, o sea, que no es un gran generador de riqueza y en cuanto a empleo, según el DANE (2016) este sector ocupa unas 170.000 personas en empleos formales. Esta industria no aporta al desarrollo del país pues se limita a la actividad exclusivamente extractiva sin generar valor agregado. En refinación de crudo apenas se cuenta con las plantas de Barranca y Cartagena (Reficar) con las cuales se aspira a cubrir a futuro la demanda interna de combustibles y sus derivados.
Impacto socio económico
Estudios de la Contraloría General de la Nación señalan que los peores sitios para habitar en Colombia son las poblaciones mineras, donde el índice de pobreza alcanza el 75 por ciento, y en los petroleros el 64 por ciento; en tanto, en los municipios que no realizan estas actividades, el índice de pobreza se reduce al 41 por ciento. En lo social, la población rural tiene un fuerte arraigo con los recursos naturales y han experimentado que la minería contamina y acaba con el agua, los desplaza de sus territorios y al final, les modifica radicalmente sus hábitos de vida.
La participación
Especialistas en derechos colectivos y protección del territorio aseguran que los resultados de las consultas son vinculantes y de obligatorio cumplimiento por parte de las autoridades que deben materializarse en los acuerdos municipales bajo la premisa que la comunidad tiene poder de decisión sobre el uso del suelo y subsuelo de sus territorios.
El panorama del extractivismo en Colombia es preocupante en el mediano y largo plazo. Estadísticas de la Agencia Nacional de Minería y de la Agencia de Hidrocarburos, indican que en cerca del 85 por ciento del territorio nacional se han otorgado títulos mineros o existen solicitudes de exploración. Ante este hecho otros municipios se alistan a organizar las respectivas consultas ciudadanas para aprobar o rechazar la minería: en Cundinamarca, Pasca, Cogua y Fusagasugá; numerosos municipios del Meta, Quindío, Caldas y Antioquia, en total unas 15 consultas en lo inmediato.
El voto contra la minería por parte de la ciudadanía contiene un mensaje implícito de sí al agua, a la vida y a un ambiente sano. Es la búsqueda de un modelo de desarrollo equilibrado que tenga en cuenta las necesidades de la población por encima de los intereses particulares de las empresas nacionales y extranjeras que pretenden un extractivismo desaforado y depredador de la naturaleza y sus recursos.
