Existió sobre la Unión Patriótica un genocidio, lo ha dicho de manera contundente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Redacción política
La presidenta de la Unión Patriótica le extendió una fuerte carta al director del Centro de Memoria Histórica, Gonzalo Sánchez, tras conocer algunos apartes de la investigación que esa institución viene realizando sobre el partido político nacido tras los acuerdos de cese al fuego en La Uribe, Meta, entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las FARC-EP.
La molestia de la presidenta de la UP, Aída Avella, se basa en el hecho que la investigación señala que, a pesar de la sistemática violación de derechos humanos en contra de la militancia de ese partido, el caso siga siendo catalogado como un exterminio y no como un genocidio político. Así mismo, es incomprensible para la senadora electa, que la investigación, cuya fuente son los testimonios e investigaciones realizadas desde hace tres décadas por la Corporación Reiniciar, que agrupa a las víctimas de la Unión Patriótica, sea utilizada para llegar a la conclusión de que fueron perseguidos, desplazados, desparecidos y asesinados sus militantes o sus familiares por la teoría de la “combinación de las formas de lucha”.
“Como víctima y presidenta del partido político Unión Patriótica jamás han escuchado mi versión. Descartar el genocidio político como hipótesis en la investigación desarrollada sobre nuestro partido, es no sólo desconocer las miles de voces y testimonios resultantes de la investigación -coordinada por Yezid Campos- que así lo sustentan; sino que es también desconocer la argumentación y tipificación que sobre esta victimización ha realizado la jurisprudencia colombiana. Que exista hoy en día la tipificación de este delito, ha sido posible gracias a la incansable labor de los sobrevivientes de la Unión Patriótica que han arriesgado su vida en la labor de denuncia en Colombia y en los distintos espacios de derechos humanos en el mundo”, señala la misiva de Avella.
La tesis sobre la “combinación de las formas de lucha”, que señala la investigación del Centro de Memoria Nacional, ha sido la manera como desde finales de la década del ochenta hasta hoy, los gobernantes y dirigentes políticos pretenden desconocer la responsabilidad del Estado en el genocidio.
“Ninguno de nuestros compañeros fue asesinado en ningún combate con la guerrilla, fueron asaltados en sus casas, en su trabajo, en la universidad o cerca de sus lugares cotidianos. Llego a pensar que la mayoría de los casos fueron fusilamientos a un grupo de personas que creyó en un acuerdo de paz y en las garantías que este les daba para hacer política, y por ello es inaceptable cualquier interpretación destinada a justificar este genocidio”, indica Avella.
La “combinación de las formas de lucha” resulta opuesta a los escasos fallos de la justicia al respecto. La Corporación Reiniciar ha venido haciendo un seguimiento juicioso a los fallos condenatorios al Estado en casos puntuales y se develan al menos tres elementos. El primero indica que el Estado fue permisivo frente al genocidio pues no quisieron actuar para defendernos. En segundo lugar, que el Estado actuó en complicidad con los victimarios; y por último, que el Estado actuó directamente, como en el caso de Manuel Cepeda Vargas, en el cual los suboficiales involucrados fueron condenados.
Por eso señala la presidenta de la UP: “En este sentido expresamos una vez más, como lo hemos venido haciendo durante más de treinta años, que mientras respiremos y tengamos vida no permitiremos que se distorsione nuestra historia, bajo el argumento de que los “expertos” la escribirán, sin nosotros. Nuestra voz vale y debe de ser tenida en cuenta en cualquier estudio sobre nuestra experiencia que el Centro Nacional de Memoria Histórica desee realizar”.
La petición de la Unión Patriótica al Centro de Memoria Histórica Nacional es contundente: “se abstenga de publicar alguna investigación o informe sobre la Unión Patriótica, teniendo en cuenta que no han hecho un proceso respetuoso, ni han garantizado la participación efectiva de las víctimas a lo largo del mismo. En la etapa de la edición y escritura del texto no se ha tenido en cuenta la voz de Reiniciar ni de quien en su momento coordinó la investigación (Yezid Campos), ni los resultados arrojados por la misma y mucho menos la voz de las víctimas y sobrevivientes de la UP, como es la obligación y como lo había prometido reiteradamente el Centro Nacional de Memoria Histórica en cabeza de su director desde el 2014”.
