Duque no solamente tenía información de las maniobras del Ejército y de la Dirección Nacional de Inteligencia para atacar a los llamados “blancos políticos”. El presidente también rodea a los altos mandos militares, a quienes señala de impecables, mientras el congreso de los EE.UU. adelanta una indagación por presunto engaño y violación de los protocolos acordados para acabar con el crimen organizado, por parte del Ejército Nacional. Esa es la manzana podrida
Carolina Tejada Sánchez
@carolltejada
En diálogos con VOZ, el senador Iván Cepeda comentó que, una de las razones por las cuales acudieron a la comunidad internacional, a Human Rights Watch y al congreso de los EE.UU., es porque: “hemos aprendido en esta larga historia de persecuciones y de montajes, interceptaciones, seguimientos, toda clase de métodos de represión y de persecución de la izquierda política y también del movimiento social y democrático, a desarrollar múltiples formas de acción de defensa en el plano político comunicacional y jurídico”.
Confiesa que parte de las lecciones que han aprendido, es que no se puede limitar la acción de denuncia, ni de búsqueda de protección a las instituciones del Estado colombiano: “por la sencilla razón de que, de muchas de esas instituciones provienen las fuentes de riesgo y peligro y, porque, en este caso, las amenazas a la libertad de expresión y los derechos políticos y la propia integridad no se hace desde un grupo secundario, insignificante, sino desde un aparato que tiene un gran poder”.
Una de las grandes preocupaciones que tienen los senadores demócratas del país, es que, si las denuncias que se han hecho son ciertas, habría que partir del hecho de que la nómina de presuntos implicados comienza: “A partir del comandante del Ejército, el General Nicacio de Jesús Martínez, que está comprometido en múltiples escándalos, por un lado, por las organizaciones de los derechos humanos y también por nosotros mismos en el proceso de ascenso”.
El general que hoy se encuentra de vacaciones, antes de dar paso a la vida civil, tiene en su contra varias denuncias por su responsabilidad en los casos de falsos positivos, desvío de recursos y corrupción en el Ejército, entre otros elementos. El mismo senador Cepeda se habría encargado meses atrás de “Hacerle serios reparos al proceso de otorgamiento de nuevas posiciones en la jerarquía militar. Pero, obviamente, si el implicado más visible es el comandante del Ejército, la pregunta más obvia es ¿y quién da órdenes a un oficial de semejante jerarquías? Él no recibe órdenes sino del jefe de Estado y del ministro de Defensa”.
Para este senador, es difícil pensar, de acuerdo a la investigación que adelantó la revista Semana, que esta fue una iniciativa a motu proprio del general Martínez, y que además les entregará información a líderes políticos del partido de gobierno: “Entonces, ante una ofensiva de semejante aparato criminal, esto no se resuelve con una denuncia ante la Fiscalía, entre otras cosas, porque la misma Fiscalía está involucrada en otros escándalos que son equivalentes”.
Comenta que además tienen otros dos hechos que también han sido revelados por los medios de comunicación, y que han aparecido en esos escándalos, testimoniando, por una parte: “Las revelaciones que hizo un miembro del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, y un ingeniero que hacía parte de una de las salas de interceptación, de apellido Gómez Góngora. Lo que dicen estos miembros de la Fiscalía es que, desde las salas de interceptación de la Fiscalía, haciendo uso de equipos muy sofisticados, se estaban también haciendo interceptaciones”.
Hay un tercer hecho, del que habla Cepeda, exclamando que: “Como si lo anterior fuera poco, se trata de un grupo privado de fiscales, actuando con miembros de la policía en retiro, que tenían una especie de oficina de interceptaciones por encomienda, que es la revelación de la W Radio, con la filtración de una lista que encabeza el expresidente Juan Manuel Santos, entre otros líderes políticos y congresistas del país”.
Por esta razón es que organizaciones de los derechos humanos, y este grupo de congresistas, y en particular, Iván Cepeda, cuestionan que bajo estas condiciones de impunidad, pero además de vinculación de fiscales en este tipo de casos, “cómo apelar sólo a la fiscalía si ellos, de alguna manera, están involucrados, no basta con esas denuncias, hay que apelar a los mecanismos internacionales, en este caso a la comisión norteamericana, también a los congresistas estadounidense, puesto que se ha sabido que parte de los recursos financieros y tecnológicos provenían de la ayuda que da EE.UU. a la lucha contra el crimen organizado en Colombia”.
Militares colombianos estarían engañando al congreso de los EE.UU.
Este ha sido un tema que ha generado interés, especialmente para los miembros de la Cámara de Representantes y del Senado de los EE.UU., pues les interesa saber en qué se están invirtiendo los impuestos de los ciudadanos de su país. Por eso Iván Cepeda y Roy Barreras, apelaron a la oficina de los congresistas Patrick Leahy, el senador más antiguo del Congreso de Estados Unidos y que hace parte del comité de apropiación del país del norte, y el representante a la cámara Jim McGovern. Ambos congresistas hacen parte del Partido Demócrata. Igualmente, se reunieron con la comisión de relaciones internacionales del congreso. Este equipo de congresistas estadounidenses prepara un debate sobre el uso que en Colombia se le estaría dando al dinero que este país entrega y si está destinando para trámites ilegales.
Las chuzadas, como acto ilegal, señaladas incluso de ser más graves que las chuzadas de la época de Uribe Vélez, contaban con un sistema de inteligencia informática, el cual fue comprado para tal fin. Las Fuerzas Militares, según información encontrada, destinaron recursos de inteligencia militar y los equipos adquiridos conocidos como Stingray, para interceptar las señales de telefonía celular a corta distancia, más un sistema informático denominado Hombre Invisible, el cual fue adquirido en el mes de septiembre del año pasado, tuvo un costo de $3.000 millones. La compra se habría hecho a una empresa española llamada Mollitiam Industries.
A dicha compra, por ser una herramienta para la inteligencia, se le identificó como de carácter de ultrasecreto, lo que implicó que la relación de la misma compra fuera directa sin mayores detalles.
El contrato, que fue revelado por El Espectador, resalta que habría una reserva de 30 años, que es considerado como de mucha sensibilidad, dadas las posibilidades de llegar a afectar las relaciones diplomáticas entre el Gobierno colombiano y otros extranjeros. Situación que genera mayor suspicacia entre los directamente afectados, y que sin lugar a dudas, ha suscitado mucho interés entre los congresistas de los EE.UU.
Según dice dicho contrato, la definición de mucha sensibilidad corresponde a que: “Con el uso de esta herramienta se logra realizar una búsqueda y recolección de información y fijación de objetivos de interés nacional”, además de otros recursos tecnológicos, necesarios para la ejecución de este programa, en el contrato se le exigió a la empresa proveedora del software, brindar una capacitación teórico-práctica para seis integrantes del Ejército Nacional, entre otras cosas en temas de “password cracking”, que traduce; descifrado de contraseña. Según Cepeda: “Cuando los congresistas y sus asesores escucharon este tipo de cosas pues, era de esperar que les motivara mayores inquietudes”.
Los políticos colombianos también se reunieron en Washington con José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Luego de la visita de los senadores, el mismo Vivanco aseguró a los medios nacionales que este es un tipo de violación muy grave: “Es un hecho escandaloso de mucha gravedad, porque no solo invade la privacidad de aquellos que están siendo chuzados, interceptados, viola elementos esenciales de un sistema democrático de gobierno donde tú tienes servidores públicos, personal del Ejército utilizando instrumentos de interceptación que son perfectamente legales en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”.
Asegura, por otro lado, que lo más importante es verificar o determinar si los equipos utilizados para chuzar hacen parte o no de las donaciones que han hecho los EE.UU. para apoyar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. “En Washington, lo que importa determinar es si se han violado los acuerdos en función de los cuales estos equipos han sido facilitados por los EE.UU. con control del congreso. No son las agencias las que arriendan, no, aquí hay un régimen jurídico en donde el Congreso tiene la obligación de ser informado de los términos, etc., Si estos equipos se han facilitado y la agencias del Ejército -colombiano- las han utilizado para conseguir información privada de políticos, periodistas y defensores de DD.HH., es un hecho de la mayor gravedad y será algo que vamos a impulsar en Washington”.
Según Cepeda, es clave lo que el congreso de los EE.UU. indague, puesto que la revista Semana dice que fueron las agencias estadounidenses que operan en Colombia las primeras que pusieron las alarmas sobre lo que ocurría, es decir: “las que descubrieron que están utilizando unos equipos muy sofisticados para obtener información, se la estaban entregando al Ejército y también, que unos dineros que se habían entregado, supuestamente para obtener información de fuentes humanas, estaban parando en los bolsillos del Ejército nacional, quienes a cambio de esos dineros entregaban información que bajaban de internet”.
Dicha realidad, condujo no solo a que los senadores hablaran con el parlamento de los EE.UU., “también vamos a hablar con los organismos de Naciones Unidas, el parlamento europeo y con los gobiernos de Europa que tienen cooperación con Colombia, porque hoy en día en este mundo globalizado, estos asuntos no son solamente de competencia de las autoridades colombianas”.
No son manzanas podridas: es un aparato criminal
La hoja de vida de Nicacio de Jesús Martínez ha estado manchada con varios crímenes de lesa humanidad sobre los cuales hoy las víctimas, reclaman justicia. Cuando Nicacio se desempeñaba como comandante en jefe del Ejército, en el año 2005, varios delitos se cometieron bajo su mando y la misma Human Rights Watch le hizo entrega el año pasado al exministro Botero y al presidente Iván Duque de las pruebas que lo vinculan como responsable, sin que eso ameritara un proceso de investigación que conllevara sanciones contra el comandante.
Por ello, se cuestiona el hecho de que hoy se señale desde el Gobierno nacional, de que se investigaran los hechos de las chuzadas, pero que solo se trata de “unas manzanas podridas”, queriendo desviar la magnitud del problema.
Al delegado para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, lo que le sorprende es que, a pesar de existir investigaciones judiciales que demuestran los nexos de altos mandos militares con los paramilitares, con pago de testigos y otros falsos positivos, el Gobierno nacional no proceda. La Corte Penal Internacional, CPI, mantiene un proceso contra Colombia precisamente por los crímenes de nueve de los altos mandos militares en los que se encuentra Nicacio de Jesús Martínez, “la justicia colombiana lo que ha hecho es ensañarse contra la tropa, pero hay un carlismo de doble estándar hacia los que comandaban esas unidades que han llegado a ser generales”, afirma Vivanco.
La investigación que mantiene contra Colombia la CPI, que es la máxima instancia de investigación penal en el mundo, es por estos crímenes mal llamados falsos positivos. Pero, afirma Vivanco, no porque Colombia no ha hecho la tarea respeto a investigar o sancionar a la tropa; “sino porque no hay ningún general”. Entonces, “cuando en el congreso -refiriéndose al debate sobre los ascensos de militares del año pasado- cínicamente dicen: lo vamos a promover porque no ha sido condenado por ningún delito, pues bueno, eso es lo que explica la situación que se vive en el Ejército, donde hay muchos que llegan a tener las máximas responsabilidades y están involucrados en gravísimas violaciones a los DD.HH.”.
La sumatoria de información en la que se involucra a la cúpula militar es desbordante, en un país con garantías de derechos y con una justicia impecable, muy seguramente no se estuviera hablando de manzanas podridas mientras se encubre a los altos mandos militares, por el contrario, ya se habría intervenido una institución que a simple vista, tiene muchos secretos y crímenes que resguardar y que se sigue amparando en el poder de la inteligencia militar, so pretexto de la seguridad nacional, para cometer todo tipo de vejámenes. La pregunta es ¿a quién benefician esos crímenes, por qué es intocable la cúpula militar?
En junio del 2019, Iván Cepeda, junto a Antonio Sanguino y Roy Barreras, le entregaron información muy detallada al presidente de la República sobre los crímenes en los que están involucrados los mandos militares. En la información que entregaron los congresistas reportaban una serie de reuniones que se estaban haciendo entre miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia, para atacar a lo que llaman los blancos políticos.
Según cuenta el senador Cepeda, la información fue absolutamente desestimada: “Y no hubo ninguna respuesta, ni en la Fiscalía, ni por parte de la presidencia de la República. Por eso sostenemos que es mentira lo que afirmó el Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo en una rueda de prensa, pocos días después de rebelarse esta información, en el sentido de que el gobierno no tenía ningún dato, ninguna noticia sobre este tema. Nosotros tenemos todas las pruebas de que se habían puesto las alarmas de manera oportuna”.
Otra de las cosas que los congresistas le anunciaron al presidente Iván Duque fue lo relacionado con el Ejército y el allanamiento que se hizo en el Batallón de Ciberinteligencia acerca de todo lo que supuestamente ha capturado la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría, la necesidad de preservar esa información y la necesidad de conocer cuáles eran los militares que estaban relacionados en el caso y la relación de lo que estaba ocurriendo en la Fiscalía en la época de Néstor Humberto Martínez. Estas situaciones en la dirección nacional de inteligencia.
Relata Cepeda que: “Creemos que no es una sola agencia, ni un solo responsable, sino que son múltiples personas que están actuando, al menos, con tres propósitos determinados: hacerle daño al Acuerdo de Paz, obstruir a la justicia en casos tan importantes como la investigación que adelantan contra el representante Álvaro Uribe Vélez, y contra la oposición política y los periodistas que hacen investigaciones críticas en el país”.
