Ante la indignación ciudadana, el Gobierno responde con una masiva violación de los derechos humanos
Jenny María Solis
@Jemasolis
El uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD, ha sido la protagonista desde el inicio de las movilizaciones dadas en el marco del paro nacional, convocado desde diferentes sectores alternativos, centrales obreras, movimientos sociales y estudiantiles y gentes del común, para rechazar la reforma tributaria propuesta por el gobierno que busca cubrir el hueco fiscal existente.
Retenciones arbitrarias, desapariciones, violencia física contra cientos de manifestantes, disparos a los ojos y el cuerpo con armas no convencionales, acceso carnal violento y al menos nueve muertos, son el saldo de la represión estructural de un gobierno neoliberal debilitado por su incompetencia y desfachatez. Así lo reflejan un sin número de videos, audios y comunicados de organizaciones defensoras de derechos humanos, que a través de redes sociales circulan desde el primer día de paro el 28 de abril que se recrudecen al pasar las horas.
No es la primera vez que una jornada de movilización social en Colombia, se ve fuertemente reprimida. Desde las primeras resistencias indígenas en la década de los 10´ y las primeras organizaciones de trabajadores por la década de los 20´, el estado colombiano ha venido intensificando su política contrainsurgente y no son pocas las víctimas que ha dejado en su camino de consolidación y putrefacción; hoy, el pueblo colombiano, es nuevamente agredido con brutalidad.
Tratamiento de guerra a la protesta
Desde diferentes organizaciones de derechos humanos, centrales obreras, organizaciones comunitarias, barriales, sociales, parlamentarios y concejales, se ha denunciado el tratamiento de guerra que el gobierno nacional ha dado a las legítimas manifestaciones de miles de personas que rechazan otra reforma tributaria, la tercera en lo que va del gobierno actual, que ataca fiscalmente, imponiendo el pago de nuevos impuestos, el bolsillo de los más pobres y de la denominada clase media, en momentos en los que el país atraviesa una de las peores crisis socio-económicas y sanitarias de los últimos tiempos, agudizada además, por la negligencia y nepotismo de un gobierno al servicio de los sectores económicos más poderosos.
El paro nacional indefinido, que inició el 28 de abril, evidenció de forma arrolladora el descontento de una gran parte de la población colombiana, con la dictadura impuesta por el presidente Iván Duque y su partido de gobierno, quienes actúan a espaldas del país y de cara a las transnacionales y el capital financiero. El #29A y el #1M, permitieron conocer la fuerza de la sociedad colombiana que, en diferentes ciudades y municipios, se mantuvo en las calles de forma pacífica rechazando no sólo la reforma, sino exigiendo renta básica, que cese el asesinato de líderes y lideresas sociales y excombatientes, bajar los salarios de los parlamentarios, en una frase, exigiendo vida digna, no obstante las agresiones por parte de la fuerza pública y el silencio absoluto y cómplice de la prensa hegemónica, también fueron protagonistas.
Otra masacre es perpetrada bajo el desgobierno del presidente Duque. A pesar de que la movilización social en Cali, ha sido contundente y se mantiene viva a pesar de la violencia estatal desatada, la rueda de prensa convocada por organizaciones de derechos humanos como la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, en la noche del 30 de abril en Cali, permitió evidenciar la criminal respuesta contra las y los manifestantes en la ciudad, el reporte es aterrador. Según se ha podido conocer, al menos 14 personas fueron asesinadas, de estas, 8, al parecer, fueron asesinadas por el Grupo de Operaciones Especiales de Seguridad GOES, en el sector Calipso y otras zonas de la ciudad.
Además, se reporta que al menos 86 personas fueron detenidas arbitrariamente tres más están desaparecidas, entre estas, un menor de edad. Así mismo, una mujer denuncia haber sido violada por un miembro del ESMAD. Sobre las siete de la noche del #29A, cientos de ciudadanos reportan un apagón en el oeste de la ciudad acompañado de disparos por parte de la fuerza pública, al estilo de la sangrienta Noche de los lápices. El día #1M, la violencia se desata y se denuncia el arresto de defensores y defensoras de derechos humanos y del líder social Alfredo Mondragón Garzón, quienes gracias a la labor del senador Arias, fueron dejados en libertad horas más tarde.
En ciudades como Pasto, se conoce que al menos 500 personas, han sido retenidas en el coliseo del barrio obrero, como en los peores hechos de la dictadura chilena de Pinochet. Desde el Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos, se advierte de dicha situación y se denuncia la revictimización de los familiares de los detenidos, que fueron violentados por personas vestidas de civil que los despojaron de sus documentos de identidad.
Así mismo, se denuncia la captura de defensores y defensoras de derechos humanos que, en ejercicio de sus legítimas y legales funciones de acompañamiento a las y los manifestantes, fueron llevados en camiones de la policía a ser judicializados. Durante la jornada del primero de mayo, se sostiene el hostigamiento y represión a las y los manifestantes. Además, en la Plaza de Nariño es tumbada la estatua de Antonio Nariño, acción que ha sido cuestionada por varios y defendida por otros.
Bogotá, no se quedó atrás a pesar del llamado del secretario de Gobierno, de agotar el diálogo social antes de ordenar acciones a la fuerza pública para intervenir las manifestaciones. En todas las localidades de la capital, especialmente, en Suba, Kennedy, Engativá y Fontibón, el despliegue de fuerza disponible y la brutalidad de sus ataques contra la gente en las calles, fue protagonista durante toda la jornada.
Incluso, el centro comercial Nuestro Bogotá, del que son dueños los hijos del expresidente y exsenador Uribe, fue acordonado por tanquetas y motorizados de la policía nacional, frente al llamado ciudadano de desplazar la movilización hasta el sector, incluso, se conoció, en denuncia hecha por la concejala Heidy Sánchez, que varios jóvenes en estado de indefensión, en medio de la arremetida de la fuerza pública contra las y los manifestantes, fueron retenidos y llevados a los parqueaderos del centro comercial. Todo lo anterior, bajo el silencio de la alcaldesa.
En Bello, Pereira, Neiva, Yumbo, y muchos otros municipios, se han denunciado graves violaciones a los derechos humanos, la constante, abusos de autoridad, desproporcionalidad en el uso de la fuerza, policías sin identificación, motos con placas que no se pueden identificar, policías que disparan a quemarropa a las y los manifestantes, detenciones arbitrarias, falsos positivos judiciales, entre otras, son algunas de las acciones que hacen urgente el desmonte del ESMAD y la restructuración de la Policía Nacional.
Discursos temerarios
Como se conoce en la historia de Colombia, los gobernantes, después de criminalizar la protesta social y llamar al orden constitucional, exacerban la violencia de la fuerza pública y el ESMAD contra la población civil movilizada. Ejemplo de esto, el día 29 de abril, el expresidiario, expresidente y exsenador de la república Álvaro Uribe Vélez, en su cuenta de Twitter expresó: “apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”.
El mensaje por supuesto, desató una ola de críticas más que legítimas desde diferentes sectores, por su carácter incendiario y represivo y avivó los recuerdos de la reciente historia nacional, que, bajo la política del enemigo interno y las prácticas genocidas de los mal llamados “falsos positivos” han llenado sangre y terror la vida nacional. Fue tal la presión, que el mensaje fue bloqueado en la red social, por infringir las reglas de publicación según confirmó la red social.
Así mismo, el presidente Iván Duque, el ministro de Defensa Diego Molano y representantes de la derecha colombiana, han venido justificando irresponsablemente, los actos desmedidos de la fuerza pública, arguyendo, como novedad, el concepto de “terrorismo de baja intensidad” que según advierten, debe ser enfrentado con total contundencia. Militarizar las ciudades y aumentar el pie de fuerza en la sucursal del cielo, ya con más de 1.700 efectivos enviados, son la contundente respuesta, por demás estéril y sorda del estado en Colombia, que deja como saldo decenas de muertos, cientos de retenidos y heridos a lo largo y ancho del país.
Conmemoración masiva
A pesar de la brutal represión en toda Colombia, estudiantes, trabajadores, sectores campesinos, indígenas, centrales obreras, transportadores, organizaciones sociales y gentes del común no organizadas, salieron a las calles a conmemorar y festejar el día internacional de las y los trabajadores. Desde Cali, Wilson Arias, senador de la República, quien ha estado de forma permanente en las calles acompañando a las y los marchantes, la jornada del Primero de Mayo la calificó como una fiesta y aprovechó para denunciar la inhumanidad de la represión vivida en Cali y el resto del país. “Los caleños no se van a dejar manipular por parte del gobierno, no, esa reforma la tumbamos en una fiesta popular en Cali”. Y sentenció: “en Colombia se cocina un estado dictatorial, compañeros y compañeras”.
En todo el territorio nacional, se siguen sumando personas a la ola de indignación frente a la guerra impuesta por el estado colombiano contra las poblaciones empobrecidas y marginadas del país. En ciudades como Bogotá, la fiesta de la clase obrera se desarrolló aproximadamente en 11 puntos de la ciudad; localidades como San Cristóbal, Suba, Kennedy, Fontibón, Ciudad Bolívar, se movilizaron de forma contundente.
Incluso, la concentración citada en el Parque Nacional, ante la negativa del Distrito Capital de permitir la llegada de la marcha a la Plaza de Bolívar, como se ha hecho durante los últimos años, decidieron caminar hacia el norte y terminar frente a la casa del Presidente Duque, en inmediaciones de la Calle 147 con 9a, donde otra vez la violencia estatal, se hizo presente. Así mismo sucedió en sectores como el Tintal, Bosa, el barrio Policarpa y el centro de la ciudad, en este último, un joven fue asesinado por un agente del ESMAD, quien apuntó contra su cuerpo y por la gravedad de la lesión, murió casi de forma inmediata.
Pese a lo anterior, desde todos los sectores sociales la invitación es a mantenerse en las calles, para rechazar la brutalidad policial y exigir las reformas que el pueblo colombino requiere para alcanzar una vida digna.
¡Sólo el pueblo organizado salva al pueblo!
