Se agudizó la violencia contra los comuneros en la zona norte del departamento del Cauca, y poco o nada se ha dicho sobre su contexto político y económico. Tampoco de la muestra de resistencia étnica por la pervivencia en el territorio, el derecho a la tierra y la defensa de una cultura ancestral. La violencia paramilitar quiere acabar con todo, en medio de la negligencia del gobierno de Duque
Carolina Tejada Sánchez
@carolltejada
El norte del departamento del Cauca, no solo posee una gran confluencia étnica, dada la presencia afrocolombiana, indígena y mestiza, también tiene un campo geográfico rodeado de diversidad de recursos naturales, tierra fértil en medio de las Cordilleras Central y Occidental, colindante con los departamentos de Valle, Cauca, Huila y Tolima. Los municipios que la conforman son: Santander de Quilichao, Buenos Aires, Suárez, Puerto Tejada, Caloto, Guachené, Villa Rica, Corinto, Miranda, Padilla, Jambaló, Caldono y Toribío. Es dueño además, de una herencia de dinámicas y propuestas organizativas que se sustentan en la defensa de los derechos de las comunidades que se ha arraigado en los pobladores de estos municipios.
La disputa por los recursos y la tierra
La actividad agroindustrial, en particular de la caña de azúcar, se ha impuesto desde los años cincuenta como la principal actividad económica de la zona. Sin embargo, no quiere decir que sea el principal motor que favorezca la economía familiar, y mucho menos, a la naturaleza o el derecho a la propiedad de la tierra. Desde los años cincuenta ingresan los grandes ingenios a esta zona del país, y las comunidades ancestrales iniciaron su proceso de denuncia sobre la apropiación de extensos terrenos de tierra que fueron destinados a producción privada de la caña de azúcar. La ganadería extensiva, la agricultura y la extracción minera, en mediana y baja proporción, también hacen parte de otras actividades económicas.
En la medida en que crecían los ingenios, concentrados cada vez más en pocas familias tradicionales del Cauca, se redujeron la vida agrícola, las pequeñas parcelas y, por ende, la espesa composición de la flora y fauna, desmontada a fin de cultivar la caña en lotes y planicies. El principal recurso hídrico de este territorio tampoco se salvó de la intervención de las maquinarias azucareras. El río Cauca es la principal fuente hídrica, y alrededor de su cuenca están varios de los municipios que conforman la zona norte del departamento. La población se alimenta y pervive gracias a esta fuente natural de vida.
Sin embargo, en los años ochenta, los ingenios optaron por controlar el caudal del Río Cauca para evitar que las plantaciones azucareras se inundaran y fue así que construyeron una represa que afectó masivamente a la población lugareña, sobre todo la habitante de la parte alta. La construcción de la Represa de La Salvajina, como se le denominó, se hizo sobre una zona destinada a la explotación aurífera y agrícola que la represa se comió. El desplazamiento de los habitantes y la pobreza fueron entonces los efectos secundarios y, quienes se quedaron en el territorio, quedaron divididos en sus propias veredas por el embalse. El trabajo minero local se redujo, mientras que compañías mineras de multinacionales como la AngloGold Ashanti, Asnazú, Gold Dredging Limited, entre otras, copaban terreno.
La disputa entonces de las mismas comunidades indígenas, afros o campesinas, no solo ha sido con la industria azucarera, cuyo poder está en manos de, entre otras familias, de la senadora de derecha, integrante del Centro Democrático, Paloma Valencia.
Las exploraciones inconsultas, la explotación de recursos naturales y el despojo son violaciones frecuentes en estos territorios y se han incumplido convenios internacionales como el 169 de la OIT y la Constitución Nacional, en especial la Ley 70 de 1993.
Según este panorama, no es un capricho que las comunidades del Norte del Cauca, reclamen derechos y garantías sobre su territorio o que demanden mayor inversión social para la supervivencia de la población. La pobreza y la miseria han aumentado en la medida en que llegó el despojo y que los recursos hídricos se intervinieron. La siembra de la mata de coca, marihuana o amapola ha sido por varios años una fuente de recursos para cubrir las necesidades de la economía familiar. El abandono del Estado también propició la presencia de grupos armados, así como del narcotráfico, que han prolongado su estadía luego del Acuerdo de Paz, que instó el desarme de la guerrilla de las FARC-EP.
La búsqueda de la paz, la tierra y el derecho al territorio
Esta búsqueda era también la esperanza de encontrar en las pasadas elecciones a la presidencia de Colombia, un rumbo diferente. El norte del Cauca votó por quien se acercaba a ese anhelo. El 65% de la población votante le dió el voto, en todo el departamento del Cauca, a Gustavo Petro. En el municipio de Toribio el 88.35% fue para el candidato Petro en relación a un 10.50% para Iván Duque, ese mismo comportamiento electoral se vivió en Corinto, la votación para el candidato Petro fue del 67% sobre un 29% de Duque, en el municipio de Guachené la votación fue de 77.18% para Petro sobre el 20.53% para Duque.
Este comportamiento electoral tenía una intencionalidad desde la población: garantizar que desde el gobierno central se cumpliera con los acuerdos de paz, con la suspensión de las licencias de explotación minera, se frenara la expansión de la industria azucarera que arrasaba con los derechos de los pobladores, así como con el creciente movimiento del narcotráfico y la presencia paramilitar.
Sin embargo, la masiva votación no lo logró, la corrupción electoral no permitió que el candidato de la Colombia Humana llegara a la Casa de Nariño. El presidente de derecha electo, Iván Duque, copartidario de los dueños de los ingenios azucareros del Cauca, no solo ha incumplido los acuerdos firmados en La Habana, también ha permitido, por acción o por omisión, la expansión de los grupos paramilitares y hoy, como consecuencia, en el norte del Cauca se cierne una violencia en contra de sus cuidadores milenarios.
48 horas de violencia e impunidad
Desde la llegada del nuevo gobierno de Iván Duque, la guerra contra la población en el Cauca se acrecentó. De manera recurrente han venido asesinando líderes de la región. Dos masacres de comuneros y trabajadores enlutaron al departamento el último día del mes de octubre y los primeros días de noviembre.
Que pare el genocidio indígena, decía la población mientras el pasado 2 de noviembre los indígenas, como ellos mismos lo definen, sembraban en la tierra a la gobernadora Cristina Bautista Taquinás, del resguardo Tacueyó, los comuneros Asdrúval Capayú, Eliodoro Finscue, José Gerardo Soto, Jamer Wilfredo Soto, asesinados a bala por grupos paramilitares de la región el pasado 31 de octubre. En esta masacre también quedaron heridos José Norman Montano, Matías Montano, Crecencio Peteche, Dora Rut Mesa, Rogelio Taquinas.
Días después asesinan a otros jóvenes trabajadores, ingenieros y topógrafos que adelantaban labores en esta misma región. El 2 de noviembre en Toribío fue asesinado Alexánder Vitonás Casamachín, indígena de 18 años de edad. Ese mismo día atentaban contra uno de los guardias indígenas.
La situación de violencia ha conmovido a todo el país: el senador indígena Feliciano Valencia se refirió al asesinato de las cuatro personas masacradas en Tacueyó: “Querida hermana y valiente mujer autoridad ancestral del territorio de Tacueyó municipio de Toribío, Cristina Bautista, hoy más que nunca estamos de luto y lloramos tu temprana partida de esta tierra junto a cuatro guardias indígenas masacrados sin misericordia por criminales cuando cumplían el ejercicio de control territorial. Ojalá algún día estos criminales paguen tanta brutalidad cometida en contra de civiles que luchan por defender los territorios. En memoria a ustedes seguiremos resistiendo, gloria en la eternidad compañeros, compañera”.
“Lo que pasa en el Cauca es una estrategia política”
VOZ dialogó con Darío Tote, consejero Mayor del pueblo Kokonuco, quien hace parte de la comisión política del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC y de la comisión mixta de la Minga del Sur Occidente. Tote comenta que el análisis que hacen los pueblos indígenas del Cauca “es que están matando la vida, la esperanza. Están matando el derecho a ser diferentes. Nosotros creemos que es una estrategia del gobierno de ultraderecha de este país, porque los pueblos indígenas estamos en contra de la presencia de las multinacionales en los territorios”.
Para este comunero, los indígenas, afros y campesinos se han opuesto a las políticas de ultraderecha, y asegura en represalia: “ellos quieren acabar el colectivo, la sonrisa, la ternura, y ese es el resultado que hoy tenemos: nos asesinan y masacran. En menos de ocho días nos han masacrado siete comuneros”.
Desde el CRIC y otras organizaciones indígenas, como la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, han pedido al Gobierno nacional que se lleve a cabo el cumplimento de los acuerdos de paz y de los demás pactos que hasta ahora se han firmado en función de garantizar los derechos de las comunidades, sin embargo, y pese a la movilización social, el gobierno se niega a cumplirles la palabra.
“Lo que pasa en el Cauca es una estrategia política de la ultraderecha que va en contra de nuestros pueblos indígenas, de nuestra cosmovisión pacífica. Entonces, han tratado de involucrarnos con los actores armados, con el narcotráfico, con la delincuencia, pero creemos que es una estrategia que va en contra de todo aquel que se oponga a las políticas del gobierno y contra las políticas de un partido que se llama Centro Democrático, que quiere mantenerse en el poder, y somos los pueblos ancestrales, originarios la piedra en el zapato, desde hace 525 años, para los distintos gobiernos de este país”. afirma Tote.
En su relato, también asegura que ellos, los indígenas, son unos convencidos del control territorial, “pero no por los actores armados. No queremos presencia de policía, de ejército, de paramilitares, de guerrilla, de narcotráfico. Hay propuestas groseras e irrespetuosas por parte del gobierno de Iván Duque y de la ministra del Interior, donde proponen groseramente que la guardia y las autoridades indígenas coordinemos con ellos, propuesta que rechazamos profundamente. Dentro de nuestra cosmovisión pacífica, no vamos a perder nuestra autonomía”.
Las comunidades indígenas, desde su cosmovisión son pacíficas, constituyeron, como derecho al que tienen, una guardia indígena para proteger el territorio sin la necesidad de las armas, por eso se niegan a coordinar con cualquier ejército para someter a otro en sus territorios.
Desde la coordinación Colombia Europa EE.UU., “Es motivo de preocupación el accionar de la fuerza pública y la falta de garantías estatales que garanticen una política de seguridad para detener este repudiable exterminio y garantizar la vida e integridad de quienes se encuentran en contextos de conflicto y graves crisis humanitarias debido al accionar violento por parte de organizaciones criminales ligadas al narcotráfico”.
Llaman al gobierno de Duque a implementar los acuerdos, y señalan: “Estas circunstancias se han venido agravando a causa de la notoria negativa del gobierno del presidente Iván Duque de implementar los compromisos estatales del acuerdo de paz, y especialmente por su rechazo a cumplir con las medidas en materia de garantías de seguridad, especialmente las relacionadas con el desmonte del paramilitarismo, que debían ser acordadas e implementadas en el marco de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que el presidente se ha negado a convocar, a presidir y garantizar una pronta puesta en práctica de sus funciones”.
Movilización por la vida
Por eso, nuevamente están planteando: “hacer un diálogo con el gobierno de Duque, se supone que es el gobierno quien debe garantizar la vida, pero no lo está haciendo. Él dice que no tiene garantías para hablar con la Minga del sur Occidente, entonces nosotros estamos proponiendo ir a su casa. Pero queremos ir marchando para hablar con la gente, recogiendo los dolores de los distintos sectores de la sociedad, del afro, del campesino, del desplazado, del que le han matado su familiar, y esperamos que la capital de la república también participe activamente de esta movilización, que repito, no puede ser de un día”.
Para Tote, la movilización por la vida y la pervivencia debe ser nacional, por eso llama a que todos los sectores se movilicen: “Hay una quietud, hay una ceguera, hay miedo, y los pueblos indígenas queremos invitar a romper el miedo para caminar, para rebelarnos contra este gobierno que lo que ha hecho es asesinar la vida y la esperanza. Pero no una movilización de ocho horas o un día, porque eso no sirve, queremos una movilización que mueva al país. Al que le duela el país lo llamamos a marchar, a caminar la rebeldía, para defender el amor y defender la vida”.
Para Aída Quilcué, otra líder indígena del Cauca y quien también dialogó con VOZ, una de las causas de esta situación humanitaria “es el tema territorial, quieren desestabilizar el proceso del movimiento indígena. Desde hace rato la Corte Constitucional había afirmado que existía un exterminio físico y cultural, pero ahora en el marco de lo que está sucediendo en el territorio, hemos visto que hay un genocidio de los pueblos indígenas”. Comenta además, que el gobierno se ha pronunciado, pero eso no ha sido suficiente si no se protegen los territorios.
El llamado que como comuneros le hacen al país, es contundente: “A veces nos sentimos solos porque solamente pasan los muertos en las noticias, pero no se hace nada. Nosotros estuvimos un mes en la Panamericana, en la Minga del Sur Occidente el año pasado, y a pesar de que nos dieron un trato militar, el país no se conmovió y están bien los llamados de solidaridad y los comunicados, pero no es suficiente. Cuando nos están matando no podemos dormir, no podemos quedarnos quietos y nos toca actuar”, reflexiona Tote.
