Los incumplimientos parciales y continuos del Estado colombiano, acumulados en estos 10 meses, ante lo pactado en La Habana y firmado en Bogotá, han llegado a su máximo nivel de tolerancia por parte de una gran parte de la sociedad colombiana que anhela la paz, o como diría el Papa, el Estado colombiano y el gobierno nos quieren arrebatar “la alegría y la esperanza”.
Y se debe recalcar que debe hablarse del incumplimiento del Estado, porque no es solo el gobierno, es la justicia (Fiscalía y jueces), son los órganos de control (Procuraduría), es el Congreso, son los órganos e instituciones de seguridad y defensa (Ministerio de Defensa), son los partidos en el poder (la Unidad Nacional, Centro Democrático), es Planeación Nacional, es el Consejo Electoral y es sin duda la corrupción rampante en los ministerios y entes descentralizados (Odebrecht)
Los incumplimientos se expresan en la falta de garantías para los más de 7 mil insurgentes en la reincorporación colectiva, social, económica, la no ejecución de las amnistías e indultos de decenas de insurgentes aun encarcelados, algunos de ellos han muerto esperando dichas ejecuciones. El fiasco en que se ha convertido la selección de los magistrados del Tribunal y la Salas de la JEP, una gran parte de ellos vinculados y creyentes en la doctrina de seguridad nacional y el enemigo interno. Hoy está en peligro la aprobación de las 16 Zonas de Circunscripción Especial Electorales negando la participación de sectores y territorios históricamente excluidos del sistema político. La falta de garantías para líderes y lideresas con más de 100 asesinados desde que se firmó el acuerdo. Y no avanzan las leyes y medidas concretas que le den desarrollo al punto uno de Reforma Rural Integral y del punto 4 de Sustitución de Cultivos Ilícitos.
El Estado colombiano espera que el país se quede pasivo ante tanta desidia e irresponsabilidad, esperan que asumamos la inexorabilidad del fracaso del proceso, pero no será así, tenemos algo más fuerte que todo el Estado y las instituciones irresponsables e incumplidas. Este 12 de octubre no es solo una minga indígena, será ante todo una gran movilización y organización de los múltiples procesos organizativos, de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que habitan los territorios, los partidos políticos que defendemos la paz, los ciudadanos de las grandes ciudades, los maestros y trabajadores saldremos a la calle en defensa de la paz y de la implementación de los acuerdos de La Habana. El 12 de octubre habrá una sanción social a este Estado de conejos y evasivas. No nos quitarán la esperanza ni la alegría.
