Durante dos días estuvo el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres. Llamó a mayor inversión social en la “Colombia marginada”, a cumplir con el Acuerdo de La Habana e instó al Gobierno y al ELN a retornar a la mesa de diálogo en Quito
Hernando López
La visita del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, a Colombia, el fin de la semana pasada, fue rápida pero fructífera. El alto funcionario internacional le dio un espaldarazo a la paz en Colombia, a la implementación del Acuerdo Final de La Habana, a la necesidad de la inversión social en la “Colombia marginada” e instó al Gobierno nacional y al ELN a regresar a los diálogos en Quito. Le quedó tiempo para ir a Mesetas, Meta, donde se reunió con exguerrilleros de las FARC-EP y Mauricio Jaramillo del Consejo Político Nacional del partido FARC.
En Mesetas se le vio impactado por el contacto con los antiguos combatientes guerrilleros que “ahora trabajan por la construcción de su futuro”. Se refirió a la necesidad de que esta región como las que son parte de la “Colombia marginada”, en especial las que fueron epicentro del conflicto con las FARC, requieren de prosperidad y soluciones sociales como demandan las comunidades. Guterres fue consciente que la paz sin soluciones sociales no es posible. El Estado debe llegar a estas regiones con voluntad de paz, con soluciones sociales y brindando seguridad, son elementos esenciales que se desprenden de sus intervenciones. Hay que acelerar la presencia del Estado en las regiones más apartadas, demandó el Secretario General de la ONU.
Se refirió al tema de la seguridad en las regiones agrarias. Expresó su preocupación por el asesinato de defensores de derechos humanos, líderes sociales y excombatientes, para los que reclamó protección y presencia del Estado en las regiones.
El tema social
António Guterres insistió en el tema social. Señaló que debe acabarse con la “dualidad” entre la “Colombia próspera y la Colombia marginada”. No pasó sin advertir los niveles de pobreza en Colombia y la enorme desigualdad social. “Hay una Colombia profunda que reclama demasiadas soluciones sociales, la deuda social del Estado es de muchos años de injusticia social y de políticas para favorecer a los que concentran la riqueza”, declaró un vocero del partido FARC. “Eso lo conocen en las Naciones Unidas”, agregó.
El Secretario General de la ONU se reunió con el presidente Juan Manuel Santos y con los dirigentes del partido FARC. Escuchó acerca de las dificultades del proceso de implementación del Acuerdo de La Habana que deforman lo que fue pactado por las dos partes. En el entendido que el Gobierno suscribió el documento a nombre del Estado.
Iván Márquez intervino en la reunión con António Guterres y, además, de reafirmar el inquebrantable compromiso con la paz, que no tiene reversa, dejó en claro serias observaciones a lo que define como incumplimientos del Estado.
La trampa de la renegociación
Márquez dijo:
“El proceso de paz de Colombia debe ser preservado como referente y ejemplo para la solución de conflictos en un mundo que necesita la paz como el aire para respirar. Que el sentido común nos ilumine para consolidarlo. Una vez más pedimos al Gobierno nacional hacer respetar la obligación del Estado, de cumplir con lo acordado en La Habana sin cambios que desfiguren la esencia de lo pactado”.
“La implementación normativa de los acuerdos fue convertida en una suerte de re-negociación, que aparte de atropellar principios como el de Pacta Sunt Servanda y el de buena fe, derivó en desfiguración del texto y el espíritu de lo acordado. No se ha adjudicado un solo centímetro de tierra a los guerrilleros, ni se han ejecutado los desembolsos necesarios para el inicio de proyectos productivos. Urge la distribución y formalización de la propiedad de la tierra para las comunidades rurales, tal como lo consigna el acuerdo sobre RRI. Apartándose del énfasis en los derechos humanos, la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito se impuso sobre la sustitución voluntaria, que era la base de la nueva política antidrogas convenida. La Reforma Política se hundió en las mezquindades del Congreso, e igual suerte corrieron las Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz. La JEP, elemento cardinal del Acuerdo, fue deformada en los debates del Legislativo, al punto que la Ley Estatutaria aprobada, es una trampa para colocar a los insurgentes en manos de la jurisdicción ordinaria, a fin de someterlos al Derecho Penal del Enemigo(…)”.
Márquez explicó que los cambios a la JEP excluyen a terceros, como funcionarios y particulares involucrados en el conflicto y, además, le resta independencia y le introduce más limitaciones a la participación política de los miembros de las FARC. Con la decisión de impedir que los defensores de derechos humanos sean miembros de la JEP, se discrimina su participación porque el mismo tratamiento no se da a los que defendieron a miembros de la fuerza pública o a paramilitares. Trece meses después de haber aprobado la amnistía no se conoce el fallo de la Corte Constitucional sobre la ley que la aprobó.
Denunció que “la Fiscalía ha impedido la puesta en marcha de la Unidad Especial de Investigación de crímenes del paramilitarismo contemplada en el numeral 74 de la JEP. Y ha bloqueado las necesarias reformas constitucionales para que esta unidad pueda funcionar con autonomía dentro de la Fiscalía General de la Nación”.
La visita del Secretario General de la ONU deja por tierra los argumentos de los enemigos de la paz en el sentido que las Naciones Unidas tiene reparos al Acuerdo Final de La Habana. Guterres no dejó dudas de su pleno respaldo, como lo ha hecho también el Consejo de Seguridad. La ONU es alidada para el logro de la paz.
