“No podemos permitir que se repita la tragedia ni las soluciones militaristas, es necesario que la presencia institucional se realice de manera integral, sostenida en el marco del más absoluto respeto por los derechos humanos”, dicen personalidades antioqueñas
Alberto Acevedo
Las autoridades metropolitanas de Medellín, incluyendo las de policía, hicieron derroche de declaraciones a raíz de la detención de un capo del microtráfico y la extorsión, conocido con el alias de ‘Juancito’ y aseguraron a la ciudadanía que con el delincuente entre rejas, bajaba notablemente la presión de las bandas delincuenciales en la capital antioqueña.
Organismos defensores de derechos humanos de la ciudad, por el contrario, consideran que la captura del delincuente, por quien se había ofrecido una millonaria recompensa a quien lo delatara, no pasa de ser un distractor, por cuanto las causas sociales que originan no solo altísimos niveles de delincuencia, sino elevados índices de desigualdad y exclusión social, que le sirven de caldo de cultivo, continúan presentes.
La actividad delincuencial en la capital antioqueña va más allá del prontuario delincuencial de alias ‘Juancito’. La verdad es que tanto en el área metropolitana de la ciudad, como en varios municipios del Valle de Aburrá y en veredas vecinas, se ha articulado una verdadera red de bandas o combos, la mayoría entroncados con el paramilitarismo, que se dedican no solo al microtráfico, sino a la exportación de estupefacientes en gran escala, utilizando un corredor de salida por el Golfo de Urabá, y que en este nivel cuentan ahora con el concurso del Cartel de Sinaloa.
Crisis humanitaria
La novedad de esta ola de violencia, que se prolonga por espacio de varios meses es que, de acuerdo con el criterio de las autoridades, estamos en presencia de una disputa territorial. Lo grave es que tal enfrentamiento tiene sumida a Medellín en una crisis humanitaria, cuya dimensión aún no ha sido asimilada por las autoridades ni por la comunidad.
Este es el criterio de defensores de derechos humanos al conocer el dramático aumento de homicidios, las amenazas contra padres de familia que se oponen al reclutamiento forzado de sus hijos a estructuras criminales; el cobro de vacunas a propietarios de almacenes, tiendas, a choferes y propietarios de buses, el monopolio en la distribución de estupefacientes en pequeña escala.
En las últimas semanas se han presentado enfrentamientos armados, especialmente en las horas de la noche, pero también en el día, incluso muy cerca de las escuelas de primaria y secundaria. Además del aumento de los homicidios, hay restricciones a la movilidad de los ciudadanos, y en no pocos barrios, toques de queda ilegales.
En abril pasado, el incremento de los homicidios fue del 48 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado. La Comuna 13 de Medellín ha sido epicentro, no solo de homicidios, sino del cobro de extorsiones y amenazas a empresas y propietarios de buses, lo que ha provocado ceses de actividades en el transporte público de pasajeros. Pero en los meses de marzo y abril, estos enfrentamientos se han repetido en la Comuna 7 de Robledo; la 15 de Guayabal, y la 13 de San Javier.
Solo el 25 de abril se presentaron seis muertes violentas, un cese de actividades en varias rutas de buses, suspensión temporal de la línea J del metrocable, retenes, y toque de queda en 12 barrios. Los conflictos se han extendido a las comunas 8, 10, 13 y 16 y a los corregimientos de San Antonio y Altavista.
Control social
Hace cinco años, la Defensoría del Pueblo, a través de su Sistema de Alertas Tempranas, dijo que en Medellín, más de 18 mil niños y jóvenes de cuatro comunas y dos corregimientos, estaban en riego de ser reclutados por grupos armados, particularmente Los Urabeños y La Oficina. Se trata de jóvenes entre los 10 y 19 años de edad, y la alerta temprana hacía referencia a las comunas 8, 10, 13 y 16 y a los corregimientos de Altavista y San Antonio.
El ministerio público dijo por su parte que unas 15.000 mujeres de las comunas 10 (La Candelaria), 13 (San Javier) y 16 (Belén), “están expuestas a actos de explotación sexual con fines comerciales, acto o acceso carnal violento, prostitución forzada o esclavitud sexual”. Los más altos índices de feminicidios se han registrado precisamente en esas comunas.
Estos grupos armados, dicen organismos de veeduría, realizan además acciones de control político y social, por medio de amenazas, persecución contra líderes comunitarios, organizaciones de mujeres, de defensores de derechos humanos, grupos artísticos y juntas de acción comunal.
El pasado 27 de abril, bajo el nombre “Alcalde Federico: #NosDueleMedellín, unas 80 organizaciones sociales, culturales, comunitarias y de derechos humanos, con el respaldo de casi 200 firmas de personalidades de la capital antioqueña, dirigieron una carta al gobernante local, expresando su preocupación “por la agudización de las confrontaciones armadas y la violencia en varias comunas y corregimientos de la ciudad de Medellín, situación que evidencia un problema de gran magnitud que debe ser reconocido y abordado de manera integral por las autoridades municipales”.
No a soluciones militaristas
Tras de hacer un recuento de los principales hechos de violencia, los firmantes de la carta puntualizan: “es momento oportuno para manifestar que nos duele Medellín, que no podemos permitir que se repita la tragedia ni las soluciones militaristas, que es necesario que la presencia institucional se realice de manera integral, sostenida en el marco del más absoluto respeto por los derechos humanos, que se deben tender puentes para abrazar nuestros territorios, defender la vida y promover la paz”.
El documento invita a las autoridades y a los organismos con vocación de proteger los derechos humanos, “a realizar seguimiento permanente a la situación de derechos humanos en la ciudad, hacer presencia en los territorios más conflictivos, activar rutas de protección de derechos humanos y coordinar con la administración municipal estrategias para evitar toda manifestación de violencia, fruto de la confrontación armada”.
Las personalidades que suscriben el documento proponen al gobierno local facilitar escenarios de diálogo con líderes sociales, no estigmatizar a los habitantes de las zonas de mayor conflictividad social y vencer el miedo a la solidaridad.
