A 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Colombia es una vergüenza mundial
Redacción Derechos Humanos
Ya hace 70 años que, un 10 de diciembre de 1948, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un importante acontecimiento después de que, tres años atrás, se acababa de vivir el fin de la Segunda Guerra Mundial. La proclamación de la promoción y protección de los derechos en todas las naciones, llegó de manera contundente, nunca más el mundo quería volver a vivir los graves acontecimientos de aquella guerra en contra de la humanidad. La igualdad, justicia y libertad, se integraron en aquella declaración como parte del respeto fundamental de los derechos humanos, y se supone como pilar imprescindible, como parte constitutiva de la paz.
Colombia, nada que conmemorar
Desde la llegada de la firma de los acuerdos de paz, el mundo esperaba que Colombia, un país que ha visto crecer todas sus generaciones en medio de la guerra y la barbarie, iniciara el camino de la reconciliación y la tranquilidad de la paz y el progreso, en sus diversos territorios. Sin embargo, a 70 años de proclama de la declaración universal de los derechos humanos y, a dos años de la firma de los acuerdos de paz, el país no cesa su larga noche de violencia, de discriminación, injusticia y ausencia de libertades para el conjunto de su población.
Desde la llegada del gobierno de Iván Duque, las violaciones a la vida, a la integridad física e incluso a la paz en los territorios más recónditos del país aumentaron.
Particularmente, desde el siete de agosto a la fecha, los pueblos indígenas de Colombia no paran de denunciar la sistemática estrategia de extermino hacía sus comunidades. En este corto tiempo, han registrado 36 asesinatos, de ellos 32 hombres y 4 mujeres, más de 61 personas amenazadas, 52 hombres y 9 mujeres, 20 atentados, un herido a causa de una mina antipersona, sin contar con el terror que ha venido creciendo en los territorios en donde la presencia de grupos armados relacionados con el paramilitarismo, asedia a sus habitantes.
Ante esta tragedia, dos hechos queremos resaltar; el pasado viernes 23 de noviembre, en horas de la noche, cuatro sujetos encapuchados y fuertemente armados ingresaron de forma violenta a la vivienda de la familia Díaz Tapasco, ubicada en el centro poblado del Resguardo Indígena de San Lorenzo. En esta incursión asesinaron al líder comunitario e indígena Serafín Díaz, a su esposa, la señora María Gabriela Tapasco, y a su hijo César Augusto Díaz Tapasco, coordinador académico de la Institución Educativa San Lorenzo.
El dos de diciembre, dos de las máximas autoridades del pueblo indígena Awá, asociado en la organización del Cabildo Mayor Awá de Ricaurte, Nariño – Camawari, fueron asesinados Héctor Ramiro García y Arturo García, resultando gravemente heridos cuatro comuneros más. Las comunidades indígenas en un acto de rechazo y acompañando sus cuerpos, bloquearon la carretera de la vía panamericana que de Pasto conduce a Tumaco. Allí exigieron respeto a la vida, e integridad física de las comunidades.
Sin posibilidad de que se garanticen derechos
Este tipo de masacres preocupa aún más cuando desde el gobierno central y los gobiernos departamentales y locales, se niegan a reconocer la existencia de actores de armados en los territorios, derivados de las estructuras y procesos de “desmovilización” del paramilitarismo. Este tipo de denuncias se ha venido documentando no solo por las comunidades, sino también por instituciones como la Defensoría del Pueblo, y organizaciones de cooperación internacional, que han logrado sacar las cifras ocultas de la realidad del país a otras latitudes.
Según informes de la misma oficina de la ONU en Colombia, los líderes y lideresas asesinadas habrían estado apoyando los procesos de paz y la implementación del acuerdo. “Aparentemente, varias víctimas fueron asesinadas por apoyar las políticas derivadas del acuerdo, como la sustitución de cultivos ilícitos y la reforma rural integral”.
Las cifras de la tragedia humanitaria en las comunidades indígenas, se suma a la de las comunidades campesinas, particularmente en el Catatumbo, en Norte de Santander, van varios líderes sociales asesinados, atentados y con presencia en aumento, según denuncias, de los grupos paramilitares. Lo mismo ocurre en el Chocó, en Antioquía. El registro de comunales asesinados durante este año es igualmente sorprendente, como sorprende también el aumento de los feminicidios y diversas violencias contra la mujer, en especial en el departamento de Antioquia. A 70 años de la proclama internacional de los DD. HH., Colombia tiene muy poco para celebrar #NosEstanMatando.
