Nidia Jaydivi Colorado García
Desafortunadamente la pandemia coincidió con un gobierno que no implementa una política seria de atención o mitigación de los efectos sociales de la pandemia, niega la reducción de impuestos, niega la renta básica, niega otro tipo de ayudas económicas, tampoco desarrolla eficazmente la vacunación.
Por tal razón, observamos como la sociedad ha caído en una profunda crisis que afecta principalmente a los sectores más vulnerables de la población, la pequeña y la mediana empresa, entre otros sectores. La crisis ha precarizado las condiciones materiales de la vida haciéndolas menos accesibles, mientras incrementan las dificultades y las contradicciones sociales.
Observando las implicaciones de la crisis en las mujeres colombianas, veremos según los reportes del Dane que la tasa de desempleo para las mujeres subió en febrero del 2021 un 28,8% en relación con el año pasado. Este indicador se concentra en un rango de edad entre los 25 años y 54 años. Dicho aumento representa un aproximado de 313 mil mujeres desocupadas frente a 200 mil hombres desocupados, lo que significa un incremento del 29,5% de desempleados en la tasa general.
Como consecuencia se observan más de 365 mil mujeres inactivas que en medio de la crisis han retornado a oficios del hogar y otras responsabilidades familiares no remuneradas, perdiendo así su independencia económica y regresando a los escenarios tradicionales de la violencia contra las mujeres. A este contexto se añade el incremento de las agresiones machistas ante las cuales el gobierno se ha mantenido alejado, ausente y cómplice.
La reforma tributaria está enfocada al incremento del gasto en bienes y servicios más básicos para la población, para este gobierno la solución de los problemas sociales y la desfinanciación del Estado debe recaer en el incremento de impuestos, lo cual supone que las personas de todos los estratos sociales mantienen una situación económica estable.
Irónicamente el gobierno decide apoyar económicamente a sectores comerciales e industriales de alto nivel, continúa desarrollando megaproyectos extractivistas, asumiendo demandas e incumplimientos, renovación de ministerios entre otros gastos públicos innecesarios.
La reforma traslada la responsabilidad social del Estado a los ingresos que surgen de los tributos, lo cual indica que seguirá privatizando las empresas públicas y consolidará el plan neoliberal de una estructura altamente tributaria con la que se beneficia a las élites económicas y agudiza aún más la brecha entre pobres y ricos. Una en este proyecto fiscal es el impuesto proyectado para las pensiones, esta acción tributaria precarizaría aún más las condiciones de las personas pensionadas, especialmente las mujeres.
Por otra parte, la situación de derechos humanos es bastante preocupante, el desarrollo del autoritarismo de Estado en los territorios y la sistematicidad de asesinatos contra lideresas y líderes sociales demuestra la profunda fractura social que viven cotidianamente los territorios.
El despotismo con el que el gobierno ha asumido la emergencia nacional, negar la renta básica para los menos favorecidos, la militarización, la impunidad histórica, su silencio frente a la violencia basada en género, contra las mujeres y las diversidades, son ejemplos de la mediocridad y el vacío de un gran proyecto de nación.
Es por esto que nos sumamos a un gran pacto histórico y social que permita recuperar la sensibilidad humana, el deber ser de las instituciones públicas y el sentido real de un Estado nación.
