La muerte de cuatro menores abrió el debate sobre la responsabilidad del Ejército en la protección de la niñez, incluso la reclutada. El Gobierno ha convertido la mentira en política de Estado
Roberto Amorebieta
@amorebieta7
El pasado 16 de septiembre, el ministro de Defensa apareció exultante en los medios de comunicación acompañado del ministro del Interior y de la cúpula militar. Anunció, con su acostumbrada prosopopeya de administrador de conjunto residencial, que tras un preciso bombardeo de la fuerza pública había sido atacado un campamento del ELN en Chocó y habían sido “neutralizados” 10 guerrilleros, entre los que se encontraban Fabián, comandante del frente de guerra occidental de esa organización guerrillera, su “compañera sentimental” y Carlitos, unos de sus lugartenientes.
La noticia en su momento no pasó de ser un parte de guerra más, referido a un lugar casi desconocido para la mayoría de los colombianos, un número indeterminado de muertos y las ya manidas advertencias a “los violentos” de que su derrota final estaba a horas de producirse. Los medios corporativos replicaron con entusiasmo la rueda de prensa, afanándose por presentar a este Gobierno como efectivo en la lucha contra las organizaciones armadas, e incluso enviaron reporteros para que realizaran notas en terreno en las que repetían una y otra vez la versión oficial, con tal de llenar minutos al aire.
Omisiones
Mientras tanto, el acucioso senador Iván Cepeda, acostumbrado a sospechar -con razón- de la veracidad de las versiones oficiales, presentó al Instituto de Medicina Legal un derecho de petición donde solicitaba que se le informara por las identidades de los caídos en el operativo militar. La contestación reveló algo que el ministro había omitido. Cuatro de los muertos eran menores de edad, incluyendo a la mujer y a un niño de 13 años. Además, se había omitido -digamos que por la premura en presentar resultados- que Fabián había resultado herido y había sido evacuado de la zona por sus hombres.
Curiosamente, el Ministerio de Defensa, se apresuró a aclarar que Fabián había sido capturado herido justo un día antes del anuncio del senador y había sido llevado a una clínica de Cali donde había fallecido a causa de las graves heridas causadas por el bombardeo. La aclaración, no obstante, dejó en el aire la pregunta de si efectivamente la versión correspondía con la realidad o si también se había omitido información en ese sentido.
De todas formas, el ocultamiento de las edades de los muertos -algo que también conocía el ejército- desató un escándalo que reveló el poco cuidado que tienen las fuerzas militares al realizar estos operativos. La versión del ministro del Interior de que el bombardeo había sido “quirúrgico” quedó así por el suelo.
Modus operandi
No es la primera vez que se presentan este tipo de situaciones. Recordemos que en 2019 el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, ocultó al país la presencia de ocho menores de edad -algunas versiones hablan de 18- en un campamento de Gildardo Cucho, líder de una disidencia de las FARC, bombardeado en el Caquetá.
Las investigaciones periodísticas revelaron que en la región eran cada vez más frecuentes las denuncias de reclutamiento forzado de menores por parte de los grupos armados e incluso que algunos de ellos habían sobrevivido al bombardeo y luego habían sido perseguidos y rematados por el ejército. Como se sabe, el escándalo le costó el puesto al ministro, quien tuvo que renunciar para eludir la moción de censura en su contra que se tramitaba en el Congreso.
Hoy se repite la historia. Altos funcionarios del Gobierno aparecen en medios anunciando con triunfalismo un “golpe certero” contra grupos armados, los medios replican la información sin hacer preguntas y sin investigar -como correspondería a cualquier medio de comunicación- y días después el país se entera de que se había omitido información sensible sobre los detalles del operativo.
Lo mismo sucedió con la llamada “Operación Jaque”, donde se rescató a un grupo de secuestrados por las FARC en 2008 y se dijo que todo había obedecido a una cuidadosa labor de inteligencia. Luego se supo que todo se debió a un vulgar soborno y que el comandante del grupo de custodia, César, había cobrado más de un millón de dólares por devolver a los secuestrados.
Esta forma de actuar, por tanto, no es casual y más parece un modus operandi que pretende utilizar las acciones militares como herramienta de propaganda, haciéndolas pasar como operativos que cumplen con las normas del DIH, mientras la verdad sobre lo sucedido es cuidadosamente ocultada al país. La situación es compleja y merece ser analizada desde diversos ángulos porque tiene implicaciones que van más allá de lo estrictamente militar y revela el talante de un régimen acostumbrado a mentir y a considerar al país como un grupo de infantes al que puede engañarse con versiones acomodadas y mentirosas.
Bombardeo legítimo o ilegítimo
La primera arista del problema tiene que ver con la táctica de bombardear posiciones enemigas. Debe decirse que, dentro del repertorio militar de cualquier fuerza armada, el bombardeo es una acción legítima. En gracia de discusión, puede afirmarse que una persona que decide formar parte de un conflicto armado sabe que todas las tácticas podrán ser usadas en su contra y que, si el otro bando posee aviones y bombas, la posibilidad de ser víctima de un bombardeo es algo real. Digamos que para un combatiente, el bombardeo es un “gaje del oficio”.
Por supuesto, como cualquier acción armada dentro de un conflicto armado, el bombardeo está regulado por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) que, como se sabe, es el derecho internacional de la guerra. Según la Norma 13 del Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra, “quedan prohibidos los ataques por bombardeo, cualesquiera que sean los métodos o medios utilizados, que traten como un objetivo militar único varios objetivos militares precisos y claramente separados, situados en una ciudad, un pueblo, una aldea u otra zona en la que haya una concentración análoga de personas civiles o bienes de carácter civil”.
En otras palabras, la Norma prohíbe los llamados “bombardeos de zona”, es decir, los bombardeos indiscriminados o que afecten a la población civil o a bienes civiles. Esto, en términos de nuestra situación nacional significa que las autoridades deben procurar que los ataques se dirijan únicamente contra blancos legítimos, es decir, combatientes. Así, los menores que hayan sido reclutados y se encuentren en un campamento objetivo del bombardeo deben disuadir a los militares de llevar a cabo dicha acción militar. Dicho de otro modo, que haya menores en un campamento equivale a que haya rehenes o a que el campamento se encuentre junto a instalaciones civiles que no deben ser atacadas por ningún motivo.
Niñez bombardeada
Por ello, la versión del Ejército de que el blanco era legítimo, sencillamente no se sostiene. No es culpa de los menores, ellos no tienen la capacidad legal para decidir. Si están en un campamento deben ser protegidos y no considerados objetivos militares. Pero lo más insultante no es tanto el desprecio por la vida de los pobres como que se oculte dicha información.
No se critica aquí el bombardeo como táctica de guerra, se critica que se bombardee a sabiendas de la presencia de menores y que luego se oculte al país. Lo irritante es que nos vean la cara de tontos y nos vendan burdos operativos como “quirúrgicos”, cuando desde el principio sabían que serían acciones desproporcionadas.
Sería interesante saber cuál sería la reacción si los muertos no hubiesen sido campesinos pobres sino socios de un prestigioso club de Bogotá. En Colombia, hasta los bombardeos son discriminatorios.
