Iván Posada Pedraza
Ser miembro de un club de ricos debe ser algo muy agradable y placentero. El problema surge cuando no se es propiamente rico y hay que hacer un gran esfuerzo para parecerlo, para poder ingresar a este exclusivo grupo. Algo muy parecido le ocurre a Colombia con su ingreso a la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esta organización agrupa a 36 países con grandes diferencias socioeconómicas, por ejemplo, Grecia y Luxemburgo, Noruega y México, Holanda y Chile. Estos seis países presentan grandes diferencias en cuanto al Producto Interno Bruto y al ingreso per cápita. Colombia, que acaba de formalizar su ingreso, ocuparía el último puesto en cuanto a este último indicador (US $6.581).
Los orígenes de esta organización se remontan a 1947 cuando se creó la Organización Europea de Cooperación Económica, OECE con el apoyo de Estados Unidos y Canadá para coordinar el Plan Marshall para la reconstrucción de Europa una vez concluida la Segunda Guerra Mundial. A partir de 1961 existe como OCDE y viene a ser el socio económico de la OTAN, la organización militar del Atlántico Norte.
Los postulados
Formalmente el objetivo de la OCDE es brindar asesoría para mejorar las políticas públicas que conduzcan al crecimiento económico, el empleo sostenible y elevar el nivel de vida de los países miembros.
En realidad estas recomendaciones para la adopción de políticas públicas se convierten en mandatos para los países. Se habla de la estabilidad macroeconómica y para lograrla las directrices de la OCDE son ajustar el gasto público vía reducción del tamaño del Estado en cuanto a planta de funcionarios, reformas pensionales periódicas para aumentar la edad de jubilación y las semanas a cotizar e incluso la reducción de la mesada mínima. De hecho, durante el proceso de admisibilidad que llevó cerca de cinco años, el gobierno central ha tratado de implementar las recetas de la OCDE para justificar su ingreso a la organización. Por ejemplo, el aumento del IVA del 16 al 19 por ciento para gran cantidad de productos de consumo popular en la última reforma tributaria, tenía por objeto ir acomodando la política fiscal a los parámetros exigidos por la OCDE.
En el aspecto laboral, Colombia no cumpliría los criterios establecidos por la misma OCDE en cuanto a grado de informalidad laboral, la prolongación de la jornada laboral sin pago de horas extras, etc. Además esta organización ha venido trabajando la idea que el salario mínimo de los trabajadores colombianos es muy alto, por lo cual el gobierno debe crear las condiciones para liberar al empresariado de este mínimo. La persecución y asesinato contra líderes y dirigentes sindicales es una práctica diaria que limita seriamente el derecho a crear sindicatos y la defensa de las conquistas de los trabajadores organizados sin que se ponga en riesgo la vida de sus dirigentes.
En el tema social, para solo mencionar dos criterios, Colombia estaría muy lejos de poder pertenecer a este exclusivo club. En efecto, nuestro país ocupa el puesto 14 con mayor desigualdad dentro de 134 naciones de acuerdo a observaciones realizadas por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. En homicidios el país presenta la mayor tasa de este delito dentro de los actuales miembros y asociados a la OCDE.
Buenas prácticas
En transparencia igualmente no pasamos las pruebas. Es suficiente citar dos casos recientes: Reficar y Odebrech en los cuales se halló un alto grado de corrupción desde la licitación hasta la ejecución de las obras. Los implicados son altos funcionarios públicos en siniestras alianzas con empresas y funcionarios del sector privado, que han ocasionado un gigantesco detrimento patrimonial a los recursos estatales.
Otro objetivo que no se menciona muy claramente pero que es clave, es el que tiene que ver con la adopción de medidas que tienen por objeto reducir al máximo el papel del Estado como regulador de las actividades del sector privado. El lugar del Estado es ocupado por instituciones financiadas por los particulares que facilitan la actividad de los grandes consorcios económicos. Es la prolongación de las mediadas de corte neoliberal adoptadas en el Consenso de Washington. En una sesión de la OCDE en enero de 2018 el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas decía: “nos embarcamos en una reforma profunda de la política sobre las empresas estatales para mejorar su gobierno corporativo y separar el papel del Estado como regulador y propietario”.
¿Cuánto cuesta?
Como en todo club cada miembro debe pagar una cuota por la membresía. Para el caso de la OCDE, la cuota se establece de acuerdo a varios criterios, el principal de los cuales es el tamaño de cada economía. Además, cada país asume los gastos de representación en cada uno de los 23 comités. Para el caso colombiano se calcula una cuota que oscila entre 14.000 y 29.000 millones de pesos anualmente, sin contar los gastos de representación en los mencionados comités.
Así las cosas, la política económica de los países no se decide en los parlamentos o en los ministerios de hacienda de cada nación. En el marco de la globalización que beneficia a un reducido número de potencias económicas la política económica mundial y el papel de cada nación en ésta, se decide en los organismos multilaterales: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, (BID) y ahora se suma la OCDE.
