Dieciséis años después de los crímenes cometidos en la Comuna 13 de Medellín, las víctimas exigen justicia y que el exgeneral Montoya comparezca ante la JEP con la verdad
Carolina Tejada
@carolltejada
“El que nada debe nada teme, partió y nunca regresó”, recuerda Juan Mejía al mencionar las últimas palabras que su hermano le diría a su madre el día en que los paramilitares lo fueron a buscar a su casa. Se trataba de Ferney Mejía, un joven de 22 años, quién fue desaparecido en el 2002 en medio de operaciones militares. Ferney, era estudiante de tecnología y se dedicaba a pintar paisajes en una técnica de óleo sobre vidrio. Según contó su hermano, le gustaba la música, especialmente la salsa y el rock de los ochenta.
El día que desapareció, “llegaron hasta la esquina de mi casa los paramilitares, alias la ‘Costeña’ y alias ‘Barajas’, preguntando por ‘El Mono’, ese era mi hermano, así le decían. El mejor amigo de él llegó hasta mi casa, lo llamó, mi hermano salió. Le dijeron que en el barrio El Salado lo necesitaban. Él regresó a mi casa, le comentó a mi mamá la situación, ella le dijo que no fuera por allá, pero él respondió que el que nada debe nada teme, partió y nunca regresó” recuerda Juan, cuando en su papel de víctima relata estos hechos al sistema integral de verdad, justicia y reparación.
Casos como el de Ferney, llenan la bitácora de los cientos de personas que en medio de las operaciones militares ordenadas por Álvaro Uribe Vélez con la complacencia del alcalde de entonces, Luis Pérez Gutiérrez, fueron asesinadas, torturadas, o desaparecidas. Según comenta la abogada que acompaña el grupo de trabajo “Orión nunca más” María Victoria Fallón, “lo que ocurrió el 16 de octubre de 2002 fue el desarrollo de una tarea que había iniciado a principios de ese año y que se llevó a cabo mediante 19 operaciones militares adelantadas durante ese 2002”. En ese lapso, la Comuna 13, al occidente de Medellín, viviría en medio del terror, producto de las confrontaciones militares y las acciones de terror que concluyeron en la gran tragedia del 16 de octubre de 2002.
Una tragedia que no se olvida
La larga jornada de terror que se generó sobre la Comuna 13 de Medellín se dio cuando en las horas de la mañana de ese 16 de octubre, cerca de 2.000 uniformados, junto a funcionarios judiciales del Ejército Nacional, el extinto DAS, la Policía, el CTI y las ‘Fuerzas Especiales Antiterroristas’ todos fuertemente armados, se tomaron la Comuna en helicópteros y tanquetas.
Las cifras de esta intervención en el territorio son alarmantes, más aún cuando en el ejercicio de la verdad sobre lo que aconteció y sobre los directos responsables de las múltiples violaciones de los derechos humanos, no se han aclarado y los victimarios no han sido juzgados.
De acuerdo al Centro de Memoria Histórica, dicha intervención dejó un número de víctimas entre personas desplazadas, heridas, desaparecidas, torturadas entre otro tipo de violencias. El registro es, 105 personas desaparecidas forzadas, 71 personas asesinadas por los paramilitares, 17 homicidios a manos de la fuerza pública y 80 civiles heridos. Se aplicó sin cortapisa, y casi como experimento sobre la comuna, la política de seguridad democrática, propuesta por Álvaro Uribe y con el favor del alcalde de la ciudad para entonces, hoy Gobernador de Antioquia.
El ejercicio violento no paró la violencia
Esta operación, tal y como se denunció desde las organizaciones de derechos humanos, se extendió a los meses de noviembre y diciembre, aumentando las víctimas. La toma de la comuna fue dirigida por el general Mario Montoya, quien lideró la IV Brigada del Ejército, acompañado por Leonardo Gallego Castrillón, general de la Policía Metropolitana de Medellín.
La situación de seguridad así como la de violaciones constantes de los derechos humanos en Medellín, pese a que la intensión institucional era con dicha acción generar las condiciones de seguridad para la población, no solo no se logró, sino que además ahondó la crisis humanitaria.
En este momento, en materia de cifras, la ciudad de Medellín ocupa el segundo lugar a nivel nacional con el mayor número de víctimas del conflicto armado, pero además, el 23% de su población es víctima, aproximadamente 575.000 personas. Por otra parte, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, desde el 2002 en la ciudad se han presentado 202 acciones bélicas, 4.193 asesinatos selectivos, 1.634 personas desaparecidas y 112 personas reclutadas. El número de asesinatos de personas en toda la ciudad ha venido en aumento entre el 2017 y 2018. En el caso particular de la Comuna 13, según la Defensoría del Pueblo, el desplazamiento forzado ha aumentado. Las cifras dan muestra de alrededor de 411 familias desplazadas, mientras la presencia de las Fuerzas Militares y de la Policía Metropolitana se sigue fortaleciendo.
El derecho a la verdad
El grupo de victimas que después de 16 años siguen buscando la verdad y la justicia sobre lo acontecido, ha hecho un esfuerzo por presionar ante las cortes la búsqueda de caminos que conduzcan a esclarecimiento, sin embargo, el proceso ha sido lento y quienes han sido señalados como responsables, no han comparecido con la verdad.
La situación se ha hecho más compleja, en la medida en que ni las versiones libres del exlíder paramilitar, alias ‘Don Berna’, en donde asegura que la Operación se realizó en consonancia con miembros de la fuerza pública, y en donde otro de los fundadores del Bloque Cacique Nutibara de las AUC, Juan Carlos Saldarriaga, alias ‘Móvil 8’, también afirmó que se realizaron convenios entre ese bloque paramilitar y la fuerza pública para llevar a cabo dichas acciones militares, han servido como evidencia para proceder en un ejercicio de justicia y reparación.
Hace una semana el general en retiro Mario Montoya, quién ha sido señalado por los crímenes cometidos en la Operación Orión, entregó a la Justicia Especial para la Paz, su versión por los presuntos vínculos que tiene con más de cien ejecuciones extrajudiciales. Esto se da gracias a la presión para que, quienes estuvieron vinculados al proceso Orión, dieran respuesta ante las acusaciones debido a la citación que le había hecho ente el tribunal.
En este sentido, el día en el que Montoya fue a la JEP, las víctimas realizaron un acto público en denuncia a la situación. Hicieron un plantón frente a la Fiscalía en el que se le exigió que diga la verdad sobre lo ocurrido en la Comuna 13, en relación con los llamados ‘falsos positivos’ y los denunciados vínculos con los grupos paramilitares. Montoya, aparece además relacionado en los expedientes de la masacre de la comunidad de paz de San José de Apartado en el año de 2005.
En este mismo proceso de denuncia en el marco de la conmemoración Orión Nunca Más fueron entregados a la Jurisdicción Especial de Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, dos informes sobre los hechos ocurridos y los impactos de las operaciones militares en esa zona de la ciudad, igualmente las versiones de los familiares fueron contundentes y dan cuenta de la tragedia humanitaria que aún no para, mientras la verdad y la justicia llegue al seno de las cientos de familias y a la sociedad en general, víctimas de los crímenes de Estado.
