Gabriel Becerra Y.
@Gabocolombia76
El pasado martes 4 de septiembre la bancada alternativa presentó oficialmente el proyecto de acto legislativo “Por medio del cual se adopta una reforma política que permita la apertura democrática para la construcción de una paz, estable y duradera”.
Este proyecto, que espera ser complementado con otro específico sobre los cambios necesarios al cuestionado sistema electoral, se concentra en sus 12 artículos en temas como el voto obligatorio, la ampliación de la participación política de las mujeres y los jóvenes, la limitación de periodos para congresistas, el control a la financiación privada de las campañas y fortalecimiento de la financiación estatal, la adquisición progresiva de derechos para partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos, y el respeto a la elección de la voluntad popular prohibiendo definitivamente la destitución de funcionarios de elección sin mediar sentencia judicial.
Es un nuevo intento por hacer realidad la implementación de aspectos medulares pendientes del punto 2 del acuerdo de paz, saboteados y no aprobados durante el periodo de fast track, y que luego de la amplia participación ciudadana en la consulta anticorrupción, también hace parte de las reformas prioritarias a tramitarse por el nuevo congreso, definidas en la reunión entre voceros de los partidos y el comité de la consulta anticorrupción con el Presidente de la Republica.
Al respecto hay que afirmar que en este campo hay muy pocas novedades. Ya existen amplios diagnósticos y propuestas exhaustivas sobre los temas centrales. El más reciente, el informe de la Misión Electoral Especial en el marco del acuerdo de paz dado a conocer el año anterior, rechazado abiertamente por las castas de la política tradicional incrustadas en el Congreso, la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado, que prefieren mantener el desorden vigente a permitir reformas democratizadoras para combatir la corrupción y los privilegios que siguen beneficiando a los partidos tradicionales.
A las propuestas de la bancada parlamentaria, que deben apoyarse y complementarse, se necesita sumar más debate público y movilización popular a favor de una apertura democrática verdadera.
Hay que seguir denunciando la composición y el papel nefasto que cumple el Consejo Nacional Electoral, como correa de transmisión de las mafias políticas. La privatización del proceso electoral en manos de empresas que no brindan ningún tipo de transparencia en la organización y resultados finales de los escrutinios, incluso sentencias judiciales han llamado a imponer correctivos de manera inmediata.
Sin cambios en las reglas de juego y la estructura del poder electoral la competencia política de los próximos años continuará siendo una caricatura más de la democracia restringida.
