Se propone el fortalecimiento de los sindicatos y su participación en política para acompañar a un gobierno democrático, que haga realidad las propuestas de los trabajadores
Redacción Política
Antes de la pandemia en Colombia había un 10% de desempleo, una tasa de sindicalización del 4%, una informalidad del 50%, 2.7 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan y una cobertura en la negociación colectiva del 6%. Crisis que exige un sindicalismo fuerte y la intervención del Estado.
Así lo evidenció Edwin Palma, expresidente de la Unión Sindical Obrera, USO, y candidato al Senado por el Pacto Histórico, en un conversatorio sobre esta organización política y los derechos del trabajo, realizado en Bogotá, transmitido online y organizado por la Corporación para el Desarrollo de la Educación y la Investigación Social, Corpeis, el pasado 12 de noviembre.
En la misma exposición participaron otros expertos en economía y relaciones laborales como María Eugenia Londoño, integrante del ejecutivo de Fecode; Gabriel Becerra, candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, en la lista del Pacto; Humberto Polo, presidente de Sintraemsdes y Aída Avella, senadora por la Unión Patriótica.
Trabajo, en crisis mundial
Palma hizo énfasis en la crisis generalizada del trabajo, en que no es por la pandemia, aunque esta la develó más. Señaló que la situación es tan grave en todo el mundo que personalidades como el papa exhortó a los sindicatos a incidir en la transformación de las sociedades y expresó que era necesario un salario mínimo universal y una renta básica universal, para que la gente no muera de hambre.
Señaló que asimismo, Joe Biden, quien se autoproclamó el presidente más prosindicalista de EE.UU., dijo que haría el programa de empleo más ambicioso y lo pagará el 1% de la población más rica de ese país.
El dirigente sindical criticó a quienes dicen que no hay que unir el trabajo sindical con el político y los invitó a participar en política, ya que las grandes decisiones sobre las relaciones laborales se toman en espacios como el Congreso de la República o en el Ejecutivo. En ese sentido, argumentó la necesidad de que el Pacto Histórico llegue al poder político ya que la libertad sindical solo se puede ejercer en gobiernos democráticos.
Educación como eje del cambio
A su turno, la profesora María Eugenia Londoño argumentó que el magisterio tiene una apuesta política llamada Escuela Territorio de Paz, por ser este el escenario propicio para que desde la formación y el pensamiento crítico se logre trascender, cambiar las actuales condiciones de vida y construir justicia social.
Para la docente, la crisis actual no es coyuntural, sino estructural por lo que la educación es fundamental cuando se piensa en superarla. En ese sentido, no puede privatizarse como se plantea desde la banca mundial y la OCDE. También evidenció los bajos salarios en comparación con otros países miembros de la OCDE.
Habló de la necesaria reforma constitucional al Sistema General de Participaciones, que logre un aumento de recursos para salud, educación, saneamiento básico y agua potable, y así, no descargar en los entes territoriales la responsabilidad de la educación pública estatal.
“La disputa es política y hay la necesidad de la conciencia y la formación político-sindical con perspectiva de género en el contexto de la lucha de clases”, señaló finalmente.
El campo es clave
Por su parte, Aída Avella convocó a los trabajadores del campo a salvar el agro. “La gente quiere trabajar, y para crear trabajo hay que crear las condiciones. Creo que aquí no se pueden regalar impuestos. (…) Si necesitamos que quienes están en edad laboral puedan tener un trabajo, necesitamos rescatar las ganancias que se van para los bolsillos de particulares, por ejemplo, en las notarías”.
También aseguró que no se puede seguir permitiendo que grandes empresas como las transnacionales tengan exenciones tributarias. Anotó que el estallido social se dio porque no hay trabajo y hay que lograr crear las condiciones para que haya esas oportunidades, que en el campo están ligadas a circunstancias medioambientales, que allí se puede sembrar trabajo.
Para el caso ejemplificó con las problemáticas del Lago de Tota en Boyacá y de la Ciénaga de Mallorquín en Barranquilla: “Con el cuidado del ambiente se pueden generar miles y miles de empleos”. Asimismo, comentó sobre las oportunidades que el país está perdiendo al no invertir en la producción del campo para que haya empleo, transformación de materias primas y productos de exportación, y la urgente reforestación que también producirá empleos.
Canasta mínima
En su intervención, el líder sindical de las empresas de servicios públicos, Humberto Polo, catalogó este sector como estratégico para los colombianos. “Hay que luchar para que las pocas empresas estatales que nos quedan sigan siéndolo. Se requiere una reestructuración para que sea el sector estatal el que ponga las condiciones en la prestación de los servicios, si hay entidades privadas o de economía mixta que compitan con el sector estatal”.
Polo argumentó por qué los servicios públicos esenciales no pueden estar expuestos al libre mercado, como lo ha impuesto la Ley 142, la cual hay que derogar para generar una nueva política más allá de domiciliarios, en la que deben estar las telecomunicaciones que actualmente están en manos del sector privado.
“Creemos que empresas como ETB, Une Comunicaciones y el componente de telecomunicaciones de Emcali deben consolidarse en una empresa estatal de comunicaciones que tenga el control del espectro radioeléctrico”, aseguró Polo.
Identificó fenómenos como la precarización laboral, la corrupción, la politiquería, la privatización y el exterminio del derecho de asociación sindical como los principales obstáculos para que existan organizaciones fuertes que defiendan el patrimonio público.
Propuso que un nuevo gobierno del Pacto Histórico materialice la propuesta de canasta básica de servicios públicos con mínimos vitales de acueducto, alcantarillado, aseo, gas, energía y de telecomunicaciones. Finalmente, aseguró que hay tres millones seiscientos mil colombianos sin agua potable y 650 municipios sin sistemas de tratamientos de agua.
En las urnas y en las calles
Gabriel Becerra dijo que en las elecciones el país se enfrenta a la disyuntiva ante un camino de transformación hacia la defensa de la vida, la derrota del neoliberalismo con su extractivismo que destruye el planeta; o continuar con una catástrofe que significa, entre otras cosas, la continuidad de la guerra y la precarización del trabajo: “O somos capaces de defender una política para la paz, para la vida digna, o vamos a permitir que sus hijos, que nuestros hijos y nosotros mismos mantengamos una realidad de exclusión y pobreza. Esa pregunta ustedes y sus familias tienen que hacerse”.
Becerra mostró la necesidad de que ciertas garantías que se han ganado con la lucha sindical se extiendan al conjunto de la sociedad. “Como salidas a la crisis planteamos que esta no se resolverá por un solo individuo ni solamente en el campo institucional o electoral. Las sociedades cambian cuando cambian los pueblos”.
Finalmente manifestó: “Tenemos que entender que si Petro es presidente necesitará una correlación de fuerzas en el Congreso para que no haya saboteos a su programa, que también debe ser defendido en las calles para conseguir paz, democracia y justicia social”.
