Plan nacional de desarrollo 2018-2022 (1)
Carlos Fernández*
La documentación elaborada por el Gobierno Nacional en relación con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, (PND), es abundante y prolija. El 7 de noviembre de 2018, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) aprobó el documento de 945 páginas llamado «Bases del PND 2018-2022», que había sido objeto de avances informativos parciales de prensa entregados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) a los medios como forma de ambientar lo que podría ser denominado como la hoja de ruta que el nuevo gobierno quería implementar en materia de política económica y social. Adicionalmente, el Gobierno presentó un resumen ejecutivo de las Bases de 216 páginas, en formato de diapositivas, como le gusta a Duque.
Las Bases fueron sometidas a la discusión de «48 mesas departamentales y 8 talleres regionales, foros y encuentros sectoriales y académicos a los que asistieron más de 10.000 personas que realizaron cerca de 1.000 propuestas para incluir en el plan. A esos encuentros asistieron autoridades departamentales y municipales, representantes gremiales, organizaciones de la sociedad civil (veedurías, juntas de acción comunal, población vulnerable), organizaciones juveniles, partidos políticos, entre otros actores estratégicos», informó el DNP.
Adicionalmente, el DNP abrió una página en internet donde, según señala ese organismo, se recibieron propuestas de modificaciones de parte de 15.000 personas que presentaron 2.500 propuestas, de las cuales se incorporaron 873. Cabe anotar que dicha página fue cerrada luego de terminada la discusión y no es posible verificar el contenido de las propuestas presentadas. Como producto de este proceso, el Gobierno elaboró un nuevo documento de 1.326 páginas que fue el que radicó en la Cámara de Representantes el pasado 6 de febrero, junto con el respectivo proyecto de ley de 183 artículos y otros anexos.
El presente escrito constituye el primero de una serie de tres en los que nos proponemos analizar el contenido de esta propuesta de plan de desarrollo del Gobierno Uribe-Martha Lucía-Duque.
¿De qué pactos se trata?
Lo primero a resaltar es que el Gobierno está planteando realizar un pacto para lograr sus objetivos, que se convertirían en los objetivos de desarrollo del conjunto de la sociedad. Este ambiguo planteamiento pone de presente la debilidad conceptual de la política que se busca hacer aprobar por el legislativo e implementar por el ejecutivo. En efecto, no está claro entre quiénes sería el pacto o, mejor dicho, los pactos pues a los tres principales (pacto por la legalidad, pacto por el emprendimiento y pacto por la equidad) el Gobierno le añade 12 pactos llamados transversales y 10 pactos territoriales. Mencionar el número de participantes en las mesas, foros y en la página de internet no es argumento suficiente para auto-adjudicarse el logro de una participación popular amplia. Un auténtico pacto fue el que se resumió en el Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Santos y las FARC pero eso es otra historia.
Además, en el título del proyecto de Plan, se señala que la política propuesta es un pacto por Colombia y va a sentar las bases del cumplimiento por el país, para el 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que sucedieron a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Aquí sale a relucir el mesianismo que caracteriza al uribismo y los uribistas pues, según ellos, el desafortunado interregno que representaron los dos gobiernos de Santos (desafortunado porque firmó el Acuerdo de Paz aunque, en otros aspectos de política, no se diferenció para nada de su antiguo jefe y, luego, adversario) constituyó un freno a lo sembrado durante los dos gobiernos del Mesías Uribe.
Las prioridades temáticas del Gobierno
Para finalizar esta introducción al estudio del proyecto de PND, citaremos un simpático estudio de minería de texto realizado por dos columnistas del periódico Razón Pública al Plan. La minería de texto es la aplicación a un documento de algoritmos para determinar la relativa importancia de temas en el documento, más allá de las declaraciones explícitas de los autores del documento.
Destacamos dos conclusiones: la primera consiste en que, de los 30 temas prioritarios que los autores del estudio detectaron, el tema que aparece con mayor frecuencia es el de territorio y el menos frecuente es paz. Entre ellos dos, se ubican temas como salud, pobreza, infraestructura y seguridad, que aparecen con una frecuencia equivalente a menos del 25% de la frecuencia con que aparece el tema de territorio. Por su parte, temas como el agro, cultura, infancia y energía aparecen con una frecuencia inferior al 20% del tema más frecuente.
La segunda conclusión es que los temas centrales del Plan tienen las siguientes frecuencias de aparición en el documento. Emprendimiento, 19,5% de la frecuencia con que aparece el territorio. Equidad, 13,9% y legalidad, 12,5%. Ni el propio Gobierno se cree sus cuentos.
* Economista.
