Recorrer tres departamentos de la Costa Caribe colombiana en periodos electorales es entender la nueva forma de compraventa de votos
Simón Palacio
@Simonhablando
Hoy en día existe una creativa pero peligrosa manera de comprar los votos en Barranquilla y alrededores. El Atlántico es de una casta política que quiere poner a Alejandro Char, actual alcalde de ‘La Puerta de Oro’ en la silla presidencial. Diferentes miembros de este clan político están como candidatos a siete gobernaciones en el Caribe.
Es vox populi que en los barrios se está pagando el gota a gota. Este famoso cobro diario que los prestamistas le hacen a los ciudadanos es la nueva modalidad de compra de conciencias en tiempos electorales.
Con esa estrategia los partidos políticos se están convirtiendo en intermediarios entre los ciudadanos y las mafias. Sin embargo, desde hace años se notaba que la conformación de grupos de seguridad privada desembocaba en una transformación del Estado, convirtiéndolo en un aparato al servicio de paramilitares, cuyos partidos políticos podían ser perfectamente comparables con agencias criminales.
La danza de los millones
Los ladrillos, el cemento y la teja ya no son las modalidades de compra de conciencia, tampoco los tamales ni las lechonas, ahora es el dinero en efectivo. En Riohacha, por ejemplo, las candidaturas tradicionales están arrendando casas cerca de los puestos de votación para usarlas el día 27 de octubre como casa de pago a cambio de votos.
No se salvan los trabajadores formales, a quienes se les obliga a reunir un número de votos para unas candidaturas determinadas como requisito para extender sus contratos por un año más. Cada empleado debe registrar al menos 20 votos para no ser despedido. Las autoridades piden pruebas, pero es obvio que ningún trabajador va a denunciar, prefieren persuadir a sus amigos y familiares sin importar para quién sea el voto, con el fin de seguir en sus puestos de trabajo.
Y qué decir de los costos de la campaña. La danza de los millones de pesos y del despilfarro, se evidencia en las vallas de calle y carretera. En Montería, por ejemplo, los medios de comunicación locales denunciaron recientemente el costo de una valla sobre la carretera: ocho millones de pesos quincenales. Hay que tener en cuenta que ciertos partidos políticos, tienen una valla cada 200 metros por tres kilómetros, es decir, más de 30 millones de pesos quincenales.
Otra preocupación es la ausencia de garantías electorales para la oposición en las registradurías locales. Precisamente en Riohacha se solicitó por parte de Colombia Humana – UP el cambio del encargado de la registraduría local, pues, a juicio de las candidaturas a concejo de esa colectividad en la capital de La Guajira, no existen garantías para esta lista la cual compite contra los clanes políticos tradicionales.
Riesgo electoral
El Caribe no es la única región que presenta riesgos electorales. El país completo está inmerso en una lógica mafiosa que disputará las elecciones en octubre. Aprovechándose de la miseria de la gente invierten en campañas millones y millones de pesos que superan los topes de la ley. Esto se convirtió en paisaje común.
El proceso electoral corre riesgos, y aunque existen organismos no gubernamentales encargados de hacer seguimiento a las elecciones, se han manifestado similares preocupaciones. En lo más profundo del caribe como Maicao u Ovejas, organismos como la MOE (Misión de Observación Electoral), no garantizan presencia por razones de seguridad del territorio. “Aquí es otro país” le dijo a VOZ un ciudadano quien explicó detalladamente cómo el paga diario pondrá alcaldes, concejales y diputados en al menos tres departamentos de la costa: Sucre, La Guajira y Atlántico.
