Después de ver amenazada su presencia en la JEP por la falta de compromiso con la verdad, el parapolítico Salvador Arana modifica su versión en la que involucra a miembros de la Policía Nacional en este departamento
Jenny María Solís Roa
@Jemasolis
En un texto de más de 30 páginas, el exgobernador de Sucre y exembajador de Colombia en Chile, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, Salvador Arana Sus, hace una propuesta de verdad ante la Justicia Especial para la paz – JEP, después de que esta entidad le negara la libertad condicional en el mes de febrero por su falta de compromiso con la verdad. En el documento expuesto por la JEP, el exgobernador acepta su responsabilidad y participación en homicidios y la relación entre paramilitares, políticos y Fuerza Pública de la región para el cumplimiento de estos macabros fines y, además, para vaciar las arcas públicas del municipio.
Parapolítica y fuerza pública
Entre los nombres mencionados por Arana, se encuentra el del excomandante de la Policía del departamento, Norman León Arango, aún sin condena y de quien se afirma, se encargó de encubrir paramilitares evitando capturas. “En lo atinente a la ausencia de captura de los miembros de las AUC, señaló (el compareciente) que eran conocidas sus operaciones en el departamento, pero los miembros de la fuerza pública “se hacían los desentendidos” e indicaban que no recibían denuncias en su contra; además, podía percibirse la complicidad de los altos mandos oficiales con los paramilitares” afirma la JEP.
Las reuniones entre políticos, paramilitares y fuerza pública, se llevaron a cabo mayoritariamente en la región del Golfo de Morrosquillo y San Onofre. Según Arana, mantuvo reuniones con el comandante León Arango, su segundo al mando y con quien fuera el comandante del Bloque Norte de las AUC, Rodrigo Pelufo, alias “Cadena”.
“Esto era posible con ocasión de la infiltración de las AUC en la fuerza pública, ya que manejaban los comandos de policía de los municipios del Golfo de Morrosquillo y otros de su interés. El señor Arana Sus indicó que, desde su cargo como gobernador, conoció que entre los colaboradores de los paramilitares se encontraban el coronel Norman León Arango, comandante de la Policía de Sucre, con quien sostuvo una reunión en una camioneta junto con alias ‘Cadena’; el coronel Vivas, segundo al mando, y el coronel Sánchez, del municipio de Corozal”.
Dineros de la salud a manos de los paras
El paramilitarismo en Sucre fue financiado por dineros públicos de la salud del departamento. Según el parapolítico, desde 1999, las AUC, promovieron en la población la afiliación a ciertas administradoras del Régimen Subsidiado donde había gente que se encargaría de facilitar el desfalco al departamento, incluso, por dinero o amenazas se presionaba a alcaldes del departamento para que les pasaran los afiliados y hacer un mayor negocio, práctica que cobijó todos los municipios del departamento durante el mandato de Salvador Arana.
De lo que se trataba era de, a través de diversos contratos por asesoría, facturación de pacientes fantasmas, recursos para suministros de medicamentos y creación de IPS fantasmas, sacar recursos con destino a las AUC. Según el tribunal “… las EPS que más participaron en estas actividades fueron Barrios Unidos de Quibdó, Cajacopi, Unimec, Manexca y otras que no recuerdo. Manexca a cargo de Pedro Pestana, Barrios Unidos de Quibdó a cargo de María Patricia Cano, Pedro Mulet, también manejaron Cajacopi”.
Dicha desviación de recursos públicos también fue posible porque la justicia estaba con el desfalco. “Un abogado de apellido Acuña demandaba a las EPS y lograba que se ordenara el pago de recursos que luego entregaba a las AUC. Se manipulaba el sistema de reparto para que le llegaran a un juez, quien profería sentencias que ordenaban a la ARS Ambuq y otras EPS el pago de servicios que no se prestaban”.
La educación en Sucre financió a las AUC
La parapolítica alcanzó el campo de la educación en el departamento y logró manejar gran cantidad de recursos, poniendo en cargos administrativos y de financiación funcionarios cercanos, como el secretario departamental de la administración de Jorge Anaya y primo de “Cadena” Oswaldo Ayala Bertel. Así mismo, la universidad de Sucre, Unisucre, con la llegada de Arana a la gobernación y a la rectoría el señor Rafael Peralta se convirtió en otro botín burocrático al proyecto paramilitar.
“La infiltración se dio también a nivel ideológico, pues se buscaba que los jóvenes comulgaran con el proyecto de las Autodefensas Unidas de Colombia, a través del arraigo y afinidad con su pensamiento”. No sólo se trataba entonces de financiar al paramilitarismo y de beneficiar a los caciques políticos que trabajan en connivencia con este, sino de materializar una fuerza política juvenil sucreña que aumentara la legitimidad del criminal proyecto.
Las víctimas exigen verdad
Son más de 29 nombres entre los que se encuentran el exsenador Álvaro García y exgobernadores como Jorge Anya, los citados por el exgobernador Salvador Arana Sus, preso por el caso de desaparición y homicidio del exalcalde del Roble, Eudaldo León ‘Tito’ Díaz Salgado, concierto para delinquir agravado por colaborar con el Bloque Montes de María de las AUC, peculado por apropiación y falsedad ideológica por desviar fondos de regalías con destino a las AUC, lo que habla del criminal proyecto sólo en el departamento de Sucre. Las víctimas a nivel nacional exigen verdad, justicia reparación y garantías de no repetición ante los cientos de crímenes cometidos.
