Monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó, asegura que en ese departamento urge garantizar derechos sociales, un diálogo con el ELN, que la fuerza pública no agreda a la comunidad y que no exista ningún tipo de connivencia con los actores armados
Carolina Tejada Sánchez
@carolltejada
El paro armado de 72 horas decretado por la guerrilla del ELN en varios departamentos del país, se llevó a cabo con mayor intensidad en aquellos territorios en los que, el conflicto armado ha dejado huella por años y en los que, el abandono del Estado, ha sido inclemente con su población. Otra similitud que se cierne sobre estos departamentos, es que, son territorios en los que su ubicación geoestratégica, con vías para el transporte terrestre, fluvial y marítimo, se presenta como una gran oportunidad para los actores armados que se disputan los territorios por sus condiciones sociales y aprovechan para crecer como ejército en medio de las necesidades de la población, o porque son zonas en las que el control para el procesamiento de coca y la minería, principalmente, representan grandes flujos de dinero para sus organizaciones ilegales.
Además, desde que las FARC-EP salieron de allí, en el marco del proceso de reincorporación con los acuerdos de paz, la versión de las comunidades es la misma: inició inmediatamente una disputa territorial. En algunas zonas, inicialmente por el ELN, en otras por las organizaciones paramilitares, llámense Autodefensas Gaitanistas, Los Rastrojos, La Línea, el Clan del Golfo, Los Pelusos y disidentes de las FARC o el EPL.
El decretado paro armado se cumplió
Los departamentos del Chocó, Cesar, Norte de Santander, Cauca, Valle del Cauca y región del Magdalena Medio, fueron los más afectados por el paro. Y, a diferencia de los análisis de la fuerza pública, que expresaron tener los territorios controlados ante el paro armado, lo que se observó fue una intervención militar desde hace años no vista en varias carreteras intermunicipales, en vías nacionales, tanto marítimas como terrestres, y las cabeceras de algunos municipios de estos departamentos.
La acción de las Fuerzas Militares se centró en desactivar explosivos logísticamente destinados a generar un impacto de poder territorial y, por otra parte, a atender algunas zonas en donde vehículos de transporte público o pesado y vías, habían sido intervenidas con explosivos que sí alcanzaron su detonación, causando temor en las comunidades y generando el objetivo que buscaba el ELN: paralizar.
Chocó, es uno de esos departamentos en los que el paro logró paralizar el comercio, las actividades cotidianas de sus pobladores y el transporte en más de un 80% del territorio. Esta región, que cuenta con los ríos Atrato, Baudó y San Juan, y que son fundamentales para la comunicación intermunicipal, es el único departamento en el país con costas en los océanos Pacífico y Atlántico, y también el único que limita con Panamá. Es decir, estratégico para el transporte de todo tipo de mercancías.
VOZ dialogó con el obispo Juan Carlos Barreto, de Quibdó. Él contó, que los tres grandes ríos que rodean el departamento y sus afluentes fueron los más afectados. En estas zonas donde existe una amplia presencia de los grupos armados. Aunque comentó que, en la ciudad de Quibdó se vivió tranquilidad, pero: “Por las carreteras y los ríos la parálisis fue total. La gente les tiene mucho miedo a estas situaciones, porque ha visto lo que ha pasado en años anteriores, entonces, los transportadores y las comunidades decidieron acatar esa orden de paro teniendo en cuenta que no hay las garantías por parte del Estado para movilizarse, cuando existe este tipo de amenazas, en este caso la guerrilla del ELN, y que en años anteriores se ha realizado por otros grupos armados”.
Lo mismo ocurrió en el Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, frontera con el vecino país de Venezuela, y en donde los grupos armados tienen alta presencia. Allí, no solo existe el ELN, también están el EPL, las disidencias de las FARC y varios grupos paramilitares en disputa por el territorio.
VOZ, también dialogó con Silvano Calvo, líder social del municipio de Ocaña, y quien asegura que antes de que iniciara el paro decretado, ya el orden público estaba delicado, aunque el paro ayudó a generar “una gran confusión en la gente de la provincia. Por una parte, quienes viven en centros poblados como Hacarí, San Calixto, Teorama, La Playa, el Tarra o Convención. Estos municipios tienen ocho días confinados, escasean los alimentos, las medicinas y el personal médico”.
Por otra parte, cuenta que en Ocaña nunca se había sentido una zozobra de tal dimensión. “El paro armado hizo que el comercio cerrara desde el viernes por la tarde hasta la mañana del lunes. Algo impensable desde hace 20 años cuándo la violencia estaba en su punto más alto. Las calles desoladas eran la muestra del temor”. El líder se refiere a las incursiones paramilitares que conjuntamente con algunos mandos militares, incursionaron en esta zona del departamento generando las masacres de Tibú y la Gabarra, y los más altos niveles de desplazamiento forzado de la población.
En departamentos como Cesar, Cauca, Valle del Cauca, y la zona del Magdalena Medio, las acciones militares estuvieron combinadas por carros quemados, vías dinamitadas, grafitis y propaganda alusiva al grupo guerrillero.
Diálogos de paz: la salida para las comunidades
Según comenta el obispo del Chocó “La primera decisión de las comunidades es rechazar la intervención de las organizaciones armadas en los territorios, porque se reconoce que son enemigos de la comunidad y son violadores de los derechos humanos y afectan la normalidad y la vida en el territorio” además porque, en medio del conflicto “existe un confinamiento de la población, se amplía el desplazamiento, el reclutamiento de menores, la instalación de minas antipersona y las amenazas de líderes y a las comunidades. Por eso, se ha hecho un llamado para que pueda haber acciones humanitarias en favor de los habitantes perjudicados ante la intensidad del conflicto”.
Es por eso que, asegura, tienen propuestas ante la crisis. La primera propuesta que se ha dado desde el territorio es que funcione el Estado social y de derecho. Que haya reivindicación de derechos sociales a través de un plan estructural que dé garantías a los derechos de los habitantes del territorio. La situación humanitaria es por la debilidad, ausencia y abandono que se vive. Lo segundo, es necesario un diálogo con el ELN, en este caso también con la propuesta de acuerdo humanitario que se ha hecho desde el Chocó. También es importante un plan de sometimiento a la justicia de otros actores ilegales, y un real control que tiene que realizar la fuerza pública, evitando agresiones a la comunidad y algún tipo de connivencia con los actores armados”.
Por su parte Silvano Calvo, cuenta que, ante la crisis humanitaria de la región, “los defensores de derechos humanos plantean la necesidad de realizar una “caravana humanitaria” a lugares como La Vega de San Antonio, Hacarí, Aspasica, San Calixto y Teorama. Así como la necesidad de voluntad política del gobierno de Iván Duque, para reanudar diálogos con el ELN y garantizar la paz de las comunidades del departamento”.
Finalmente, el obispo, señala que es muy importante dimensionar que “el conflicto está creciendo y el departamento es una zona estratégica para el narcotráfico y que por tanto requiere una atención especial, que no se le ha dado hasta el momento. Aquí se está concentrando el conflicto por la dimensión estratégica que tiene la región y hay que trabajar en una solución estructural para tener resultados eficaces. Hasta el momento la solución ha estado muy centrada en una respuesta de tipo militar, pero sin tener en cuenta lo social y, reconociendo que aquí hay una crisis humanitaria y social de grandes dimensiones”.
