Una masiva movilización y cese de actividades académicas por 24 horas desarrollaron 320 mil profesores de todo el país, en exigencia al cumplimiento de los acuerdos pactados hace años
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@Aurelianolatino
En Colombia es costumbre escuchar a dirigentes de organizaciones sociales decir que se necesitan tres paros para que se dé solución a un problema donde se vulneran derechos fundamentales: uno para evidenciar la situación; otro para negociar con el Gobierno o el patrón; y el tercero para que se cumpla lo pactado.
Los profesores y en general la comunidad educativa nacional no son la excepción, pues en las últimas semanas el país ha sido testigo de grandes movilizaciones para pedir financiación a la educación, que en el caso de la universitaria se haría también con recursos recaudados en la reforma tributaria del año 2016, y para la educación primaria y secundaria, con un proyecto de reforma constitucional que presentaría el Gobierno al Congreso de la República, que modificaría el Sistema General de Participaciones.
Por eso, la financiación de la educación fue el principal punto por el que 320 mil educadores de primaria y secundaria se tomaron las capitales de departamentos y marcharon en Bogotá, el pasado 23 de octubre.
Financiación
El paro había sido aprobado por la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, en su última junta nacional, en la que se había programado la toma de ciudades principales y movilizaciones en la capital del país, desde poblaciones cercanas para hacer una gran movilización que terminó con un acto político y cultural en la Plaza de Bolívar.
Los docentes en las calles le exigieron al Gobierno nacional el cumplimiento de los acuerdos, especialmente en el tema de financiación, en el que solicitaron la acordada reforma constitucional, para así evitar estar cada año pidiendo más presupuesto. Esta consiste en reformar el Sistema General de Participaciones.
“Como la pelea por la financiación de la educación es una sola lucha, apoyamos las manifestaciones de los estudiantes y de los profesores universitarios, por lo que hay que construir una mesa nacional en defensa de la educación pública estatal. Creemos que en esta debe haber estudiantes, padres de familia, profesores, sindicatos y alcaldes, porque se debe hacer una reforma constitucional, para garantizar la financiación de la educación, la salud y el agua potable”, explicó William Agudelo, presidente de la Asociación Distrital de Educadores de Bogotá, ADE.
Por lo anterior, y como avance en el proceso unitario, los miles de profesores de primaria y secundaria estuvieron acompañados de estudiantes y maestros universitarios quienes marcharon desde la Secretaría Distrital de Educación hasta la Plaza de Bolívar, donde con pancartas, danzas, disfraces, pitos y arengas le solicitaron al Gobierno de Iván Duque presupuesto para el sistema educativo en todos sus niveles: “Que no se permita que se sigan cayendo las 32 universidades públicas del país, y que se hagan las ampliaciones de las plantas profesorales que requieren tanto colegios como instituciones de educación superior y universidades”, señaló William Agudelo, quien agregó: “Siempre pedimos que se desmontara el programa Ser Pilo Paga y apoyamos los diez puntos que planteó el movimiento estudiantil universitario. Por eso los profesores marchamos, aunque también para pedir que este Gobierno cumpla los acuerdos firmados en los años 2015 y 2017, ya que ni siquiera eso ha hecho, estos han sido vulnerados y no nos dan respuesta, deben respetarlos ya que no firmamos con un Gobierno, sino con un Estado”.
Otros temas
Por su parte, Fecode explicó otros puntos que motivaron la masiva movilización del pasado 23 de octubre: “Ante el incumplimiento preocupa el pésimo servicio de salud, que cada vez está más deteriorado. Los sindicatos regionales reportan que hasta las citas de medicina general son negadas; ni el Ministerio de Educación ni la Fiduprevisora ejercen su labor para garantizar que las entidades prestadoras cumplan con los términos de los contratos.
“Fecode viene desarrollando con el Mineducación diálogos sobre la convocatoria a la tercera cohorte y el curso de formación para el 12% de los docentes inscritos a la segunda cohorte de la Evaluación con Carácter Diagnóstica Formativa. Aunque hay avances, hace falta que se emitan los decretos correspondientes, pues ambas convocatorias deben iniciar en este año 2018. En ese mismo orden, están casi todos los acuerdos, en dilación o sin cumplimiento.
“El retiro del proyecto de ley 057 por parte del Gobierno nacional en el Congreso de la República fue un logro, pero no garantiza que el mismo Gobierno decida implementar por otras vías las políticas planteadas en este documento, las cuales serían nefastas para la educación pública y los docentes del país”.
