Alfonso Conde
Se multiplican las protestas sociales. Todavía en medio de la movilización del magisterio y de sectores importantes de los trabajadores estatales y sin resolverse el paro cívico de Buenaventura, todo el país hierve por el cúmulo de necesidades insatisfechas. Hasta hace pocos años la protesta, exceptuando tal vez la campesina e indígena, era en tono menor; el temor se había superpuesto a la necesidad de la expresión general del descontento. Hoy, si bien no ha desaparecido la represión oficial ni la acción criminal de los desgraciadamente infaltables generadores de la violencia antipopular, el nuevo ambiente construido por el acuerdo de paz FARC – Gobierno y el inicio de las conversaciones con el ELN comienza a abrir las compuertas del descontento y su expresión masiva se presenta ahora con mayor decisión.
Una de las causas cercanas de la movilización actual se remonta a medidas gubernamentales adoptadas en 2001, con Pastrana presidente y Santos ministro de Hacienda, profundizadas luego en 2008 por el presidente Uribe, única voz del actual Centro Democrático. En ese tiempo, con el fin de favorecer al sector financiero y garantizar el pago de los servicios de la deuda pública se decidió uno de los múltiples cambios de la Constitución del 91: se redujeron drásticamente las transferencias a las regiones con destino específico a la educación (50%), la salud (30%) y el saneamiento básico, aporte que debería conducir a la satisfacción de derechos elementales de todos los ciudadanos. La medida, que se aprobó en 2001 con carácter transitorio (por ocho años), se hizo después eterna bajo la administración de Uribe y se terminó de agravar con el sambenito de la regla fiscal. Sin duda, las cifras multibillonarias dejadas de recibir en estos quince años habrían permitido la construcción de escuelas y colegios públicos y los hospitales y sistemas de acueductos y alcantarillado de muchos municipios colombianos, incluidos los del Chocó, Buenaventura, Tumaco, muchas regiones guajiras y tantas poblaciones abandonadas que también son Colombia. El aporte permanente ordenado por la Constitución del 91 habría permitido también el sostenimiento de dichos servicios de manera que su ausencia o deficiencia de hoy no serían motivaciones de la movilización actual. Y todo por satisfacer la voracidad de los parásitos financieros que se lucran con las necesidades de la población.
Santos ha querido salvarse para la historia con la firma del acuerdo de paz, pero ha sido incapaz de solucionar los problemas que él mismo generó para favorecer al sector que representa desde el gobierno: el financiero. La presión debe continuar.
