Con el argumento de la ausencia de recursos, el Gobierno nacional incumple acuerdos con trabajadores. Miles de ellos entran en cese de actividades en todo el país para exigir dignidad en las condiciones laborales y recursos para que las instituciones públicas sean más eficientes
Las comunidades, los sindicatos y los campesinos colombianos, ya están acostumbrados a que para exigir el cumplimiento de los más básicos derechos, deban hacer una manifestación de protesta, una marcha o un paro, muchas veces con bloqueo de vías. Sin embargo, estas medidas nunca son suficientes. Poco tiempo después de haber llegado a un acuerdo con el patrono –en el ámbito privado u oficial-, comienza un malestar al ver el incumplimiento de lo pactado, y ante los oídos sordos a los reclamos, empiezan a ver la necesidad de nuevas manifestaciones de protesta.
Ya es costumbre decir que se necesita un paro para que los escuchen, otro para poder negociar y otro para que se cumpla lo que se había negociado.
Es este el contexto en el que desde el 28 de febrero pasado, fueron radicados los pliegos estatales por parte de las tres principales centrales obreras CUT, CTC y CGT, y sus federaciones, para la búsqueda de nuevas garantías laborales y sindicales de los trabajadores del Estado, en los próximos años.
Pero el problema de estos funcionarios se ha venido agudizando en la medida que los conflictos laborales en varias instituciones estatales, se han recrudecido por la aplicación del modelo económico, por parte del Gobierno nacional. Además, por los incumplimientos de acuerdos de negociaciones anteriores como las de los años 2012 y 2013, relacionados con la formalización de plantas; punto de importancia si se tiene en cuenta que alrededor de 500 mil de ellos son subcontratados, temporales y solamente tres mil han sido formalizados.
“En el tema económico el Gobierno nacional, justificándose en el déficit fiscal, en la crisis económica, manifiesta que el incremento salarial sería sólo el IPC más 0,15. Lo cual es una ofensa porque no significaría más de 70 pesos diarios de incremento”, explica el negociador por la CUT, Alberto Vanegas, quien agrega que el argumento del Gobierno para incumplir y seguir negando derechos, es la falta de presupuesto.
La ausencia de soluciones hizo que los dirigentes sindicales convocaran a una toma de Bogotá y de ciudades capitales de departamento, para el pasado 16 de mayo, día en el que inició el paro de los trabajadores oficiales.
William Reyes, dirigente nacional de Fenaltrase, fue enfático en afirmar que están en paro nacional por salarios dignos con incrementos justos, ya que el promedio salarial de estos funcionarios es de un millón de pesos; estabilidad laboral con contratación directa; y, que se reconozca el sistema de mérito para los trabajadores inscritos en carrera administrativa, ante al arrasamiento de la meritocracia por parte de las plantas paralelas en el sector público.
Maestros
A su vez, William Agudelo, presidente de la Asociación Distrital de Educadores, ADE, explicó que los maestros del país iniciaron el cese de sus actividades para exigirle al presidente Juan Manuel Santos y a su ministra de Educación, Yaneth Giha, que cumplan los acuerdos del año 2015. Además, que dé respuesta al pliego de peticiones de la Federación Colombiana de Educadores, Fecode. El docente bogotano también denunció la manera como se implementa la jornada única, sin las más mínimas condiciones para los estudiantes y para los docentes.
Salud
Los trabajadores de diferentes hospitales del país, desde el 11 de mayo hicieron plantones y asambleas permanentes, pero desde el 16 se instalaron frente al Ministerio de Salud para ambientar un cese de actividades y que se den soluciones a los problemas de este sector, que no son meramente laborales, pues es el más corrupto del país. “La pérdida anual por corrupción es de 7,5 billones de pesos”, anotó el presidente nacional de Anthoc, Yesid Camacho, quien además dijo que la problemática de la salud en cuanto a relaciones laborales, se evidencia al ver que de 280 mil trabajadores, sólo 45 mil hacen parte de las plantas de personal. El resto son contratistas.
Petroleros
Directivos de la Unión Sindical Obrera, USO, explicaron que desde el 17 de mayo, con las comunidades iniciarían una serie de movilizaciones en diferentes partes del país para presionar soluciones en materia laboral y de política petrolera. Estos trabajadores denuncian que la dirección de Ecopetrol incumple la convención colectiva al entregarle la salud a una IPS por lo que van varios días de cese de actividades en Tibú, Norte de Santander.
Pero rechazan la pretensión del presidente de la estatal petrolera, Juan Carlos Echeverry, de incluir el fracking que acabará con ecosistemas. Asimismo, se oponen a la chatarrización de la Refinería de Barrancabermeja, lo que acabaría con un activo de la nación. Ante esto, tenían planeado participar con todo el pueblo barramejo de una movilización que le exigiría al Gobierno nacional cumplir con el proyecto de modernización de esa refinería. Por último, se oponen a la venta de activos de la empresa, lo que haría un irrecuperable daño al patrimonio de todos los colombianos.
La justicia sin recursos
Diego Escobar, vicepresidente de Asonal Judicial Nacional, explicó el porqué junto con otras 15 organizaciones sindicales de la rama judicial, con presencia en el Consejo Superior de la Judicatura, el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Inpec, y la Procuraduría, participan en las manifestaciones.
“Entramos a paro por la ineficiencia del Gobierno para solucionar los problemas de cada una de las entidades. Desde 2013, el Estado se comprometió a solucionar los problemas de la planta de personal en nueve instituciones y eso no lo ha hecho. Nos han dicho que tienen 350 mil contratistas y en los gobiernos de Santos sólo se han nombrado 23.700, lo que demuestra la paquidermia del Estado, demuestra la corrupción y politiquería”.
Pero estos funcionarios también piden presupuesto para estas instituciones, pues aseguran que no hay insumos y recursos para atender de manera óptima: “En 2014 el Gobierno se comprometió con el nombramiento de tres mil personas en la Fiscalía y eso no lo ha hecho. En Medicina Legal tenemos un rezago de 750 y están anunciando dos unidades más que requieren 250 trabajadores. En tribunales y juzgados también hay un déficit en la planta de personal”, anota el dirigente sindical, quien tampoco cree que no haya recursos para solucionar esta problemática.
Plata sí hay
Por su parte, en un comunicado la CUT expresó su apoyo a los paros estatal y de docentes: “Frente a todos los estragos de la regresiva política económica, social y laboral del Gobierno, hay una amplia expresión de descontento que se materializa en el paro cívico en el Chocó, el paro de los taxistas en todo el país, el paro cívico en Buenaventura, la movilización ciudadana en Barrancabermeja y las exigencias de los ciudadanos bogotanos que reclaman la revocatoria del Alcalde Peñalosa.
“A ello se suma el paro nacional del magisterio ante la negativa del Gobierno y el Ministerio de Educación, a sus demandas tanto en materia educativa como de reivindicación económica para los docentes”.
El común denominador en las negociaciones entre los representantes del Gobierno nacional y los representantes de los trabajadores, es el argumento de que no hay dinero para lresolver las peticiones. Sobre el particular, VOZ consultó con el economista, profesor universitario y analista, Nelson Fajardo.
“Esto está inundado de plata. Todos sabemos de donde vienen esos recursos. Es completamente equivocado pensar que el país no tiene liquidez. Gracias a varios elementos de la economía, el Estado colombiano tiene gran capacidad de liquidez, pero eso hay que distribuirlo y redistribuirlo, y hay una mala redistribución del ingreso en Colombia. El Estado dice que no tiene dinero porque el proceso de paz sólo con las FARC costará cerca de 160 billones de pesos”.
El Gobierno argumenta que los recursos del Estado han sido afectados por la caída de los precios del crudo en el ámbito internacional, que aunque es cierto, para el profesor Fajardo hay otras explicaciones: “La evasión de impuestos por parte de muchas grandes empresas es un hecho permanente que también afecta, pero esos recursos vienen siendo compensados con el lavado de dólares; aquí está entrando mucha plata y falta mucha por entrar. El país cuenta con un Estado que tiene una buena capacidad de financiación”.
El problema que enfrenta por estos días la sociedad colombiana, el cese de actividades de miles de trabajadores por falta de recursos para infraestructura y salarios dignos, puede solucionarse con otras maneras de gravar. “Hay que sacar el dinero de los grandes capitales, es que toda la tributación se desarrolla en favor del capital, golpeando a los sectores populares con impuestos como el IVA, pero ¿dónde está el impuesto a las rentas y a las ganancias? Es un momento propicio para que la población se movilice exigiéndole cambios al Estado, ojalá los sindicatos salgan del adormecimiento y se movilicen para obtener los recursos que le den la paz al país”, concluyó Nelson Fajardo.
