Aunque desde su fundación el Partido Comunista no contó con garantías democráticas para el desarrollo de su actividad, a partir de la segunda mitad del siglo XX la persecución que afrontó fue abierta y sistemática
Grupo de Investigación Histórica
En 1946 los conservadores lograron la victoria en las elecciones presidenciales aprovechando la división liberal. Con el gobierno de Mariano Ospina Pérez, representante de los intereses cafeteros y de los industriales más retardatarios, el país comenzó a sumirse en una ola de violencia contra los sectores populares instigada por el Estado, la cual empeoró con el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán el 9 de abril de 1948.
Tras la muerte del caudillo popular se acentuaron las restricciones a los derechos civiles, se instauró la censura a la prensa y se dio rienda suelta al terror en el campo. Mientras tanto, el gobierno iba depurando a la policía y el ejército de oficiales que no mostraran deferencia con el conservatismo. Se estaban preparando las condiciones para un golpe de Estado de modalidad constitucional.
Dictadura conservadora
El golpe se consumó en noviembre de 1949, cuando Ospina declaró el estado de sitio y cerró el congreso -donde había mayoría liberal-, las asambleas departamentales y los concejos municipales. Desde entonces y hasta 1958, el poder ejecutivo -que estuvo en manos de los conservadores Laureano Gómez, Rafael Urdaneta y Gustavo Rojas- gobernó controlando férreamente a los poderes legislativo y judicial, instaurándose un régimen dictatorial de casi una década.
Esta arremetida oficial contra los sectores populares se dio en medio del inicio de la Guerra Fría, que significó la alineación de las oligarquías latinoamericanas con los intereses imperialistas estadounidenses, y la introducción de la doctrina del enemigo interno sustentada en la lucha contra el comunismo.
La desintegración del movimiento sindical clasista
El punto de inflexión fue 1946. Aquel año surgió la Unión de Trabajadores de Colombia, UTC, central sindical creada con el apoyo de los jesuitas, en la que confluyeron la Unión de Trabajadores de Boyacá, Utrabo, la Federación Agraria Nacional, Fanal, la Federación de Mineros de Cundinamarca, Fedimi, y la Unión de Trabajadores de Antioquia, Ultran, federaciones lideradas por sindicalistas formados por la Coordinación de Acción Social Católica.
El presidente Ospina se valió de la UTC para romper la unidad sindical: le otorgó la personería jurídica a la nueva central y eliminó la prohibición del paralelismo sindical para minar el accionar de la CTC. La UTC correspondió al gobierno ayudando a romper los paros que se preparaban en 1947 y 1949.
Pero el liberalismo también hizo su aporte en el deterioro de la CTC, al promover el inmovilismo y la división. En 1949 la Central no se solidarizó con las huelgas de taxistas y de trabajadores bananeros, y abandonó la lucha por el aumento de salarios. Y la división interna estalló en 1950 durante el X Congreso, cuando los representantes liberales excluyeron a los comunistas de la dirección de la Central -incluso haciendo uso de la policía para evitar que los representantes no liberales participaran de la toma de decisiones-, y promoviendo la ruptura de relaciones con la Federación Sindical Mundial y la Confederación de Trabajadores de América Latina.
Este punto correspondía a la exigencia de los Estados Unidos a Lleras Camargo de eliminar la influencia comunista en la CTC y de integrar a la organización a las federaciones mundiales proimperialistas.
La resistencia armada
Como respuesta a la violencia oficial, en diversas regiones del país el campesinado, de forma espontánea se volcó a la resistencia armada. Ante la violencia oficial el Partido Comunista formuló la política de autodefensa y resistencia de masas en el XIII Pleno de 1950.
La violencia oficial llevaba primero al desconcierto y la huida de los campesinos, pero se fueron generando en algunas regiones grupos armados para defender sus vidas. Así surgieron grupos en zonas como Boyacá, Sumapaz, el Tolima, Santander y Antioquia. Y desde 1948 en el occidente boyacense y los Llanos Orientales operaban guerrillas liberales que tomaban acciones ofensivas.
La resistencia comunista se concentró en el sur del Tolima y Sumapaz. Confluyeron campesinos liberales afines al directorio liberal, gaitanistas, y comunistas. Los primeros esperaron orientaciones del directorio liberal, pero este les dio la espalda, lo cual generó una radicalización y un mayor acercamiento a los comunistas. En el Tolima la resistencia armada, protagonizada principalmente por trabajadores de las haciendas cafeteras y colonos que venían de luchas recientes por la tierra, tomó allí rápidamente la forma guerrillera.
La política de Frente Democrático
En 1952 se realizó en la clandestinidad el VII Congreso. En este encuentro los comunistas sopesaron la lucha armada en relación al desenvolvimiento del gobierno de Laureano Gómez y su encargado Rafael Urdaneta. Descartaron que un golpe militar pudiera significar la superación del conflicto. Se insistió en mantener la resistencia armada, pero que esta no debía significar el abandono de la actividad urbana, la organización política y la educación. Se planteó la necesidad de construir un Frente Democrático, que impulsaría la construcción de organizaciones lideradas por el proletariado y estimulando la resistencia campesina.
La política del Frente Democrático permitió que Viotá, Cundinamarca, zona de fuerte influencia comunista, se mantuviera al margen de la violencia. A pesar de que se presentaron actos de represión estatal, sobre todo en 1953 con la detención y judicialización de numerosos comunistas entre los que se contaba Gilberto Vieira, los dirigentes campesinos de la región lograron convencer a los hacendados de hacer frente común para evitar la violencia, pues a los grandes dueños de tierras también los perjudicaría.
De igual forma, el Frente Democrático también impulsó el accionar de los comunistas, provenientes de Chaparral, entre el campesinado liberal de Sumapaz y en particular de Villarrica. Los comunistas, que hablaban de mejorar los precios del café, del acceso a la tierra y del mejoramiento de los servicios de salubridad, tuvieron buena acogida en estas zonas, lo que desató la ofensiva de los militares en el poder desde junio de 1953 con el general Rojas Pinilla.
El regreso a la “democracia”
El Partido Comunista fue ilegalizado por el dictador Rojas Pinilla en 1954, con el apoyo de caracterizados dirigentes conservadores y liberales en la Constituyente de bolsillo por él convocada para erigir una nueva institucionalidad.
Estalló entonces la llamada Guerra de Villarrica: inicialmente los campesinos libraron una guerra de “defensa de posiciones” frente a la descomunal ofensiva militar, y al final organizaron el éxodo de la población y columnas de marcha hacia regiones de colonización conocidas luego como Marquetalia, Pato, Riochiquito y Guayabero.
Estos grupos cesaron acciones armadas ante la caída de Rojas Pinilla, que se dio por medio de un acuerdo de liberales y conservadores para salir de la dictadura militar, conocido como el Frente Nacional.
Con la caída de la dictadura militar y la derogación de sus decretos, el Partido Comunista recobra su legalidad, pero a la vez el llamado Frente Nacional le negaba su derecho a elegir candidatos a los cargos públicos, pues establecía que estos solo podían ser ocupados por liberales y conservadores de manera paritaria, y la Presidencia de la República sería alternada entre las dos colectividades. A esta negación del libre juego de los partidos, y al recurrente estado de sitio, que suspende las garantías democráticas, llamó la historiografía oficial: el regreso a la “democracia”.
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