La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, reconoció que esta organización política fue víctima de múltiples agresiones durante el conflicto armado, puntualmente entre 1958 y 2016, años en los que fueron afectados al menos 1.200 de sus integrantes
Carolina Tejada
@carolltejada
Según la JEP, este reconocimiento se da luego de que el Partido Comunista Colombiano demostró que sufrió hechos victimizantes durante el conflicto armado, en el marco del caso 06, que corresponde al genocidio de la Unión Patriótica, agrupación de la cual hace parte el PCC: ‘Victimización de miembros de la Unión Patriótica por parte de agentes del Estado’. Estos hechos fueron relatados en un informe entregado por el PCC a la Sala de Reconocimiento, ‘Banderas Rojas en Vuelo Libertario’.
Para Jaime Caycedo, Secretario General del PCC, esta es una decisión importante y valerosa y es producto también, de los compromisos del acuerdo de paz. “Es una justicia que tiene que valorar desde el ángulo histórico y político las causas esenciales de las que se ha valido el sistema dominante para establecer el genocidio como una modalidad de la dominación. El caso del PCC tiene, en ese sentido, un valor esencial para la sociedad colombiana en su conjunto, para la valoración del estado de cosas que estamos viviendo y que es necesario superar para siempre, sin rezagos ni excepciones”.
Caicedo, comenta que, en este contexto; “seguimos esperando las voces sensatas y autocríticas que puedan existir entre las fuerzas militares para que reflexionen sobre el papel al que los han sometido a lo largo de los regímenes políticos de la derecha y la extrema derecha, para defender intereses particulares. El régimen le tiene pánico a la verdad y por eso quiere hacer desaparecer la JEP.
Tres generaciones desaparecidas
Se habla de 100 casos representativos de la violencia contra el partido y un universo de 1.200 víctimas en un período de 58 años. Este genocidio político, continuado y extendido, como lo ha calificado el PCC, es una manera de destruir la democracia.
Ese periodo de tiempo, relata Caycedo, “abarca por lo menos tres generaciones”. Recuerda algunos nombres de quienes, en el marco del conflicto, les arrebataron la vida y hacen parte de los casos planteados a la JEP, entre esas personas se encuentran; Pablo Caicedo, Jorge Humberto Caballero, Norma Patricia Galeano, Enrique Mesa, José Miller Chacón, Pedro Pablo Bello, Julio Poveda, Hernando Gutiérrez, José Antequera, Carlos Bernal, Josué Cavanzo o Guillermo Rivera Fúquene, entre otras.
Varias de estas personas fueron destacadas en la dirigencia de la Juventud Comunista, María Arango, por ejemplo, “quien fue una destacada dirigente y elegida, en el marco de unas jornadas particulares de agitación de la UN, como reina del estudiantado. O el poeta Tirso Vélez, quien fue alcalde de la ciudad de Tibú, en el Norte de Santander”. Parte de la militancia fue asesinada solo a título de integrantes del Partido o de la JUCO, otros como “Josué Cavanzo, en Cimitarra y Javier Baquero, en Yacopí, lo fueron como concejales de la Unión Nacional de Oposición, UNO, o parlamentarios de la Unión Patriótica, en el caso de Leonardo Posada o diputados como Gabriel Jaime Santamaría, en la Asamblea de Antioquia o Carlos Kovacs en la Asamblea del Meta”.
Otro de los casos, recuerda Caycedo, es el de Darío Arango, quien era “concejal de la UNO en Puerto Berrío, y murió en medio de la tortura ejecutada por el batallón del Ejército de esa ciudad, en 1980. Todos y todas ellas murieron defendiendo un proyecto de nueva sociedad”.
El anticomunismo
“El anticomunismo ha sido el pretexto y la ideología del exterminio, su última ratio. Por eso hemos señalado está modalidad como un genocidio anticomunista de carácter político, continuado y extendido” y estratégico, acentúa Caycedo, porque ha sido un componente de la dominación histórica de quienes han gobernado en el país, “con variantes de origen en los prejuicios de clase de la burguesía temprana pero prioritariamente de origen religioso católico, vinculado al compromiso transnacional que implicó el Concordato de 1887 con el Vaticano y la subordinación del aparato educativo nacional a la influencia ideológica conservadora y semi fascista de ese Estado, especialmente en el periodo de entreguerras y, por lo menos, hasta la finalización del papado de Pio XII”.
Hay otro anticomunismo institucionalizado a lo largo de los años 20 del siglo XX, que tuvo, según Caycedo, “su más clásica expresión en la Ley Heroica de 1928 y la masacre de las bananeras. Pero el anticomunismo más cruel es el que podemos denominar geopolítico, impuesto a Colombia en el contexto de la Guerra Fría, a partir del “Bogotazo” del 9 de abril de 1948 y del envío de tropas a combatir el comunismo en Corea”. El impacto de dicha guerra, ideológica e imperialista, en las fuerzas militares es el que no ha cesado.
Dentro de este recuento, asegura Caycedo, está la experiencia del Frente Nacional; “con asesoría de los Estados Unidos, hizo del Ejército Nacional un partido anticomunista en el seno del Ejecutivo y labor del “orden público”. Esta desnaturalización explica el significado de la Operación Soberanía de 1964 en Marquetalia y su violento efecto de exterminio sobre el campesinado, principalmente, en Riochiquito, El Pato y Guayabero, zonas rurales de colonización y refugio de comunidades perseguidas, con las trágicas consecuencias históricas conocidas”.
Pero en la actualidad, el anticomunismo tiene su peor expresión en el empeño uribista de legitimar las formas actuales del genocidio, lo que Caycedo denomina como; “la fábula mediática de una pretendida conspiración “castrochavista”, del presidente Maduro, de Putin y Cuba para “desestabilizar” el actual gobierno de Iván Duque”. Y así mismo, esta práctica, menciona el secretario general del PCC, “es la sublimación de la ideología nazi fascista detrás del intento de justificar los crímenes y destruir la poca democracia que resta en Colombia mediante el abuso de la fuerza policial y paramilitar contra la juventud inconforme”.
Ser comunistas en la sociedad actual
Pese a la guerra que le ha arrebatado a destacados hombres y mujeres a esta colectividad, de la justicia que llega lenta, y de la continuidad de la barbarie anticomunista, Jaime Caycedo expresa que la militancia comunista está mirando hacia el futuro. El pueblo “está rompiendo las cadenas del miedo y del terror paramilitar impuestos desde el gobierno” y ante ello, la tarea de los y las comunistas es seguir defendiendo la vida de nuevos liderazgos, entre esos los jóvenes, protagonistas de la actual lucha popular.
Caycedo, reconoce que el actual paro ha sido una gran escuela política de masas. No sólo para los jóvenes que se juegan en las primeras líneas, también para el resto de la población, y “también para las y los comunistas, que tenemos la obligación de aprender de lo nuevo, de las formas de acción que se nutren de la conciencia y del Proyecto Democrático Nacional alternativo que proponemos”.
Es en medio de este momento histórico, es donde se reafirma la tarea que desde siempre ha proyectado el PCC: la salida democrática de la crisis nacional. Luego del acuerdo de paz, que entre otros elementos trajo consigo la JEP y la Comisión de la Verdad que construye el relato sobre la historia del conflicto interno, y el presente estallido social, que pone en el centro a la población históricamente olvidada, la función es seguir construyendo “una sociedad diferente de la mano de un gobierno democrático de amplia coalición popular”.
Es allí, asegura Caycedo, donde la “juventud que está en los puntos de resistencia, tiene el derecho y la opción de ser parte gobernante en un nuevo horizonte de democracia avanzada. La fuerza del comunismo no es una fuerza externa, nace también de la vitalidad y la riqueza espiritual del pueblo en lucha”.
