Después de haber sido aprobada en primer debate en las comisiones conjuntas la reglamentación de la JEP, esta mantiene el espíritu de lo acordado en La Habana
Hernán Camacho
@camachohernan
El pasado lunes 9 de octubre, las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara aprobaron el articulado que regula la Justicia Especial de Paz. En una maratónica jornada, el Congreso de la República concluyó el estudio y la aprobación de los más de 120 artículos que le darán vida a la Justicia transicional aplicada a todos los actores del conflicto armado.
Aun cuando a las comisiones no asistieron las bancadas del Centro Democrático y del partido Cambio Radical, luego de presentar 19 modificaciones sustanciales que no tuvieron éxito, primó la voluntad de la bancada de la paz en la que se incluyen algunos congresistas verdes, conservadores, liberales y del Polo Democrático, para sacar adelante los artículos que en su generalidad conservan la naturaleza de la JEP.
Un momento tenso se vivió en el debate. La presentación y casi aprobación de las propuestas de adición hechas desde la Fiscalía General de la Nación y acompañadas por algunos congresistas del Partido Verde como Angélica Lozano y Claudia López, que pretendían negar la participación política de la dirigencia de las FARC, mientras esta estuviera afrontando procesos en la Justicia Especial de Paz. Propuestas que han sido la bandera de batalla de la extrema derecha, por el temor que les representa las FARC en la arena política.
Finalmente, el artículo debatido no se pudo modificar quedando así: “La imposición de cualquier sanción en la JEP no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política”.
“Desde Voces de Paz no dejamos de insistir en que las proposiciones incluidas por la Fiscalía General de la Nación, no corresponden con el acuerdo final de La Habana y desfiguran las competencias mismas de la JEP, que le otorgarían excesivas competencias a una incompetente justicia ordinaria. Por fortuna se logró salvar el artículo 30 que le garantiza la plena participación política a las FARC. En ese sentido es un parte positiva, pero exigimos sindéresis y sensatez al ejecutivo colombiano para sacar adelante los acuerdos de paz”, señaló Francisco Toloza, de Voces de Paz.
Así mismo, se aprobó el artículo 67 que trata de la responsabilidad de mando de los miembros de la Fuerza Pública, y se acogió lo dispuesto en el Capítulo VII del Acto Legislativo 01 de 2017, donde se señala: “Para la determinación de la responsabilidad del mando, la Jurisdicción Especial para la Paz aplicará, en el caso de los miembros de la Fuerza Pública, el Código Penal colombiano, el Derecho Internacional Humanitario como ley especial, y las reglas operacionales de la Fuerza Pública en relación con el DIH siempre que ellas no sean contrarias a la normatividad legal”.
En otra derrota para el Fiscal Néstor Humberto Martínez y su partido Cambio Radical, se convirtió la negativa de trasladarle a la Fiscalía los instrumentos técnicos probatorios de la JEP. En contravía a ello, el artículo 98 le entrega herramientas a la JEP mientras el Congreso de la República expide las normas procesales de la jurisdicción de la toma de decisiones sobre acciones probatorias que demanden los casos bajo su competencia.
“Para efecto de la práctica de pruebas, las salas de la JEP podrán limitar derechos fundamentales, con las mismas competencias de los jueces de control de garantías, podrán ordenar y practicar pruebas, tanto de oficio como a solicitud de parte y con el fin de evitar dilaciones procesales, los magistrados de la JEP podrán limitar razonablemente el principio de oralidad y determinar los casos en que prevalece el sistema escrito, entre otras”, le explicaron a VOZ expertos en el tema.
En la noche del lunes, el ejecutivo demostró que aún tiene manejo político suficiente para sacar adelante las iniciativas de paz sin que en el recinto se encuentren los partidos de extrema derecha Cambio Radical y Centro Democrático. Si se trata de voluntad política el paso siguiente es sacar adelante en plenaria la reglamentación de la JEP, sin modificaciones sustanciales y alistar el siguiente paso que son las reformas agrarias previstas en el acuerdo de paz.
