Aumenta el número de excombatientes de las FARC asesinados durante el proceso de implementación de los acuerdos, sin que existan garantías para la actividad política
Carolina Tejada
@carolltejada
Mientras cientos de exguerrilleros acuden al llamado de la paz y la reconciliación por un nuevo país, concentrándose en sus zonas en donde, como se acordó en La Habana, se iniciaría un nuevo momento, en donde la labor con el nuevo partido político concentrado en el trabajo comunitario y social se reemplaza por la lucha armada, los enemigos de la reconciliación no cesan de hacer mella y disparar contra la paz.
Siete exguerrilleros e integrantes del nuevo partido Farc, fueron asesinados el pasado domingo 15 de octubre, en San José de Tapaje, en la localidad de Isupí, en el departamento de Nariño. Según informaciones conocidas desde el ETCR “Aldemar Galán” la masacre fue perpetrada por la banda encabezada por Robinson Alirio Cuero Obando (Álvaro Galán) y Eliécer García Estupiñán (Marcos Arteaga) entre otros.
En un comunicado público, emitido desde el ETCR “Aldemar Galán”, aseguran que “ya en ocasiones anteriores estos mismos personajes, han realizado acciones hostiles contra las comunidades de las cuales hacemos parte las personas que, avanzando en el proceso de paz, honramos con los hechos la palabra empeñada. Dejamos claro que a estas bandas no se les puede llamar “disidencias”, como alegremente pretenden denominarlos los medios tradicionales de comunicación. Si fuese así estarían planteando una lucha ideológica y de cambio social equivocada o no, pero lo que hacen es arremeter con violencia desenfrenada, no contra un Estado o Gobierno, sino literalmente contra sus propios hermanos de raza y de sangre, buscando alcanzar poder local para obtener beneficios económicos particulares”.
Igualmente aseguran que estas acciones se fraguan desde quienes han rechazado el proceso y buscan desestabilizar la paz. Señalan que situaciones como estas, se habían alertado en la comisión tripartita del mecanismo de monitoreo y verificación, en donde tenía asiento una representación del gobierno, pero no hubo eco en las alertas.
En estos hechos murieron masacrados, los excombatientes de las FARC-EP:
José Miller Estupiñán Toloza (Alexis Estupiñán).
Carlos Sinisterra (Kevin González).
Édison Martínez Ordóñez (Carlos “Pescadito” Perea).
Duber Alberto Obando Vallecilla (Junior Velásquez).,
José Alfredo García Estupiñán (Bruno Suárez).
Y Johan (No se logró determinar su nombre completo).
Los militantes del nuevo partido hicieron un llamado de solidaridad, y abrazo a los familiares de sus compañeros, y afirmaron que hechos como estos no se puede permitir, “mientras intentamos a toda costa, contra viento y marea, la construcción de un escenario en el cual la lucha política se de en una atmósfera de confrontación abierta de ideas, para que el uso de las armas sea algo innecesario”.
Sobrevuelos que generan desconfianza
El 19 de octubre, a las cuatro de la tarde, desde esta misma locación, se emitió otro comunicado llamando la atención de la comunidad nacional e internacional, por la presencia de la Policía Nacional, con fuerza terrestre y helicotransportadas en el ETCR de Tumaco, sobrevolando sobre el espacio, con intención de aterrizar en la misma en momentos en los que la comunidad se encontraba en actividades deportivas.
En este comunicado, los integrantes del nuevo partido aseguran; “Quienes entraron por tierra lo hicieron con el pretexto de realizar un allanamiento y extinción de dominio, y concretar la captura de uno de los integrantes de FARC vinculado al ETCR Ariel Aldana. Este operativo policial viola los protocolos y los acuerdos firmados entre el Gobierno nacional y las FARC-EP, agravando con ello la zozobra, desconcierto y descontento que en la región vienen causando las acciones erráticos y criminales de la fuerza pública (…)”.
Igualmente, señalan que les llenan de “dudas e incertidumbres, de molestia y profunda desconfianza respecto a la suerte de nuestra integridad física y nuestra libertad, considerando los atropellos mencionados, los incumplimientos que en todo el país tiene el proceso de implementación de los Acuerdos de La Habana, los ataques del Fiscal, del Centro Democrático y hasta de sectores de lo que fuera la unidad de gobierno como ocurre con Cambio Radical”.
Finalmente, ante estos dos hechos que ponen en zozobra a los excombatientes y a la comunidad de esta zona en general, se exige que, desde el Gobierno nacional, se investiguen las acciones desmedidas en donde resultan masacrados los siete guerrilleros. También se exige la presencia del Estado con inversión para el verdadero desarrollo social, y en ese mismo sentido a que se respeten los acuerdos y protocolos y acciones de rectificación y resarcimiento que devuelvan la confianza y permitan que podamos proseguir hacia el loable objeto de la paz con justicia social que resuelva las necesidades básicas insatisfechas de las mayorías populares, respetando el derecho al trabajo, a la tranquilidad y a la dignidad de todas y todos los colombianos.
