Pietro Lora Alarcón
El último 20 de junio se realizó una nueva jornada internacional de denuncia de la situación de los refugiados en el mundo, luego del informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Acnur, que destacaba los datos de la migración forzada en el 2019.
Universalmente los refugiados están amparados por la Declaración de 1951 y el Protocolo de 1967 de la ONU. Regionalmente la Declaración de Cartagena de 1984 y el Plano de Acción de Brasilia del 2014, así como la propia Constitución, obligan al Estado colombiano a desarrollar políticas para detener la migración forzada y avanzar en la implementación de los acuerdos del 2016. Hay una relación directa entre “guerra – violación de derechos humanos – desplazamiento y refugio”.
En el caso de los colombianos, como resultado de años de encuadramiento de situaciones en los países de acogida, y aunque no es una regla, se observa una distinción entre las personas directamente amenazadas por su legítima actividad de defensa de los derechos, que se exilia porque no existen condiciones de permanecer en un país con una clase dominante intolerante, que apela a la violencia contra opositores del régimen político-económico y su cultura de exclusión y privilegios, de aquellas personas que se encontraban en situación de vulnerabilidad por vivir en una región en la cual se desarrollaron y aún se practican actividades violentas sistemáticamente.
Hay que reafirmar que en ningún caso se parte de la presunción de que el refugiado lo hace para buscar una “vida mejor” en suelo extranjero. Quien así piensa no tiene la menor idea de lo que significa ser refugiado; tampoco se puede sustentar que los refugiados no tengan compromisos con la paz y con la suerte del país. Por el contrario, Como dice Carbonari, los refugiados son víctimas que sufrieron una reducción o negación do su ser humano, de su ser ético, inviabilizados en sus proyectos de producción y reproducción de su vida material, de su identidad cultural y social, de su participación política y de su expresión como personas, y como dice Dussel, es un viviente humano con exigencias propias.
Según el informe de Acnur Colombia es el país con mayores índices de desplazamiento interno -más de ocho millones de personas- y hasta el 2019 un total de 80.694 colombianos reconocidos. Pero señala que hay 108.760 refugiados de hecho y 75.550 solicitudes siendo procesadas. Acnur solo registra 31 personas retornadas.
En Colombia la Unidad de Víctimas dice que son 25.643 los colombianos refugiados. Otros datos muestran que durante tres años se redujeron los flujos de emigración. Así, en el 2018 la diferencia entre salidas y entradas de colombianos fue de sólo 20 mil y el balance de entradas de extranjeros superó en 40 mil las salidas, o sea, en total el número de inmigrantes superó al de emigrantes.
Pero en 2019 el número de salidas superó en 243 mil el de entradas. Es decir, el año pasado los colombianos tuvieron nuevamente que huir del país. Ese es el resultado de un gobierno que no asume las acciones para avanzar en la búsqueda de la paz, sino que incentiva, por acción o por omisión, la confrontación, ocasionándose más desplazamiento y nuevas ondas de refugiados. Y con eso caen por tierra, por un lado, la idea de que el conflicto se acabó y que las víctimas pueden tranquilamente retornar al país y por el otro, que no es más necesaria la concesión del refugio a los colombianos.
Últimamente fuimos testigos del repudio del Estado para con las víctimas en el exterior. Es lamentable escuchar a los funcionarios estatales haciendo malabarismos para justificar lo injustificable: que el (des) gobierno renunció a implementar el derecho a la paz. Y pasamos algo que mi abuela llamaba de “vergüenza ajena”, cuando constatamos no solo su precariedad técnica en términos de legislación y Derecho Internacional, sino la carencia de un mínimo de consideración para con connacionales expuestos en aeropuertos en medio de la crisis sanitaria, a quienes ofrecían “pasajes humanitarios” a 800 dólares.
Las víctimas del conflicto son una realidad visible fuera de las fronteras y actores fundamentales para construir la paz. Lo peor es que en algunos casos las condiciones de persecución se repiten en países de acogida, además de ya haber sido denunciadas acciones de vigilancia estatal para desprestigiar su actividad de denuncia de la grave situación de Colombia. Hay que decir claramente: la lucha de las víctimas y los refugiados colombianos es la lucha por la paz y la dignidad.
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