“Los campesinos y campesinas nos identificamos por ser las personas que trabajamos la tierra, produciendo los alimentos sanos para consumo de la sociedad; conocemos a la naturaleza y respetamos el medio ambiente porque nos brinda los recursos que necesitamos para vivir”: Congreso Agrario-Región Centro
Nury Martínez Silva – Fensuagro
Al hablar de las consecuencias por las pérdidas de las cosechas para el campesino y campesina, vemos como se profundiza la pobreza, que ya afecta la economía de los hogares rurales, teniendo en cuenta que sus familias trabajan, invierten, se endeudan para cultivar y el único ingreso que puedan obtener es con la venta de su producción.
Son varias las causas de fenómenos como el clima (inundaciones, falta de lluvia, heladas), la comercialización (no le compran toda su cosecha o se la compran muy barata), no tienen como sacar la producción a los centros poblados para su venta, entre otras. Ante esto no hay un solo incentivo por parte del Gobierno, ni subsidio que pueda mejorar esta situación.
Sin embargo, la principal causa de esta situación tiene ver con el modelo alimentario que existe en Colombia y que ha sido impuesto por el sistema capitalista a través de organismos como el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio.
La orientación neoliberal
En la agenda agraria del Banco Mundial, BM, se promueve el libre mercado de tierras, el agua y las semillas para el aumento de inversiones en nombre de garantizar la “seguridad alimentaria, combatir la pobreza o luchar contra el hambre”.
Desafortunadamente en Colombia los gobiernos han sido muy complacientes con estas orientaciones, con las consecuencias terribles que a través de despojos violentos aumenta la concentración de tierras en pocas manos, la subida extrema de los costos de producción, la disolución de los tejidos sociales, la pobreza, el hambre y la migración a las ciudades en búsqueda de trabajo, acelerando la pérdida de identidad del campesino y por ende aumentado la importación de alimentos traídos desde diferentes partes del mundo.
Desde milenios los pueblos tienen una diversidad cultural de conocimientos alimenticios y especies agrícolas que siguen transmitiendo como resistencia a este modelo de producción, que ve en los alimentos solamente una mercancía y, por lo tanto, como un negocio, concentrándose en pocas corporaciones transnacionales que para lograr sus objetivos acaparan grandes extensiones de tierra, poniendo en riesgo otras prácticas y conocimientos.
Aunque este modelo se vende como altamente productivo, genera hambre y daña el ecosistema, profundizando la crisis ambiental y muchas enfermedades a los consumidores, pues son producidos con agrotóxicos y ultra procesados.
El negocio de los alimentos
Nunca en la historia de la humanidad la producción de alimentos estuvo tan concentrada bajo el control de una misma matriz de producción, ni tuvieron tanto control sobre la producción y el comercio de productos alimenticios como ahora. Se estima que menos de 20 grandes empresas transnacionales tienen el control mayoritario de la producción de semillas, de insumos agrícolas y de la producción como distribución de los alimentos en todo el mundo.
En Colombia existe una política extractivista a través de los Tratados de Libre Comercio, TLC, que prioriza la concesión de terrenos a empresas multinacionales, a los monocultivos de palma de cera, caña de azúcar, pino y eucalipto, entre otros, los paquetes tecnológicos que llegaron con la revolución verde, agrotóxicos, leyes y normatividades que limitan la producción de pequeños productores, lecheros, paneleros; en contravía del interés de las comunidades campesinas, pueblos originarios y comunidades negras.
Los colombianos consumimos más de 60 millones de toneladas de alimentos y se importan 14 millones de toneladas, de las cuales la mayor cantidad es de trigo y maíz transgénico como alimento para los animales y producción de huevos, carnes, pan, cerveza, embutidos, etc. También se están importando alimentos inclusive de la canasta familiar y ultra procesados.
En tiempos de pandemia, no ha existido una respuesta del gobierno Duque para ayudar a fortalecer la economía campesina, familiar y comunitaria, si no que, por lo contrario, se han firmado decretos favoreciendo importaciones como en el TLC con Estados Unidos.
Las exigencias
Por todo lo que se ha dicho acá en Colombia, se habla de una seguridad alimentaria que no tiene en cuenta la alimentación como un derecho humano, pues se sigue viendo como mercancía sin garantizar el acceso, por el contrario, en Colombia se prefiere perder millones de toneladas de desperdicio de alimentos; mientras los y las colombianas mas empobrecidas mueren de desnutrición y hambre.
Ahora es cuando más tenemos que poner en el centro del debate el problema del acceso a los alimentos, evitar la pérdida de la cosecha de campesinos y campesinas colombianas, cambiar la forma de producción, incentivando la producción agroecológica, los mercados locales, la compra pública, garantizando el abastecimiento alimentario y fortaleciendo la económica campesina, familiar y comunitaria, en el marco del estado de emergencia económica, ambiental y alimentaria en todo el territorio nacional.
Para ello se necesita implementar la resolución 464 de diciembre del 2019 expedida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por la cual se adoptan los lineamientos estratégicos de la política pública para la agricultura campesina, familiar y comunitaria, teniendo en cuenta la participación de las organizaciones sociales que trabajan en el campo.
Sobre la soberanía alimentaria
En este sentido debemos reflexionar sobre la importancia de construir y desarrollar la soberanía alimentaria como el derecho de cada pueblo a definir sus propias políticas agropecuarias y en materia de alimentación, dar prioridad a la economía campesina, mercados locales, nacionales, y otorgar el poder al movimiento campesino, pueblos originarios, comunidades negras, la pesca artesanal y el pastoreo tradicional. Sobre todo, la soberanía alimentaria coloca la producción agrícola, la distribución y el consumo sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica.
Para lograr una verdadera movilización se requiere fortalecer la unidad: 1. Entre los campesinos y campesinas, indígenas, afrodescendientes y el movimiento popular de la ciudad, cuestionarnos de dónde vienen los alimentos, las consecuencias nefastas para la salud si se siguen consumiendo productos comestibles ultra procesados. 2. Complementarnos con el conocimiento de los campesinos y campesinas y la academia, para demostrar la importancia y la necesidad de la producción de la agricultura campesina y agroecológica, para resolver el problema de la hambruna en Colombia.
La convocatoria
En este sentido es importante tener en cuenta muchas iniciativas que contemplan organizaciones campesinas, medioambientalistas, academia, periurbanas, urbanas, entre otras como “la convocatoria por el derecho a la alimentación”, desde donde se están haciendo propuestas como que las organizaciones campesinas deben participar en igualdad de condiciones, en escenarios de análisis y toma de decisiones en torno a la gestión alimentaria teniendo en cuenta toda la cadena.
Por lo anterior, se hace un llamado al conjunto de la sociedad a reconocer la deuda histórica al movimiento campesino colombiano, sus aportes económicos, culturales y defensa de los territorios con sus relaciones y dinámicas político-organizativas; reconociendo al campesinado como sujeto de derechos en nuestro país, teniendo en cuanta la declaración universal de los derechos de los campesinos y campesinas.
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