Gabriel Ángel
@GabAngel_FARC
Los Acuerdos de Paz no se firmaron para beneficio de los ex combatientes de las FARC, sino para el mejoramiento general de las condiciones de vida, de ejercicio de la democracia y de reparación a las víctimas. El compromiso del Estado fue llevar desarrollo, trabajo, salud y educación a las comunidades rurales atrasadas, para desterrar así los cultivos de uso ilícito.
Abrir además la democracia mediante las garantías para el ejercicio político a todas las organizaciones sociales y políticas de oposición, en especial a la surgida de la firma del Acuerdo. En este se previeron mecanismos de diversa índole para proteger la vida, la integridad, la libertad. El Estado se ocuparía seriamente en acabar con las organizaciones criminales de todo tipo.
Así como en conformar un sistema integral de justicia y verdad que permita al país y al mundo conocer qué fue lo que sucedió realmente durante el conflicto y quiénes son los verdaderos responsables de ello. El gobierno de Iván Duque se niega a implementar lo firmado, aunque en público asegure cumplirlo. Su partido lo incita diariamente a ello.
Los campos se encuentran en manos de bandas criminales de toda laya, ante la mirada indiferente de las autoridades. Las masacres y los desplazamientos se repiten. Caen bajo las balas líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos, dirigentes de oposición y firmantes de la paz. El mayor enemigo del sistema integral de verdad y justicia es el Centro Democrático.
Al empezar esta nota tenía en mente los 234 excombatientes de las FARC asesinados. Mientras la escribía llegó la noticia de otro acribillado en Balboa, Cauca, y de otro más en Ciudad Yarí, en el Meta. En ese departamento, una semana atrás, asesinaron a Albeiro y a Mandela, el uno líder de reincorporación en el departamento y el otro su escolta de la Unidad Nacional de Protección.
Días atrás conocimos la noticia del cobarde asesinato de dos dirigentes de la Colombia Humana, uno en el Huila y otro en el Cauca. El exterminio sistemático de la oposición política es un hecho. Demasiados cadáveres lo evidencian. Pero el presidente Iván Duque se niega siquiera a dialogar al respecto con los indígenas, con la oposición, con los firmantes de la paz.
Tampoco toma medidas efectivas para reconocer y detener semejante desangre. Prefiere negarlo. Según su consejero para la estabilización y consolidación, el Estado no puede garantizar la vida de quienes viven en regiones alejadas. Debía reconocer que en las cercanas tampoco. La seguridad sólo existe para sus amigos potentados y su cuerda política.
Por eso los exguerrilleros firmantes de los Acuerdos de La Habana se han comprometido en una larga peregrinación a la capital del país. Desde Guajira y Putumayo, y desde Arauca y Nariño, también de las regiones centrales del país, han partido hasta Bogotá. Hablando de paz en todas las poblaciones, denunciando la complacencia de Duque con los asesinos.
Generando presión nacional e internacional para obligarlo a actuar en garantía de la vida. Llegarán a la capital a partir del 30 de octubre y se marcharán pacíficamente el 5 de noviembre. Estarán en la Plaza de Bolívar y diferentes espacios concitando solidaridad. No sólo para ellos, sino para todos aquellos que por soñar con una nación mejor y en paz son asesinados en Colombia.
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