La Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), se dirigió al gerente general del Incoder, Rey Borbón, recordándole los acuerdos, el mandato misional y el articulado de la ley que debe cumplir su organismo.
Según Anzorc, que reúne a varios procesos campesinos de todo el país, Borbón “ni siquiera da la cara”, por lo que le envió un derecho de petición el 21 de enero pasado y conocido por Prensa Rural en el que le interroga por “la ruta de cumplimiento” de los acuerdos entre ambas partes.
En concreto, los campesinos indagan por el proceso de constitución de las zonas de reserva campesina de Arauca, Catatumbo, Cauca, Güéjar-Cafre, Lozada-Guayabero y Sumapaz, regiones en las que a pesar de estar surtiéndose los requisitos de ley, se han paralizado los trámites por parte del ente gubernamental.
En la actualidad, las zonas de reserva campesina (ZRC) enfrentan una situación adversa, pues sigue vigente un veto institucional sobre esta figura: por una parte, está en curso una demanda de inconstitucionalidad sobre el articulado de la ley 160 de 1994 que le da vida jurídica. Y de otra, el actual gerente del Incoder busca desconocer los acuerdos alcanzados con el actual gobierno incumpliendo su deber de impulsar, constituir y financiar los planes de desarrollo sostenible de las ZRC del país.
Asamblea general
Esta fue la coyuntura que debió abordar la primera asamblea nacional de delegados de Anzorc, evento que se celebró el 23 y 24 de enero pasado en San Juan del Sumapaz, zona rural del Distrito Capital.
En dicha reunión se trataron temas como la estrategia política y jurídica para exigirle al gobierno nacional el cumplimiento de la ley 160 de 1994 en materia de ZRC, las propuestas para potenciar el reconocimiento de las mismas, y la construcción de estrategias de fortalecimiento nacional y regional para el 2014.
Anzorc eligió que éste territorio fuera el escenario de la asamblea “con el fin de apoyar y brindar respaldo político a los campesinos y campesinas del Sumapaz en su proceso de constitución de la Zona de Reserva Campesina en Bogotá”.
Precisamente en esta localidad debía realizarse la audiencia pública de constitución de dicha ZRC, la cual estaba proyectada para el 25 de enero, pero que fue suspendida de manera arbitraria, y unilateral por parte del Incoder, quien justificó la medida por la “situación política” de la capital, luego de que el procurador general destituyera e inhabilitara al alcalde mayor, Gustavo Petro.
