El pasado 28 de junio en la Plaza de Bolívar, cientos de bogotanos apoyaron la gestión del alcalde mayor, Gustavo Petro Urrego y rechazaron la apertura de investigaciones contra el mandatario, anunciada por la Procuraduría General de la Nación.
Un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca proferido el pasado 25 de junio autoriza al actual alcalde de Bogotá para que grafólogos escogidos por él revisen las firmas recogidas por un miembro del Partido de la U con el objetivo de convocar a la revocatoria del mandato de Petro. La revisión deberá hacerse en un tiempo de 15 días hábiles.
Durante tres meses un grupo de opositores recogieron más de 600 mil firmas, (muchas de ellas a cambio de dádivas como galletas), de las cuáles casi 300 mil fueron invalidadas.
Para los lectores de VOZ es bueno recordar que Miguel Gómez Martínez gestor de la revocatoria de Petro es sobrino de Álvaro Gómez Hurtado y defensor acérrimo de Álvaro Uribe Vélez.
Esta no es la única ocasión en que detractores de Petro y de sus políticas han querido tumbarlo. En marzo de este año el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la demanda interpuesta por el concejal Orlando Parada Díaz, que pretendía que el Consejo Nacional Electoral (CNE), revocará el acto a través del cual se inscribió Petro como candidato a la Alcaldía de la capital.
Dicho concejal en una acción popular invocó la protección de los derechos a la moralidad administrativa, ya que Petro fue condenado en 1985 por un juzgado Penal Militar por porte ilegal de armas.
