Pablo Arciniegas
Es claro que el uribismo no puede seguir ocupando la presidencia de Colombia. El gobierno de Iván Duque (como hubiera sido y será el de cualquier miembro del Centro Democrático) ha significado un atraso en temas como la paz, la política internacional, el cambio climático y la generación de empleo. Por el contrario, lo que se ha conseguido es el enriquecimiento de los que ya eran multimillonarios, de los dueños de este país.
No en vano, los bancos en Colombia facturan más de 25 mil millones de pesos por día, a pesar de la pandemia y la recesión, según la Superintendencia Financiera.
El caso es que el historiador griego Jenofonte, mucho antes de que se hubiera estudiado a fondo la lucha de clases y existieran las operaciones con el capital, ya había descrito esta forma de administración pública como plutocracia, o el gobierno de los más acaudalados, de los millonarios que tienen la influencia suficiente para corromper las leyes y la justicia en beneficio de sus fortunas. Y es un rasgo de esta forma de gobierno, que solo puede existir donde también existe la pobreza extrema.
Entonces, el presidente, en una plutocracia, no es el primer mandatario: el primer servidor público en el estricto significado de la palabra, sino el primer servidor de la élite. Haga de cuenta un Jorge Barón que media entre el pueblo sediento y los patrocinadores de las bolsas de agua, y que al mismo tiempo presenta la cara más deforme y decadente de lo que se supone es un Estado social de derecho y la democracia.
Con el Congreso pasa algo parecido, porque en vez de representar el interés político de los ciudadanos, más bien, es un instrumento del paternalismo que se practica sin escrúpulos en época electoral, pero que se le reprocha, también sin escrúpulos, a los países vecinos. El Congreso, además, opera como un mercado de franquicias de comidas rápidas, en el que Álvaro Uribe es el rey, por explotar su aval como un tipo de acreditación para todo político que, primero, es capaz de pagarlo y que, segundo, se declara a favor de lo que hagan los dueños de este país.
Agregando que en Colombia los escándalos de corrupción se premian con estadías en clubes militares, embajadas y alcaldías, y que se cayó la Ley de Garantías, es muy fácil decir que de esta situación no hay salida y que las elecciones del 2022 no tienen sentido. Pero ese juicio denota una aversión a la democracia propia del soberbio ¿O es que acaso se ha visto a un rey o un banquero (que por definición se creen dueños de la verdad) escuchando la opinión de sus súbditos?
Por si se lo preguntan, precisamente esto es lo que persigue la plutocracia: convertir al ciudadano de un sujeto de derechos a una moneda. En Colombia es más sencillo, porque gracias a la perpetua crisis y a que casi todos vivimos del diario, no hay tiempo para la participación política ni para pensar en libertades. Pero eventualmente, la tecnología, en las manos de la codicia, también borrará las fronteras y el control que ejercen los Estados y todas las instituciones en las que hoy ciegamente creemos, y en cambio empezaremos a creer en dioses a los que no les alcanza la vida para gastar su fortuna y se van de turismo espacial.
A esos dioses les pregunto, ¿Cuándo se les va a reventar el saco?
