El denominado Plan Nacional de Desarrollo ha sido caracterizado por organizaciones sociales como de recrudecimiento de políticas económicas que en nada benefician el desarrollo con equidad, por lo contrario, incrementa el subdesarrollo
Redacción Laboral
El Departamento Nacional de Planeación define el Plan Nacional de Desarrollo, PND, como la hoja de ruta que establece los objetivos de gobierno, fijando programas, inversiones y metas para el cuatrienio, que además permite evaluar sus resultados y garantiza la transparencia en el manejo del presupuesto.
Este busca alcanzar la inclusión social y productiva, a través del emprendimiento y la legalidad. Legalidad como semilla, el emprendimiento como tronco de crecimiento y la equidad como fruto, para construir el futuro de Colombia.
No obstante, según el rechazo generalizado en amplios sectores de la población y organizaciones sociales, el nombre no es más que un eufemismo si se tiene en cuenta su contenido y propuestas, por el aumento de la exclusión, el saqueo y el empobrecimiento generalizado que causará al materializarse.
Las centrales obreras, especialmente la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, fueron las primeras en advertir los nefastos daños que producirá en la economía, pero también, en las condiciones laborales de millones de trabajadores y en entidades estatales.
Contratación
En cuanto a las formas de contratación de personal, el PND permite la modalidad contractual por horas. En palabras del dirigente sindical de la CUT, Fabio Arias: “Un empleador a sabiendas que se va a ahorrar la parte de las responsabilidades de la seguridad social y el 36% de prestaciones, no dudará en cambiar contratos de trabajo de uno o más salarios mínimos, por tener trabajadores con contratos por horas. Con ello puede tener más trabajadores, pero pagando por el mismo volumen de trabajo, hasta un 36% menos.
“En conclusión, un empleador ya no tendría un trabajador con un salario mínimo de $842.000 que le costaría con el pago de la seguridad social y las prestaciones $1.280.000, sino, supongamos, dos trabajadores por horas que le costarían $414.000 por cada uno y con el pago en los Beneficios Económicos Periódicos, Beps, de $63.150 para cada uno, un pago total por los dos de $ 968.300, ahorrándose en este dos (por horas) x uno (contrato de trabajo del código) la no despreciable suma cada vez que repita el ejercicio de $ 311.700”.
El dirigente también dice que se creará el Piso Mínimo de Protección Social, lo que implica una reforma al Código Sustantivo del Trabajo, pues allí se habla de la seguridad social involucrada a un contrato de trabajo: salud, pensiones y riesgos laborales.
La U pública
En cuanto a las universidades públicas, la comunidad universitaria espera que en el PND queden aprobados los acuerdos hechos en diciembre de 2018, luego del paro nacional que duró más de dos meses.
Estos constan de incrementos presupuestales del Índice de Precios al Consumidor, IPC, más cuatro; 4,5; y 4,65, para los años 2020, 2021 y 2022, respectivamente. “También quedó el tema del Icetex, pero ahí sí tenemos un reparo, porque no aparece en la redacción en una reforma integral como se plasmó en el acuerdo. Asimismo, exigimos que quede en el articulado del plan plurianual de los gastos de inversión, la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30, para que se obligue al Gobierno a presentar una reforma sobre financiamiento de las 62 Instituciones de Educación Superior públicas; y lo relacionado con regalías y apropiación de recursos no comprometidos en vigencias anteriores para el pago de pasivos e inversión. Eso queremos que quede explícito”, explicó el presidente de la Asociación de Profesores Universitarios, ASPU, Pedro Hernández.
El SENA
Por otra parte, la principal organización de trabajadores del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, explicó que hay varios puntos del Plan del Gobierno que afectarán los recursos de esa entidad.
En términos de Sindesena, en el tema de las prácticas se reduce aún más las posibilidades de espacios laborales para estas, al ponerlos a competir con los estudiantes de postgrados.
También se creará el Sistema Nacional de Cualificaciones, que genera mezclas inconvenientes entre los objetivos, ejecuciones y criterios de evaluación entre los procesos de educación superior y la formación profesional, privilegiando la evaluación sobre la formación, afectando el presupuesto de la institución, facilitando la pérdida de las fronteras entre el Ministerio de Educación y el SENA.
Y por último, le otorgan facultades extraordinarias al Presidente de la República para suprimir fusionar o modificar entre otras, instancias de dirección, consejos y comités, así como para modificar el presupuesto de gastos de funcionamiento e inversión.
Rama Judicial
Según el Plan, el sector Justicia será objeto de una reestructuración que pasa por una reducción en el presupuesto. Pero además, se planea quitar una exención de impuestos de un sector de la rama judicial lo que ayudará a empobrecer los salarios.
Aunque uno de los acuerdos en las negociaciones de los estatales con el Gobierno nacional establece una ampliación de planta, en la rama judicial solo se benefician instituciones como Medicina Legal y el Inpec, aunque no la Fiscalía y el sector juridisccional.
“Lo que a toda hora dice la Ministra es que no hay plata y todas las propuestas nuestras cuestan, por eso las llevamos a la mesa sectorial, porque cuando las llevamos a la mesa singular, el Consejo Nacional de la Judicatura y la Fiscalía, dicen que eso compete al Gobierno nacional. Ahora las llevamos a la mesa sectorial y nos dicen que no, que eso es de la mesa central donde nos dice el Viceministro de Hacienda ‘…es que no hay plata’. Esto lleva a que no exista un acuerdo real”, comenta el presidente de Asonal Judicial, Luis Fernando Otálvaro, sobre el estado de las negociaciones que adelantan con el Gobierno.
En este sector, desde hace un largo tiempo no se han solucionado conflictos como la declaratoria de alto riesgo, pues expresan que mientras servidores de entidades como el CTI, el Inpec, las entidades de tránsito municipal tienen declaración de alto riesgo, no la hay para fiscales ni jueces penales, lo que califican como inaudito porque se enfrentan a investigaciones y juzgamiento de delincuentes, aunque sí se les da a quienes los custodian: el Inpec.
