Los subsidios económicos del Estado están lejos de contribuir a enfrentar la crisis epidemiológica en condiciones de seguridad económica y social. Miles de familias no disponen de los recursos mínimos para ello. Se ven obligadas a manifestarse en las calles para obtener recursos con el peligro que ello conlleva
Iván Posada P.
Casi la mitad de la población mundial, 3.200 millones de habitantes, se encuentran en confinamiento obligatorio para frenar el avance de la pandemia que azota a unos 160 países. La actividad económica (industrial, comercial, servicios, turismo) y social quedó paralizada. Solo está operando el sector salud, fuerza pública, transporte de carga, de alimentos y otros servicios esenciales.
Política acertada
En China, en donde aparentemente se originó el virus y que por efectos de la globalización (comercio y turismo), se expandió rápidamente al resto de países, el estado controló relativamente rápido la epidemia, tomó drásticas medidas de aislamiento, pero asegurando a la vez, las condiciones mínimas de supervivencia en esas condiciones como la alimentación y los ingresos. En tiempo record construyó hospitales para tratar a los infectados y de este modo miles de ciudadanos chinos preservaron sus vidas. Un sistema de salud centralizado con recursos y con el apoyo estatal está saliendo relativamente bien librado, con fallecimientos, claro, (cerca de tres mil), pero que con relación a la población del país (más de 1.400 millones de habitantes en 2019, Beijing, Xinhua), las redujo al mínimo. Hay detrás de esto un régimen social que cubre las necesidades básicas y cada familia cuenta con los medios básicos de subsistencia incluso en condiciones de catástrofes naturales, o epidemias como la actual.
Desprotección total
En Colombia y países de similar nivel de atraso, a tan solo un mes de aparecer la epidemia, ya aflora en toda su intensidad el conflicto socioeconómico represado de muchas décadas atrás. A nivel nacional se estableció la cuarentena obligatoria a causa de la cual cientos de familias tuvieron que resguardarse en sus residencias sin recursos para procurarse las necesidades básicas como la alimentación y los servicios públicos. De este sector hacen parte indigentes, trabajadoras sexuales, vendedores ambulantes y adultos mayores entre otros, que viven del rebusque en las calles. Muchas familias fueron desalojadas de inquilinatos que viven en la modalidad del “paga diario” y quedaron a la intemperie con hijos expuestos a contraer el virus y a su vez, a contaminar al resto de la comunidad.
Ayudas simbólicas
Con gran despliegue mediático, el presidente Duque divulgó las “importantes medidas” para apoyar a las familias de extracción popular para solventar la crisis. Estas se focalizan en mantener los apoyos económicos de “Familias en Acción”, “Jóvenes en Acción, “Adulto mayor”, la devolución del IVA a los beneficiaros del Sisbén y el nuevo programa “Ingreso Solidario” para aquellas familias no cubiertas en los anteriores planes. Mencionó las cifras totales, pero no se refirió a la ayuda que recibirá cada familia o persona porque son sumas irrisorias que apenas alcanzan para adquirir algunos artículos de primera necesidad para uno o dos días, o para cancelar un servicio público. (Ver tabla anexa). De la misma se desprende que hay unos 10, 4 millones de colombianos sin ingreso permanente y sin posibilidad de cotizar para una futura pensión.
El ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón, anunció por su lado, que se prohibían los desalojos y el incremento del canon de arrendamiento durante la emergencia, entre tanto, ya se producían los primeros desalojos de indigentes y de migrantes en el barrio Santafé de la capital.
Explosión social
En Soacha, municipio vecino de Bogotá, con un millón de habitantes, muchos de los cuales trabajan en la capital del país, su alcalde, Juan Carlos Saldarriaga, decía que la gente moriría más por el hambre que por el propio virus. Un porcentaje importante de sus habitantes trabaja como vigilantes y empleadas domésticas; otro es población desplazada de la violencia, emigrantes venezolanos, discapacitados y adultos mayores, que no cuentan con los recursos para resguardarse en sus hogares con los mínimos recursos.
Otros sectores
En la llamada clase media tampoco es que estén mejor las cosas ni mucho menos. Muchos hogares han perdido sus empleos y quedaron sin recursos para cubrir arriendos, deudas hipotecarias, alimentación, servicios públicos, mensualidades en colegios privados, etc. La única medida que ofreció la banca privada para aliviar esta situación, fue diferir en el tiempo las deudas sin condonar intereses y mucho menos capital. Esta es la situación que se replica a lo largo y ancho del país. De prolongarse el aislamiento obligatorio, la situación se tornará insostenible. Ya en las barriadas populares la gente está saliendo a las calles con el peligro de expandir aún más la contaminación a exigir recursos para la emergencia y a procurarse algún medio de subsistencia.
Desde los ministerios de Hacienda y Trabajo no existe una estrategia para preservar los empleos, condición clave para no interrumpir el ciclo económico producción-comercialización-consumo.
Política pública
El caótico manejo que le ha dado el gobierno nacional a la crisis epidemiológica recobra la validez de los cambios en la política social que necesita el país para enfrentar la actual crisis: que el estado reasuma el manejo de la salud pública como política estatal; pensión universal para todos los adultos mayores; seguro de desempleo y salario mínimo para el sector informal. Pero una de las soluciones de fondo es aplanar la curva del desempleo y la informalidad en el corto plazo.
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